Estela Ríos, Bernardo Bátiz y Celia Maya: los afines a Morena en la lista de candidatos a jueces de la presidencia

El cuadro de aspirantes a alguno de los 900 cargos judiciales que estarán en disputa en la elección judicial del próximo año sigue completándose. Ahora, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha dado a conocer cientos de nombres de personas que se han postulado a ministros de la Suprema Corte, magistrados de varios tribunales y jueces de distrito. Entre los nombres destaca el de Estela Ríos, que fue la consejera jurídica presidencial durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, así como el de Bernardo Bátiz, un abogado que ha colaborado durante más de dos décadas con el expresidente. Celia Maya, una militante de Morena, excandidata del oficialismo a la gubernatura de Querétaro, se ha anotado para magistrada del poderoso Tribunal de Disciplina, el nuevo ariete de los jueces federales. El Comité de Evaluación del Poder Judicial fue el primero en dar a conocer sus listados de aspirantes. Allí se anotaron para ministros el abogado electoral de Morena y la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero. Faltará ver qué deparan los listados del Legislativo, dominado por el oficialismo, que en cuestión de dos días registró abruptamente más de 15.000 postulaciones.

Estela Ríos tomó el relevo en la Consejería Jurídica de manos de Julio Scherer, el primer abogado de López Obrador. Desde ese cargo, Ríos participó en la confección de la reforma al Poder Judicial, que establece que todos los jueces, federales y locales, deben ser electos por voto popular. Es la segunda vez que la exconsejera intenta llegar al Supremo. En 2023, López Obrador propuso a Ríos como ministra en una terna, cuando —antes de la reforma judicial— el Senado aún tenía facultades para designar a los integrantes de la Corte. Los legisladores eligieron finalmente a Lenia Batres. Ríos intentará de nuevo conseguir el puesto, ahora por voto popular, como establece la reforma aprobada por Morena. Contará con el voto de Batres en el pleno de la Corte, instancia que debe aprobar las candidaturas finales por mayoría calificada de los ministros. La propia Batres se ha inscrito en el proceso electoral, una precaución innecesaria, pues los jueces actualmente en funciones tienen pase directo a la boleta final, siempre que aspiren al mismo cargo.

Bernardo Bátiz, de 88 años, fue fiscal de Ciudad de México durante el sexenio de López Obrador como mandatario capitalino, entre 2000 y 2006. De todas las confianzas del fundador de Morena, Bátiz estuvo a punto de convertirse en fiscal general cuando López Obrador se volvió presidente, en 2018. En su lugar el Senado eligió a Alejandro Gertz, actualmente en el cargo. Bátiz es integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), instancia que desaparecerá para dar origen al Tribunal de Disciplina y al Órgano de Administración Judicial. De hecho, la hija del litigante, Susana Bátiz Zavala, se ha anotado para ser magistrada del tribunal disciplinario, que vigilará la conducta de los jueces federales y castigará el retraso en el dictado de las sentencias.

Otro familiar de la élite política es el magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, sobrino de la ministra retirada Olga Sánchez Cordero, que tras dejar la Suprema Corte se convirtió en legisladora de Morena. El magistrado se ha inscrito en los listados para llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral. La hija de la ministra en retiro, Paula Villegas Sánchez Cordero, se postuló a su vez a la Corte, pero a través de las listas del Poder Judicial.

En el listado del Ejecutivo de aspirantes al Supremo aparecen Guillermo Valls, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Rafael Guerra, cabeza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, y Plácido Morales, procurador en la Secretaría del Trabajo en el actual sexenio. También el académico Jaime Cárdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR. Cárdenas fue aliado de muchos años de López Obrador, que lo nombró titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Estuvo en el cargo pocos meses, y lo abandonó alegando problemas de corrupción en la dependencia y la dificultad de combatirlos con eficacia.

Otro postulante a ministro es Alfredo Sánchez Castañeda, exabogado general de la UNAM, que fue removido del cargo por el cuestionado manejo del caso del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. De hecho, uno de los abogados de Esquivel, Eduardo Andrade Sánchez, es también aspirante. Otro es Juvenal Carbajal, que fue jefe de la ponencia del exministro Eduardo Medina Mora y luego de la ministra Esquivel.

En la lista aparece Fabiana Estrada Tena, que fue coordinadora de asesores del ministro en retiro Arturo Zaldívar, hoy funcionario en el Gobierno de Claudia Sheinbaum e integrante del Comité de Evaluación del Ejecutivo que elaborará las listas finales de candidatos a jueces. Otros aspirantes son Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra, ambos secretarios de la ponencia de Zaldívar mientras este fue ministro en funciones en la Corte.

José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, también figura entre los aspirantes a la Corte. El intento del PRI de imponer a Salinas como gobernador interino, en 2023, cuando Samuel García pidió licencia para contender por la presidencia provocó una crisis de altos vuelos en Nuevo León, que durante algunos días tuvo dos mandatarios.

El panista Roberto Gil Zuarth, funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, muy cercano al expresidente, se ha postulado igualmente. Lo mismo el abogado Ulrich Richter, que ganó a Google una batalla judicial tras la cual la empresa debe pagarle una indemnización de 250 millones de dólares. Otro aspirante es Ricardo Peralta, que fue subsecretario en Gobernación —donde colaboró Olga Sánchez Cordero— y después director de Aduanas. Su paso por este último cargo fue objeto de una exhaustiva investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que sospechaba de corrupción y nexos con el narcotráfico en el grupo cercano de funcionarios de Peralta.

Los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial recibieron casi 50.000 registros de postulantes a alguno de los cargos judiciales en disputa el próximo año. Varias personas registraron su aspiración al mismo tiempo en las tres aduanas. Esto no los descalifica, según ha explicado a este periódico el integrante de uno de los comités. Si son rechazados por dos comités, pero aprobados por uno, esta decisión es la que prevalecerá. Después de un proceso de cribado a cargo de los Comités de Evaluación, más un sorteo para reducir la cifra de aspirantes, 5.379 candidatos llegarán finalmente a la boleta.