Lenia Batres, la ministra fiel a la Cuarta Transformación

El último nombramiento de Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte ha sido también el más polémico. La elegida del presidente para cubrir la silla vacante que dejó Arturo Zaldívar es Lenia Batres Guadarrama. La falta de acuerdos en el Senado dejó la mesa servida para una situación inédita, por primera vez el titular del Ejecutivo designó de forma directa a una ministra, sin que mediara la ratificación de la Cámara alta. En medio de un prolongado pleito con el Poder Judicial y de reclamos de la oposición contra la concentración del poder presidencial, López Obrador se decantó por una mujer de todas sus confianzas y comprometida con su movimiento: hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres; militante de Morena, el partido gobernante, y colaboradora suya desde hace más de dos décadas. El mandatario lo anticipó durante semanas: quería a una persona leal e identificada con la Cuarta Transformación (4T), su proyecto político, en el Alto Tribunal.

El nombramiento de Batres es el último resultado de una carambola de varias bandas, que empezó hace un mes con la sorpresiva renuncia de Zaldívar y su controvertida incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum, la abanderada oficialista en las elecciones presidenciales de 2024. La aparente pérdida de uno de sus más grandes aliados en el Poder Judicial, uno de los principales contrapesos al poder del presidente, se convirtió en una oportunidad: nombrar por quinta ocasión en un solo sexenio a un nuevo integrante de la Corte. “Voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas [conservadores]”, señaló el mandatario a principios de noviembre.

El mensaje de López Obrador significó también un aviso de que las reglas del juego político habían cambiado. Además de Batres incluyó en su primera terna a Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde) e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena (Bertha Luján), y a la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos. Todos los perfiles eran cercanos a su Gobierno. Sin tapujos ni insinuaciones, el presidente quería reducir el margen de error al máximo. Batres quedó en segundo lugar, lejos de ser ratificada por la Cámara Alta en ese primer intento. Junto a Alcalde Luján, repitió en la segunda terna y fue la más votada por los senadores, pero sin los apoyos suficientes para ser ratificada. El fracaso del Legislativo dio una oportunidad única al Legislativo, con el camino despejado para la designación directa de su favorita.

“Lenia Batres cuenta con una amplia experiencia en la Administración Pública Federal y local”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Gobernación sobre la elegida, que hasta este jueves se desempeñaba como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Antes fue diputada federal, integrante del primer Consejo Nacional de Morena, asesora de López Obrador en su paso como jefe de Gobierno de la capital y brigadista del “Gobierno legítimo” instalado después de la elección de 2006. También asesoró a Claudia Sheinbaum cuando fue jefa delegacional de Tlalpan. En 2003 fue la candidata del Partido de la Revolución Democrática, formación en la que militó hasta 2013, en Benito Juárez, el principal bastión panista en Ciudad de México. “4T”, se lee todavía en su biografía de X, antes Twitter.

La genealogía política y familiar de Batres Guadarrama encendió el debate sobre la autonomía de las instituciones al poder en turno y la independencia del Poder Judicial. A diferencia de otros intentos de colocar figuras cercanas al presidente en puestos clave de la Administración Pública, como cuando se impulsó este mismo año que Alcalde Luján fuera la presidenta del Instituto Nacional Electoral, el bloque gobernante ha sido más transparente en el último nombramiento en la Corte. Los simpatizantes del Gobierno defienden que era un derecho del presidente postular a un perfil afín; argumentan que así se hacía antes y así se ha hecho siempre, y sostienen que es un signo de salud democrática ser claros al respecto.

“Tienen razón las tres están muy vinculadas a nosotros”, dijo López Obrador a finales de noviembre, “es un orgullo para mí”. El presidente dijo en esa ocasión que Batres está “desde hace años luchando por la democracia” y reconoció “también la familia” de la que proviene. “Puede haber una ministra que no sea como los demás, o dos o tres, frente a la inmensa mayoría de quienes actúan por consigna y tienen un pensamiento retrógrada”, defendió ante las críticas de la oposición.

Batres es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Derecho Penal y en Gestión Pública, y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad, según su blog personal. También tiene diplomados por la Escuela Julio Antonio Mella de La Habana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Cuando compareció ante el senado compartió la tesis de López Obrador de que el Poder Judicial necesitaba ser reformado, aseguró que el Poder Judicial se ha extralimitado en sus funciones, defendió la extinción de 13 fideicomisos impulsada por el Gobierno y dijo que está a favor de que los jueces y los ministros sean elegidos por voto de los ciudadanos. “El poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales actualmente, no son los del Gobierno y de las y los legisladores; sino el poder del mercado, que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos”, afirmó en la Cámara alta. “No tengo, tengan ustedes seguridad, ningún vínculo con esos poderes”.

Batres también negó que su cercanía con el actual Gobierno fuera un obstáculo para su candidatura. “Las relaciones que poseo no condicionarían la resolución de controversias particulares, ya que las convicciones de justicia social, de respeto a las libertades personales, de autogobierno profundo por las que he realizado funciones de gobierno, son las que sustentaría en los fallos en los que desde el Poder Judicial podría ahora participar”, agregó.

El voto de confianza del presidente parece, sin embargo, una sombra difícil de superar. El escepticismo se refuerza por las circunstancias del nombramiento: el choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo; la designación directa del presidente y sin consenso de otras fuerzas políticas; la exigencia de lealtad del propio López Obrador, y su árbol familiar, considerado como una de sus principales virtudes por quien la propuso y como su mayor pecado por quienes la rechazaron.

“La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos”, destaca este mismo jueves un comunicado de la Suprema Corte a propósito del informe anual de labores de la presidenta del tribunal, Norma Piña. Sin abandonar su papel institucional y antes de que se confirmara el nombramiento, Piña exhortó a los miembros del Poder Judicial a que “saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.

Tras la intempestiva salida de Zaldívar, la saga política entre López Obrador y la Corte continuará en febrero, cuando el Ejecutivo tiene previsto presentar una nueva reforma constitucional en línea con lo que defendió Batres en el Senado hace unos días: la elección de ministros y jueces por voto popular. En el proceso, la 4T ganó una aliada y eligió a una ministra emanada por primera vez de sus filas.

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