López Obrador insiste con una terna cuestionada para renovar la Suprema Corte
El presidente propone a la esposa de un contratista de su Gobierno y dos exmilitates de su partido para el tribunal constitucional
Conocido por su tenacidad, Andrés Manuel López Obrador ha reciclado una polémica terna de inicios de diciembre para renovar la Suprema Corte de Justicia, el tribunal constitucional mexicano. El presidente ha enviado este viernes al Congreso una lista de tres mujeres para suplir a la ministra Margarita Luna Ramos, quien ha concluido su periodo de 15 años en el pleno judicial más importante del país. Los nombres de dos de las mujeres propuestas hoy fueron desestimados por el Senado a finales de 2018 por lo que se consideró falta de objetividad. Ahora, el mandatario repite la fórmula y le ha añadido otro nombre: el de la esposa de uno de los contratistas de su Gobierno.
Loretta Ortiz y Celia Maya García son las dos abogadas que repiten en la propuesta del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ortiz es una letrada de vasta experiencia y tiene estudios de posgrados especializados en Derechos Humanos. Sin embargo, su propuesta fue criticada por la cercanía a López Obrador. A mediados de diciembre, Ortiz trató de desmarcarse de los señalamientos renunciando a su militancia en Morena, a pesar de que había ayudado a la nueva Administración a organizar los foros de pacificación. Pero el vínculo con el presidente es añejo. Fue diputada del Partido del Trabajo (2012-2015), una de las organizaciones que triunfaron en las elecciones de julio en alianza con el partido Morena. Su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, también es cercano al mandatario desde hace 19 años, cuando fue su secretario de Gobierno en Distrito Federal.
El caso de Celia Maya fue más polémico. Jueza local desde hace casi 40 años, pidió licencia de su cargo en marzo pasado para ser candidata de Morena al Senado en los comicios de julio. Esta empresa fracasó, pero meses después fue propuesta para la Corte. La defensa de su candidatura ante los senadores de la comisión de justicia fue considerada "bochornosa" y "vergonzosa" por analistas del proceso. La magistrada, que ha hecho su trayectoria judicial en el Estado de Querétaro, ni siquiera fue capaz de llenar los primeros diez minutos de exposición de motivos ante los legisladores, ante quienes debía presentar los trazos maestros de su programa de trabajo en la Corte. Maya obtuvo 0 votos en la elección de ministro el pasado 20 de diciembre. Ortiz consiguió cinco votos y Juan Luis González Alcántara Carrancá 114, para convertirse en el primer juez de la era López Obrador.
La tercera en discordia es Yasmín Esquivel Mossa, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Ciudad de México, un cargo al que llegó en 2009 propuesta por el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores de México. Abogada por la Universidad Nacional, Esquivel tiene una carrera en derecho administrativo. Sin embargo, ha sido cuestionada por estar casada con José María Riobóo, un ingeniero involucrado con el aeropuerto de Santa Lucía, el proyecto alternativo que López Obrador impulsa en una base aérea militar tras haber cancelado el aeródromo que se construía en Texcoco, a las afueras de Ciudad de México.
"El presidente pide elegir entre el partidismo y el conflicto de interés", ha opinado en Twitter el politólogo Javier Martín Reyes, un experto en los procesos de renovación de la Suprema Corte. Ximena Medellín, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha considerado la propuesta "la última burla" a la ciudadanía y al poder judicial. "Esta no es la transformación a la que se comprometieron", añadió en la misma red social.
Margarita Luna Ramos, la ministra que dejará la corte el 18 de febrero, también llegó al tribunal después de haber figurado dos veces en una terna enviada por el presidente Vicente Fox. El Congreso la descartó primero en diciembre de 2003, pero pudo conseguir la mayoría calificada necesaria a finales de febrero de 2004, respaldada por el PRI, el PRD y la mitad del PAN. En 2019, la mayoría calificada de Morena y sus aliados no tendrán problemas para imponer los designios de Palacio Nacional.
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