El capital extranjero y el aceite español
LA BATALLA desencadenada en España por una empresa francesa deseosa de controlar el mercado del aceite de oliva ha obligado a la Administración pública a plantearse la importancia de ese sector en el marco global de nuestra economía. El aceite de oliva representa por sí solo el 3,6% de nuestra producción final agraria y mueve al año, junto con el aceite de girasol, más de 125.000 millones de pesetas. El probable ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) obliga a tomar en consideración las ventajas de que disfrutarían nuestros productores en el Mercado Común, donde -según los últimos documentos de negociación (capítulo todavía abierto)- podrían conseguirse ayudas comunitarias desde el momento mismo de la adhesión, sin que se establecieran topes a la producción hasta dos años después del ingreso, en el supuesto de que nuestra incorporación no disparase los excedentes de aceite de oliva de Europa. Es posible así, que nuestros agricultores se beneficien de inmediato de unos ingresos considerablemente más altos que los actuales.Parecía extraño que una firma como Carbonell, perteneciente a uno de los grandes grupos bancarios del país, estuviese a la venta desde hace algún tiempo, pese a haber superado buena parte de las dificultades por las que había atravesado durante los pasados años. El propósito del Banco Hispano Americano de desprenderse de una empresa rentable, a la que tiene concedidos créditos por casi 9.000 millones de pesetas, tiene una explicación sencilla: se trata de la consecuencia de su nueva política gerencial, orientada a reforzar los aspectos estructuralmente financieros del banco, deshaciéndose de activos industriales, y a mejorar su liquidez. Pero sigue produciendo extrañeza que no surgiera durante ese tiempo una oferta nacional solvente para adquirir Carbonell. Sólo la operación de compra puesta en marcha por Lesieur -sociedad francesa que poseía ya el 49,9% del capital de Koipe- ha hecho recapacitar sobre la vía de agua que se abriría en nuestro mercado de aceite de oliva en el caso de que firmas extranjeras consiguieran llegar a controlar casi la mitad del sector.
El grupo francés forzó su oferta al saber que Unilever, el gigante mundial en el mercado agroalimentario y de aceites, se encontraba en avanzadas negociaciones para adquirir Carbonell. La propuesta de Lesieur -firma en la que tiene participación accionaria el Estado francés y que, según los propios medios de comunicación del país vecino, ha contado para sus gestiones con la ayuda diplomática de su Gobierno- se ha producido, sin embargo, en un mal momento psicológico, ya que la empresa francesa todavía no ha resuelto el complicado y envenenado litigio que le enfrenta con el accionariado español de Koipe. Que una firma extranjera accionista de un 49,9% de otra compañía de aceite española y metida en pleitos para lograr su pleno control aspirase al tiempo a apoderarse del ciento por ciento de Carbonell dice poco en favor del tacto de sus gestores.
El Gobierno español se ha visto enfrentado, así, con una situación peculiar. De un lado, tiende a favorecer las inversiones extranjeras en España, aunque sólo sea para devolver la confianza a los ahorradores nacionales que vacilan todavía a la hora de asumir riesgos en su propio país. Gestiones del Gobierno de París se han encargado de subrayar ante el de Madrid el agravio comparativo que representarían las trabas administrativas puestas a una empresa francesa deseosa de adquirir activos españoles. De otro lado, la aceptación de la oferta de Lesieur podría significar la pérdida de todo control sobre el mercado oleícola nacional y el riesgo de una situación casi monopólica para la fijación de los precios de compra y venta.
El Gobierno ha decidido considerar al sector aceitero como un apartado estratégico. A la sugerencia de constituir una sociedad franco-española con mayoría francesa, nuestras autoridades han respondido con la propuesta de formar una empresa de esas mismas características, pero con mayoría española. Probablemente, sin embargo, la fórmula más deseable sería la aparición de una oferta solvente de capital español. En cualquier caso, parece insensato plantearse la posibilidad de entregar nuestro sector del aceite a empresas extranjeras antes de que se produzca el ingreso de España en la CEE.
