La auditoría que hizo caer a Estapé

La causa judicial contra los rectores de Barcelona por supuesto fraude y exención ilegal se abrió en 1979, a raíz de una auditoría abierta por el Ministerio de Hacienda en las tres universidades catalanas. La investigación puso al descubierto algo habitual en los centros docentes del país, el incremento de precio de las tasas académicas y la creación de un presupuesto B como solución para las dificultades económicas. Estas medidas habían sido aconsejadas por el Ministerio de Educación y contaban con el beneplácito de la Administración.Al parecer, esta auditoría fue motivada por una pugna política entre el rector de la Universidad de Barcelona, Fabián Estapé, y la Administración central. Estapé se veía, en aquellas fechas, acosado por una huelga de personal no docente que reclamaba un fuerte incremento salarial. El rector reclamó de la Administración poder continuar cobrando estas sobretasas. La negativa provocó la caída de Estapé, el nombramiento de Manuel Jiménez de Parga como nuevo rector y la apertura de la auditoría en la que se vieron implicados los rectores Arturo Caballero, Jorge Carreras Llansana y el propio Estapé por la Universidad central, Vicente Gandía Gomar por la Autónoma y Gabriel Ferraté por la Politécnica.

La acción judicial emprendida contra los rectores de Barcelona le fue encomendada al Juzgado de Instrucción número 7, que presidía el magistrado Carlos Onecha. Éste dictó auto de procesamiento contra los rectores Gabriel Ferraté, Arturo Caballero y Vicente Villar Palasí, por fraude y cobro de sobretasas. El juez, de forma irregular, archivó el procesamiento de estos tres rectores, provocando años después la reapertura del sumario y este nuevo litigio judicial. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo, después de haber reclamado una serie de pruebas, emitió un dictamen en el que retiraba las acusaciones contra los rectores de Barcelona y recomendaba el archivo de la causa judicial.