La Audiencia de Barcelona pide a Burón que mantenga las acusaciones contra tres rectores de universidad
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado pedir al Fiscal General del Estado que mantenga las acusaciones y prosiga la investigación contra los rectores de las universidades de Barcelona, Politécnica de Cataluña y Autónoma de Barcelona por los presuntos delitos de fraude y exención ilegal, supuestamente cometidos entre 1972 y 1976 al establecer y cobrar una tasa extra de matriculación. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona se oponen de esta manera a las tesis expuestas la semana pasada por el fiscal de la causa, Carlos Jiménez Villarejo, quien retiró las acusaciones contra los rectores y reclamó el sobreseimiento del sumario por considerar que a éstos se les debía aplicar la eximente de estado de necesidad.
La petición de los magistrados Adolfo Fernández Oubiña, César Plana Saura y José Luis Barrera Cogollos se ha formulado sobre la base del artículo 644 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mencionado artículo se establece que los tribunales podrán dirigirse al Fiscal General del Estado cuando consideren improcedente la petición de un fiscal reclamando el sobreseimiento de una causa y en la misma no exista acusación particular que sostenga la acción.La solicitud de los magistrados de Barcelona, pidiendo la intervención del Fiscal General del Estado ha sido calificada en medios jurídicos de inusual. En los citados medios se asegura que el precedente más inmediato ocurrió en Barcelona hace unos 15 años, cuando otra sala reclamó la mediación del fiscal general en un sumario por presuntos malos tratos.
Los magistrados de la Sección Primera de lo Penal han razonado su petición en un auto de tres folios que fue firmado ayer. En este auto se rebaten los argumentos expuestos por el fiscal Carlos Jiménez Villarejo en el dictamen del pasado 18 de octubre, en el que retiraba las acusaciones contra los rectores, aludiendo al estado de necesidad en que se encontraban éstos, que prefirieron cobrar los citados impuestos y "lesionar un bien jurídico" para poder mantener la actividad académica en las universidades. El cobro de estas tasas ilegales supuso para las universidades de Barcelona, Politécnica de Cataluña y Autónoma de Barcelona unos ingresos extras de 404.470.278 millones de pesetas.
Aseguran los magistrados que en la actuación de los rectores no se puede aplicar la eximente de estado de necesidad puesto que en su comportamiento no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado séptimo, del Código Penal, ni los criterios adoptados recientemente por el Supremo. Los tres jueces condenan la solución adoptada por los rectores de cobrar estas sobretasas para salvaguardar la continuidad de la vida académica, puesto que consideran que el costo de esta solución recayó "sobre los hombros permanentemente agostados de los ciudadanos". Aseguran los jueces que esta falta de medios económicos en la universidad quizá se hubiera podido solventar si los rectores se hubieran enfrentado al Gobierno "con esta voz tan valiente como distante que expresa el vocablo de dimisión".
En uno de los considerandos del auto los magistrados analizan y descalifican la actuación de los rectores, asegurando que se trata de soluciones "mesiánicas". El documento, que tiene. una complicada sintaxis, dice textualmente que "si bien la elevada función docente de esta figura magnífica que es un rector de universidad, en cuanto atesora la facultad de ordenación cultural de la esperanza de los pueblos, y aún su decidida vocación de superación de problemas presupuestarios, tal vez estrictamente ajenos, provoca un hálito de agredecimiento en el acervo, lo cierto es que el endémico y paupérrimo caminar de la cultura patria no puede generar mesianismos que, superando el propio sacrificio, caigan sobre este grupo social inmenso que sueña con llegar al saber en base a la reversión de una entonces ya inquietante presión fiscal".
Unanimidad sobre Estapé
El único punto en que coinciden los magistrados y el fiscal es en el que hace referencia a Fabián Estapé, ex rector de la Universidad de Barcelona. Recogiendo la petición del fiscal, la sala ordena al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que abra un sumario contra este ex rector por un presunto delito de apropiación indebida. En este sumario el juez deberá investigar el destino que Fabián Estapé dio a 30 millones de pesetas que le fueron abonados a la universidad por la empresa TABASA, que ocupó unos terrenos de ésta para construir uno de los túneles del Tibidabo. La finca afectada, Can Mestres, situada en Cerdanyola, había sido donada a la citada universidad por el doctor Agustí Pere Pons.
Fabián Estapé ingresó esta cantidad en una cuenta a su nombre en el Banco de Huesca, constatándose que de la misma cuenta se retiraron 13 millones de pesetas con un talón nominativo del ex rector, según obra en la documentación de la causa. La pista de esta cuenta desaparece tras la absorción del Banco de Huesca por el Banco de Bilbao. Fabián Estapé fue asesor económico del antiguo propietario del Banco de Huesca, José Santacreu, quien posteriormente fundó un banco en Panamá tras la venta de su primera entidad bancaria.
