El desacuerdo de los ministros económicos y agríocolas de la CEE dificulta la sesión con España

A las divergencias concretas que aún subsisten entre España y la CEE se une la imposibilidad, por el momento, de que los Estados miembros consigan encontrar una postura uniforme para reducir el déficit presupuestario y para financiar el recorte de los excedentes de vino, lo que evidentemente paraliza el acuerdo final con España. Todo apunta a que, como mínimo, el término de las negociaciones con nuestro país tendrá que esperar hasta la nueva sesión de 22 y 23 de octubre, o, más previsiblemente, hasta la del 3 y 4 de diciembre, la última bajo presidencia irlandesa.Así, el impulso político dado en Dublín por los ministros de Asuntos Exteriores el pasado día 11 de septiembre ha vuelto a quedar paralizado por los responsables económicos de los países miembros más afectados por el ingreso español, por lo que tampoco en esta sesión de Luxemburgo se podrá presentar el paquete con todos los temas pendientes de negociación con España.

Tiempo para la ratificación

Traspasar esa fecha sin haber conseguido solventar las divergencias actuales implicaría entrar en una."Franja peligrosa" -como reconocen los propios negociadores españoles- para conseguir la ratificación del acuerdo en los diferentes parlamentos comunitarios durante el año 1985, y poder ingresar formalmente el 1 de enero de 1986.

Esta preocupación ante el retraso viene complementada además por el factor añadido de la no descartable disolución de la cámara parlamentaria en alguno de esos países y la convocatoria de elecciones anticipadas, caso de Grecia, donde están previstas para octubre.

Además de los desacuerdos específicos de España y la CEE, particularmente centrados en agricultura, aceite de oliva, desarme arancelario, reconversión siderúrgica y asuntos sociales, existe preocupación entre los negociadores españoles por los otros grandes capítulos aún sin cerrar, especialmente el de la pesca y el del vino, que presentan la dificultad complementaria de que su solución pasa por la propia reforma del acquis comunitario, es decir, de la reglamentación y funcionamiento por el que se están rigiendo hasta ahora. Esto está ocasionando fuertes enfrentamientos entre los países más afectados -en el caso del vino, fundamentalmente italianos y franceses-, que están forzando sus estrategias para conseguir las mejores contrapartidas económicas ante la reforma anunciada.

Los últimos avances

Con los últimos datos que se poseen, y a pesar de la dureza negocíadora que sigue mostrando la Comunidad, se vislumbra u,&cierto avance en el apartado del desarme arancelario que sufrirán las importaciones de productos industriales procedentes de la CEE, particularmente los que estaban gravados por altos aranceles. Tras el ofrecimiento comunitario de un período de adaptación de seis años hasta la total desaparición de esos aranceles, España ha solicitado que se amplíe a siete años y que sea lineal, es decir, que no sea más fuerte esa desaparición en los primeros años que al final, sino al revés.

Con ello se pretende evitar que el impacto que supondrá en la industria española la invasión de productos comunitarios libres de aranceles sea demasiado fuerte. El estado actual de las negociaciones permite esperar que esa progresiva desaparición de aranceles -descreste, en el complicado lenguaje comunitario- se realice en ocho tramos iguales, con una reducción del 12,5% cada vez.

Esto representaría un avance importante respecto a la declaración presentada anteriormente por la CEE, que solicitaba que esa desaparición se ralizara en siete tramos, pero con un recorte del 20% de los actuales aranceles en los dos primeros años, otro del 15% en los dos siguientes, mientras que en los tres últimos se reduciría al 10%.

Asimismo, otro capítulo que sigue inquietando a los negociadores españoles es el referente a nuestra inclusión en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), y más especialmente el que se centra en la situación en la que quedará la reconversión siderúrgica española una vez dentro de la CEE. España, tal y como exige la propia Comunidad, ya ha puesto en marcha esta reestructuración, pero desde Bruslas se quiere que las ayudas, estatales concedidas por el Gobierno español para este fin cesen en el momento de nuestro ingreso efectivo. Petición que, en opinión del equipo negociador español, supone un agravio comparativo evidente para nuestro país, puesto que en Europa esta reestructuración siderúrgica se ha iniciado hace cuatro o cinco años.

En los últimos contactos, la Comunidad había variado ligeramente su postura, admitiendo que las ayudas españolas a las empresas en reconversión continuaran durante cuatro años después del ingreso, pero a cambio imponían unas restricciones a las exportaciones de esas mismas empresas hácia los países comunitarios, algo que ocasionaría, sin duda, problemas de envergadura, con posibles repercusiones sociales importantes. Es en este punto donde reside el principal escollo de este capítulo.