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La Comisión Europea planea fijar techos de producción para evitar los excedentes de vino

Andrés Ortega

La introducción de techos de producción de vino para toda la Comunidad Económica Europea (CEE) que ayer propuso la Comisión Europea penalizaría a España, tras el ingreso, al tener unos rendisnientos más bajos que la media cqmunitaria. Pero la propuesta, siguiendo los deseos franceses, puede desbloquear el tema en las negociaciones de adhesión de España. Los ministros de Agricultura de los diez debatirán de nuevo la cuestión vinícola este fin de semana en Killarney (Irlanda), en el curso de una reunión informa¡, con vistas a incorporar este punto en el paquete que la CEE intenta preparar para la sesión de negociación con España del 2 de octubre.La Comisión, órgano ejecutivo, pero no decisorio, de la CEE propone fijar un, umbral de garantía de 100 millones de hectólitros anuales de vino de mesa para los diez. Rebasado este techo, al principio de cada campaña el resto del vino producido tendría que ser obligatoriamente destilado, a un precio entre un 70% y un 50% -según se trate de cepas con rendimientos más o menos elevados- más bajo que el precio de orientación que garantiza la CEE.

Se trata de una medida para disuadir la producción de excedentes, pues los productores perderían dinero con la destilación obligatoria. Mientras la CEE, sumando exportaciones y consumo interno, sólo encuentra salida para 95 millones de hectólitros de su vino de mesa -y esta cantidad se reduce de año en año-, la producción total de vino de mesa fue de 117 hectólitros en 1983.

Italia se opone en principio, aunque parece improbable que este país pueda mantener a la vez la defensa de su posición en el tema vínícola y en el del aceite de oliva. La nueva aportación de la Comisión parece dictada por Francia. París plantea la reforma del régimen vitivinícola de la CEE como "cuestión previa" para negociar con España.

Las nuevas propuestas vienen a complementar a las que, la Comisión hizo en julio, abogando por una congelación de los precios de estos vinos de baja calidad, primas para arranque y abandono del cultivo de viñas, prohibición de nuevas plantaciones, y uso más moderado del azúcar para enriquecer el vino. Esto en lo que se refierea los vinos del mesa. Para los vinos de calidad -o de denominación de origen-, la Comisión propuso limitar a 100 hectólitros por hectárea su producción.

Prohibir la exportación

Estas propuestas y sus cantidades son válidas para los diez. Por el momento, la Comisión no modifica lo que propuso en la primavera pasada para el caso español. España produce, dependiendo de los años, unos 25 millones de hectólitros -de los que cinco millones son excedentes- anuales de vino de mesa, que una vez producido el ingreso en la CEE podrían competir directamente con los vinos italianos y franceses.

Naturalemente, la cifra total de 100 millones de hectólitros habrá, de revisarse al alza con la adhesión de España y Portugal. Pero si lo que se congela es el rendimiento, España, además de arrancar viñas como el resto de la CEE -según un sistema por el que el Estado español tendría que aportar una cantidad mayor que la que le corresponderá pagar a la Comunidad en esta operación-, se vería perjudicada al ser su rendimiento medio (unos 20 o 30 hectólitros por hectárea) menos de la mitad de la media de los diez.

Al no modificar su propuesta sobre España, la Comisión mantiene la idea de prohibir la exportación de vino español -principalmente blanco- mezclado o para mezclar con vinos tintos de la CEE. Sin esperar a los ministros de Agricultura, la CEE decidió comenzar ya la preparación técnica de la declaración sobre el vino que entregar a España el 2 de octubre.

Las propuestas de la Comisión sobre el capítulo pesquero fueron ayer examinadas por el Comité de los Representantes Permamentes (Coreper) de los diez, decidiéndose que serían abordadas en reuniones de expertos en las que participarán los directores generales de Pesca de los países miembros, de modo a tener un texto a punto para el 2 de octubre. Ayer, en el Coreper, Francia volvió a intentar disociar en el tema pesquero el caso portugués del español. No lo consiguió, al manifestar otros países que las nuevas propuestas de la Comisión requerían un reexamen de ambos casos.

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