Los militares uruguayos presentarán mañana un ultimátum a los dirigentes políticos
Los militares uruguayos presentarán mañana un ultimátum a los políticos para alcanzar un acuerdo de democratización, con la amenaza de suspender las prometidas elecciones del 25 de noviembre. Mientras, crece la tensión social en el país, con numerosos conflictos obreros y convocatorias de manifestaciones de protesta.El régimen de hecho ha convocado mañana a los principales dirigentes de los partidos políticos para comunicarles una decisión unánime de la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas que fija como plazo máximo el 15 de junio para reanudar las conversaciones, suspendidas hace casi un año. También se exigirá a los civiles una respuesta al proyecto de acuerdo propuesto el 1 de mayo para la democratización del país.
El proyecto entregado a los partidos hace un mes presenta normas más flexibles dentro de las aspiraciones de los militares de cara al futuro Gobierno.
La fecha del 15 de junio tiene la finalidad de marginar de la eventual negociación al exiliado dirigente político del partido Blanco Wilson Ferreira Aldunate, que anunció hace días su regreso al país, desde Buenos Aires, para el 16 de junio.
Mientras los altos mandos estudiaban el problema político y decidían detener a Ferreira Aldunate, requerido por la justicia penal militar por actividades opositoras y vinculadas a la subversión, la tensión social en Uruguay ha llegado a niveles jamás alcanzados en 11 años de dictadura.
Numerosos sindicatos están en conflicto, otros han rechazado fórmulas de solución a sus huelgas y la población sufre una rápido crecimiento de la inflación al tiempo que permanecen congelados desde hace meses los sueldos de los trabajadores.
Ese clima ha sido propicio para que la protesta contra el régimen se agudice y se convoquen manifestaciones permanentemente. La policía, que el viernes por la noche prohibió una concentración programada para hoy en petición de libertad de Prensa, manifiesta que "todo se trata de un plan de desestabilización".
Al Gobierno, que afronta una de las más graves crisis económicas de la historia uruguaya, con una deuda exterior de 6.000 millones de dólares, cuadruplicada durante el régimen militar que nació en 1973, se le presenta otra dificultad con el regreso de Ferreira Aldunate.
Ferreira, dirigente de uno de los más importantes partidos del país, dijo en Buenos Aires que regresará para provocar la caída del régimen de Gregorio Álvarez. Los militares uruguayos han demostrado que están dispuestos a transigir políticamente e incluso rehabilitar a la proscrita izquierda, pero no permitirán que Ferreira Aldunate sea candidato en las prometidas elecciones.
Esta decisión también será transmitida mañana a los políticos, bajo amenaza de suprimir las elecciones de noviembre.
