EE UU, en el banquillo
LA RESOLUCIÓN provisional del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha dado la razón a Nicaragua y ha colocado a EE UU, ante la opinión pública mundial, en una situación muy parecida a la de un acusado. Las decisiones de dicho tribunal, si bien no existen instrumentos coactivos para imponer su aplicación, tienen un valor moral indiscutible. Se trata de un tribunal compuesto de 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para nueve años, y que juzgan, en principio, con absoluta independencia; en varios casos, diversos jueces han opinado contra la tesis del Gobierno de su país; como acaba de hacer el juez Stephen Schwebel, norteamericano, en una de las votaciones del caso sometido por Nicaragua. El Tribunal de La Haya es la más alta autoridad en el mundo para decir si algo se ajusta, o no, al Derecho Internacional.Nicaragua presentó el 9 de abril una queja contra las operaciones agresivas realizadas por EE UU contra su territorio, y concretamente el minado de sus puertos. Tres días antes, EE UU se había adelantado con una declaración rechazando la competencia del tribunal, durante un plazo de dos años, en cualquier tema referente a Centroamérica. En la primera sesión celebrada en La Haya para considerar el caso, el representante norteamericano adoptó una actitud arrogante, diciendo que si el tribunal aceptaba estudiar la demanda nicaragüense caería en el juego de la propaganda sandinista. El TIJ aún no ha resuelto en el fondo la queja de Nicaragua, ni siquiera la cuestión de competencia. Pero ha hecho uso del derecho que le concede su Estatuto a "indicar las medidas provisionales que deban tomarse" para resguardar los derechos de las partes. Y esta decisión da la razón, a todas luces, a Nicaragua, que pide que se ponga fin al minado de los puertos y, asimismo, a las operaciones militares o paramilitares que atenten contra la soberanía de los Estados.
La reacción de Washington sólo se ha manifestado hasta ahora a nivel de funcionarios de segunda fila. La papeleta es complicada. Insistir en el rechazo de la jurisdicción del Tribunal de La Haya chocaría con una fuerte tradición en EE UU de respeto y exaltación del Derecho Internacional. Pero, además, cuando en 1980 el Tribunal Internacional adoptó una decisión, asimismo provisional, pidiendo a Irán que liberase a los rehenes norte americanos, el ayatollah Jomeini rechazó entonces su jurisdicción. Repetir ahora la actitud de Jomeini de 1980 sería incómodo para el Gobierno de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, John Hughes, ha adoptado otra actitud: ha reiterado el respeto de EE UU al Tribunal Internacional y al imperio de la ley, agregando que, en su opinión, nada en la decisión de dicho tribunal contradice la actitud actual de Washington, insistiendo en ese adjetivo actual, y dando a entender que EE UU ha cesado ya en el minado de los puertos.
¿Qué efecto puede tener la decisión del Tribunal de La Haya? Quizá lo más sintomático es que las decisiones han sido tomadas, por unanimidad la primera (sobre el minado de los puertos), y con sólo el voto en contra del juez norteamericano la segunda, más general. Es decir, que los jueces de países tan ligados a EE UU como Alemania Occidental, Reino Unido, Japón e Italia, han votado dando la razón a Nicaragua. Es un buen barómetro del grado de aislamiento, en el plano internacional, de la política centroamericana de la Administración Reagan. Pero nada indica que ello haya contribuido a nuevas reflexiones en la Casa Blanca. Más bien lo contrario. El último discurso televisado del presidente Reagan ha sido un alegato en pro de una política de dureza en Centroamérica, para hacer frente a la amenaza de una subversión comunista generalizada. Comparado con discursos anteriores, se observa la disminución de las referencias a las ayudas económicas, a la necesidad de soluciones negociadas, a la preocupación por la democracia y los derechos humanos; todo el acento se pone en la obligación de rechazar una amenaza comunista, magnificada sin ninguna prueba concreta. El discurso ha disgustado en México y en los otros países del grupo de Contadora. El Tribunal de La Haya ha aportado nuevos y valiosos argumentos para que Europa pueda hablar con energía exigiendo soluciones de paz. La presión diplomática y política es indispensable para que el derecho definido en La Haya no quede en papel mojado.
