Un juez de San Sebastián investiga la causa de que 10 guardias civiles no compareciesen en un careo sobre presuntas torturas

San Sebastián - 04 may 1984 - 00:00CEST

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha abierto una investigación para determinar las causas de la incomparecencia de 10 guardias civiles citados a un careo previsto para ayer en ese mismo juzgado. La investigación iniciada, caso de eidstir indicios de culpabilidad, puede derivar en la apertura de un sumario al director general, de la Guardia Civil, teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, como presunto autor de un delito de denegación de auxilio a la justicia.

Esta iniciativa judicial se produce ante la sospecha de que la Dirección General de la Guardia Civil haya adoptado una postura deliberada de falta de colaboración con las investigaciones que se realizan para identificar a los guardias que en enero de 1982 supuestamente torturaron a Juana Goikoetxea Azcue, de 55 años, vecina de Guetaria y actualmente en libertad.El forense y los médicos que la atendieron tras su estancia en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián certificaron lesiones y magulladuras que han supuesto para la víctima un total de 474 días de convalecencia e incapacitación y le han dejado secuelas de tipo nervioso. Según la denuncia, la mujer fue apaleada y sometida a torturas como la bañera y la aplicación de electrodos por los guardias civiles que la interrogaron.

"Necesidades del servicio"

El pasado lunes, la Dirección General de la Guardia Civil envió al juzgado de instrucción de San Sebastián un telegrama en el que indicaba que, "por necesidades del servicio", ninguno de los 10 guardias citados podía comparecer al careo previsto para ayer.

Fuentes judiciales manifestaron ayer a EL PAÍS que la falta de colaboración policial con la Justicia constituye una práctica normal en los casos en los que se persiguen delitos de tortura, y que este hecho, "suficientemente probado", pone de manifiesto "la necesidad de crear una verdade" ra policía judicial. Es, corriente que tras las denuncias de torturas o malos tratos se trasladé de destino a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado acusados de estos delitos y que se alegue que se encuentran realizando cursillos, que deben acudir a un funeral, o explicaciones semejantes, en el momento en que son citados a declarar. Las investigaciones", indican las nuismas fuentes, "se alargan enormemente, y siempre cabe la posiblidad de que cambie el titular del juzgado que sigue las diligencias y que el asunto termine archivándose".

Los jueces apuntan que frecuentemente los autores de las denuncias y presuntas víctimas no reconocen a ninguno de sus supuestos torturadores, dato que les induce a pensar en la posibilidad de que los miembros de las fuerzas de seguridad que se someten a las ruedas de identificación no son, en ocasiones, los mismos que participaron en los interrogatorios de los detenidos presuntamente torturados.Hay que tener en cuenta, señalaron los referidos informantes "que la labor de colaboración e investigación policial' recae en compañeros de los propios acusados. Mientras no exista una verdadera policía judicial, la Justicia se verá permanentemente condicionada por la resistencia del poder policial", aseguran dichos jueces. En el supuesto de que la investigación ordenada por el juzgado de instrucción de San Sebastián derive en la apertura de un sumario al director general de la Guardia Civil, el caso pasará a manos de la Sala Seg unda del Tribunal Supremo, única instan cia competente para juzgar al titular del cargo que ostenta el teniente general Sáenz de Santa María.

Al parecer, como paso previo a la apertura del sumario, el juez que instruye las diligencias previas quiere confirmar que el telegrama firmado por la Dirección General de la Guardia Civil reci bido el pasado miércoles fue dictado en esos términos por orden de José Antonio Sáenz de Santa María. El pasado 30 de marzo, el juzgado donostiarra solicitó mediante un oficio dirigido al director general de la Guardia Civil que ordenara a los guardias citados que compareciesen en el careo anunciado para ayer. Hace ya semanas que el propio director general de la Guardia Civil comunicó al juzgado que había cursado las órdenes pertinentes para el cumplimiento de la diligencia. Los 10 guardias civiles llamados a declarar cumplen actualmente destino en Santander, Madrid, Tenerife y Guipúzcoa.

Recientemente, un juzgado de San Sebastián procesó al antiguo responsable del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista (MULC) Manuel Ballesteros por un presunto delito de denegación de auxilio a la justicia. El comisario Manuel Ballesteros acudió finalmente' a declarar ante el juzgado donostiarra, tras haber ignorado tres citaciones anteriores. El colegio de abogados de San Sebastián ha acordado, por otra parte, solidarizarse públicamente con los acuerdos adoptados por la junta de jueces de la ciudad en los que se denunciaba la práctica de torturas y malos tratos y los frecuentes traslados a otras jurisdicciones de los detenidos. sometidos a la ley Antiterrorista.

La publicidad de tales acuerdos motivó la apertura, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de un expediente a cuatro magistrados de la Junta de Jueces de San Sebastián.