Los partidos uruguayos estudian un plan militar para la creación de una asamblea constituyente
Los partidos políticos uruguayos comenzaron ayer el estudio de un plan presentado por las autoridades militares que detentan el poder en Uruguay, en el que se propone la constitución de una asamblea constituyente en la que estarían representados una decena de representantes del actual régimen "con voz pero sin voto".El plan prevé asimismo el establecimiento de una serie de normas más flexibles destinadas, según la autoridades, a lograr la democratización del país de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 25 de noviembre.
Los militares declararon que una vez logrado un acuerdo, serán rehabilitados el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Socialista y el grupo disidente Colorado del asesinado político Zelmar Michelini, que desde el año 1971 integran el Frente Amplio que dirige el general Líber Seregni, recientemente liberado en Montevideo.
Las actuales autoridades uruguayas, sin embargo, mantendrán la proscripción para el líder del partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate, que ha llegado recientemente a Buenos Aires, desde su exilio en España, para preparar la vuelta al país. La prohibición afectaría también a Líber Seregni, y se extendería a la reorganización del partido comunista.
Los dirigentes blancos rechazaron el nuevo plan y anunciaron que continuará la recogida de firmas en favor de un plebiscito que permita derogar todas las normas impuestas por el Gobierno militar.
Los líderes del Partido Colorado y de la Unión Cívica, sin embargo, consideran que el paso dado por las autoridades es positivo ya que permite la "reanudación del diálogo" interrumpido el 6 de julio pasado al exigir los militares una reforma constitucional.
Esta reforma mantendría determinadas normas autoritarias como la justicia militar para los delitos de subversión, la eliminación de la infiltración política en a enseñanza y la regulación del nombramiento de futuros jefes militares. Según el nuevo plan estas aspiraciones se convierten en leyes especiales aprobadas por el Parlamento.
