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España intenta impedir otra vez que la CEE aplique el nuevo reglamento hortofrutícola

Andrés Ortega

España ha presentado una nueva nota verbal a la Comunidad Económica Europea (CEE) para impedir que ésta apruebe la entrada en vigor del nuevo reglamento hortofrutícola que penalizaría las importaciones provenientes de países terceros, y por tanto España. El tema será discutido por d Consejo de Ministros de Agricultura el próximo dia 7 de mayo.

En principio, la entrada en vigor del nuevo reglamento, que según cálculos aproximados llevaría a aumentar los precios de entrada en el Mercado Común de los agrios en un 20% y de otros productos en tomo a un .3% o 5%, estaba ligada a la presentación a España de la declaración sobre el capítulo de agricultura.Pero, en una discusión algo metafisica, no está claro si la declaración puedé considerarse suficientemente, como pretende la posición esgrimida por Francia, o no, como repiten las delegaciones negociadoras españolas.

Aliados españoles .

En este sentido, España cuenta como aliados naturales a países como la República Federal de Alemania. (RFA), Holanda o el Reino Unido.

En, los tres, casos, como consumidores hortofrutícolas, no quieren ver subir el precio de las frutas y hortalizas. Y, por tanto, abogan por retrasar las nuevas medidas que proyecta la organización con sede en Bruselas.

Un poco más, y este año la entrada en vigor del nuevo reglamento no surtirá efecto.

Con la nueva campaña, ya se han librado los tomates, los pepinos y las berenjerias del nuevo sistema. Si se llega al 1 de junio sin una decisión, se habrán salvado todos los productos españoles.

Más que un debate de fondo se trata de una cuestión de-forma. Las autoridades agrícolas Y los diplomáticos y negociadores españoles consideran que el poner nuevos obstáculos a sus exportaciones estaría en contradicción con la tesis comunitaria de evitar nuevas trabas al comercio hispano-comunitario en el período que precede a la adhesión.

De hecho, las importaciones en la CEE de frutas y hortalizas españolas son penalizadas en la actualidad frente a las procedentes de otros países situados a orillas del Mediterráneo y que no pertenecen al Mercado Común

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