El director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual habla del 'caso español'

Claude Masouyé, director del Departamento de la Información y Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dará hoy una conferencia en el Senado. Ayer clausuró un cielo de debates organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona y su comisión de Cultura, presidida por Adrià Gual. El interés de su visita a España se enmarca en los trabajos preparatorios de una nueva ley de la Propiedad Intelectual.La OMPI es una organización especializada de las Naciones Unidas con sede en Ginebra dedicada exclusivamente a los temas de propiedad intelectual, que comprende tanto la propiedad industrial (patentes, marcas...) como la propiedad de la obra de creación los derechos de autor.

Se mantiene económicamente de las cuotas de los 126 estados miembros y de las tasas de su registro internacional de patentes. Su actividad abarca desde el auxilio jurídico a aquellos países que se plantean renovar la legislación sobre tales materias, a la asesoría a países en desarrollo o la oferta de contratos tipo a nivel internacional cuyas cláusulas prevean tanto los derechos de los editores como de los autores.

Dominio público

Masouyé manifestó que la centenaria ley española de la propiedad intelectual es buena en la definición de los principios básicos pero ha quedado obsoleta ante las nuevas tecnologías y el incrernento de la piratería. Masouyé, por ejemplo, considera que la regulación del paso de una obra de autor a dominio público es correcta en España -no pasa a dominio público hasta 80 años después de fallecido su autor- y está en la tendencia moderna de establecer plazos largos en esta materia. "De hecho, el problema del dominio público sólo se plantea en un número reducido de obras de creación. En el terreno científico, por ejemplo, es raro que un libro tenga vigencia tanto tiempo y mucho menos en el caso de la música pop".La edad de las leyes que regulan estos aspectos en los estados occidentales provoca la necesidad de actualizaciones.

"Uno de los problemas es el de la penalización de las infracciones. En Gran Bretaña, por ejemplo, hasta hace poco se imponían multas de 11 libras, cantidad considerable cuando fue redactada la ley, en 1911, pero ridícula en la actualidad". El marco jurídico de referencia que tienen los países son los convenios de París y Berna que, no obstante, permiten al legislador nacional la posibilidad de fijar determinadas excepciones a los criterios genéricos establecidos.

Masouyé considera que la lucha contra la piratería -a través del derecho penal- es de interés común para todos los estados y lo ilustra con el ejemplo histórico de Japón con respecto a la propiedad industrial. "Este país pirateó con inteligencia las patentes internacionales y en ello basó la creación de su industria. Sin embargo cuando tuvo necesidad de exportar se encontró con un trato recíproco en los otros estados y tuvo que adherirse a los convenios citados para evitar su propia asfixia".

Masouyé considera como problemas fundamentales el futuro uso de los satélites de radiodifusión directa -no los de mera distribución- y el control de las nuevas tecnologías, como la computadoras o la televisión por cable.