El procesamiento del general Bignone, último presidente militar de Argentina, se basa en la desaparición de dos reclutas en 1976

El general de división retirado Reynaldo Bignone, último presidente militar argentino, permanece desde la tarde del martes recluido en los cuarteles de Campo de Mayo, en calidad de procesado por el juez de instrucción Carlos Olivari, quien decretó su prisión incondicional sin fianza. El juez Olivari investiga una causa abierta hace cinco años por la desaparición de los reclutas Luis Pablo Steinberg y Luis Daniel García, miembros de la Federación Juvenil Comunista, cuando en 1976 cumplían su servicio militar obligatorio en el colegio militar entonces dirigido por Bignone.

Otros tres jóvenes que pertenecían a la misma compañía que los desaparecidos (Brito, García y Carvallo) también fueron secuestrados y sometidos a torturas, en la creencia de que integraban una célula subversiva. Encerrados en la enfermería del colegio militar, uno de ellos trabó relaciones con Steinberg y escuchó cómo una médica le indicaba: "No tomes agua ahora porque dentro de un rato vas a tener otra sesión de tortura". Cuatro días después, Brito, García y Carvallo fueron conducidos al despacho de Bignone, quien les presentó excusas -"en esta guerra sucia a veces pagan inocentes por culpables"- y, en compensación, les licenció, dejándoles en libertad. Luis Pablo Steinberg y Daniel García no aparecieron jamás.El abogado de Bignone, el ex ministro de Justicia Lucas Lennon, intentó infructuosamente que se eximiera de prisión a su cliente ante la Cámara del Crimen. Muchos magistrados dieron la razón al juez Olivari. Este procesamiento de Bignone se dicta por privación ilegítima de libertad, reiterada omisión de denuncia y falso testimonio. Tras cuatro horas y media de interrogatorio se cursó oficio de la detención al Comando del Ejército, y oficiales mayores concurrieron al Palacio de Justicia para hacerse cargo del preso. A su salida, fuertemente escoltado cientos de personas le colmaron de invectivas.

Bignone tiene cita también con el juez Córdoba, que investiga la desaparición en 1978 de un físico matemático. También por esta causa la justicia ha solicitado la prisión preventiva del ex presidente que entregó el poder a Raúl Alfonsín y abandonó la Casa Rosada por la puerta de atrás.

Proceso contra las juntas

Con la designación de las vacantes en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (máxima corte marcial), nada impide técnicamente que se inicie el proceso contra las tres primeras juntas militares. Sólo el ex presidente Leopoldo Galtieri no ha designado a un abogado, y se sabe que los letrados del brigadier mayor Agosti, el triunviro aviador de la primera Junta, han aducido ya que su patrocinado no, puede ser juzgado en tanto en cuanto le ampara la ley de Pacificación Nacional -"ley de autoamnistía"-, decretada por la última Junta Militar y derogada por el Congreso democrático a propuesta del Gobierno radical. El resto de las defensas guardan silencio.

El escritor Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzosa de Personas -comisión gubernamental-, ha hecho un llamamiento a la población para que aporte pruebas o simples datos sobre las desapariciones. En su primera rueda de prensa, Sábato anunció que se han recibido ya gran cantidad de denuncias documentadas, y que en breve se presentarán a la justicia y al Gobierno pruebas serias y decisivas. Sábato señaló que muchas pruebas están siendo aporta das por militares en activo o en retiro atormentados por las atrocidades que les obligaron apresenciar o realizar; muchos acuden a la comisión como quien acude al confesonario.