El resistible expolio del patrimonio artístico

Los peores años para el expolio del patrimonio artístico de este país fueron, según los datos de la Policía Judicial, los que estuvieron entre 1975 y 1981. Fechas en las que el mundo del arte se escandalizó con robos como los de la catedral de Tarragona, la colegiata de Toro, el monasterio de Santa María de Huerta y un larguísimo etcétera. "De aquellos 25 robos importantes hemos recuperado casi 700 obras de arte", dice Enrique de la Puente, subcomisario del Grupo de Delitos contra el Patrimonio Artístico, de la Brigada Central de la Policía Judicial.La mayoría de los robos se producen en catedrales o iglesias en general, lo que tiene una obvia explicación: entre el 50% y el 70% del patrimonio artístico español está en manos de la Iglesia, y generalmente en lugares abiertos al público con ínfima o nula protección. De las iglesias han desaparecido obras de Berruguete, Rubens o Murillo, y jalonan la historia negra del expolio hechos como el de la colegiata de Toro (Zamora). El valor de las obras de arte robadas allí en una madrugada del mes de mayo de 1981 superaba los 100 millones de pesetas. La obra más importante, que después recuperó la policía, era un calvario italiano de marfil que se incluye en un Cristo también de marfil de una sola pieza.

La desarticulación por parte de la policía de la banda internacional de René Alphonse van der Bergue, Erik el belga -se calcula que robó un total de 1.000 millones de pesetas en obras de arte- es otro jalón de diferente signo que hizo posible la recuperación de hasta 300 obras de arte que Erik tenía depositadas en tres países europeos.

La Dirección General de Bellas Artes ha recuperado, pues, la casi totalidad de las obras de arte más importantes. En estos momentos, en cuanto a las de incalculable valor, sólo se echa de menos la localización de algunas piezas del retablo de San Miguel de Aralar (Navarra) y el cuadro de Goya que salió clandestinamente de España hace unos meses.

La exportación clandestina

La forma habitual de recuperar el patrimonio robado suele ser la de capturar al autor del delito, ya sea un cleptómano esporádico, un habitual chorizo o una banda internacional. A veces, el mecanismo es curioso. Hace sólo unos meses que la prestigiosa firma Sotheby's sacó a subasta una talla de San Bartolomé. El Ministerio de Cultura cayó en la cuenta de que era una de las piezas robadas en la catedral de Tarragona. En este caso, el Estado deberá pagar al propietario de la talla, que alega haberla comprado de buena fe, el precio estipulado en la subasta.El robo y su consiguiente denuncia por parte de las víctimas moviliza, lógicamente, a la policía. "El robo y el hurto son los delitos que más conocemos aquí", dice Enrique de la Puente, "porque el resto de la infracciones, como la falsificación o la exportación ¡legal, no se suelen denunciar. La forma más corriente en este país es que, cuando alguien se da cuenta de que le han vendido, por ejemplo, una pintura falsa, va al vendedor y éste le devuelve el dinero".

La falsificación, con ser un importante delito de estafa, no es el problema que más preocupe ni a la Policía Judicial ni a la Dirección General de Bellas Artes. En este campo ha habido también casos espectaculares, como el de aquellos 47 cuadros intervenidos por la Guardia Civil en marzo de este año. Saltó a la Prensa el nombre organizada, capaz de hacer pasar cuadros suyos firmados por Dalí Miró, Picasso, Renoir, Degás o Toulouse-Lautrec. No preocupa, porque los medios técnicos de que se dispone actualmente hacen posible desenmascarar fácilmente las obras falsas. Los falsificadores han de limitarse a las de no más de 100 años, y además es un delito demasiado complicado para que se produzca a un ritmo alarmante.

"Lo que más nos preocupa es la exportación clandestina", dice Araceli Pereda, directora del Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes. "Aquí ni si quiera nos enteramos de lo que sale por nuestras fronteras. "Todo aquel que quiera exportar una obra de arte con más de 100 años de antigüedad tiene la obligación de notificarlo a la Dirección General de Bellas Artes. Esto, salvo algún que otro honesto personaje, no lo hace nadie. Y tampoco tenemos medios para controlar esto. Sólo nos llega la noticia cuando el servicio de aduanas retiene al exportador clandestino".

"La gente tampoco sabe que en el comercio interior hay tina obligación: la de comunicar a la Dirección General de Bellas Artes la transacción efectuada con obras de más de 50.000 pesetas", añade Araceli Pereda, "lo que no hace absolutamente nadie".

Falta de inspección

La Dirección General de Bellas Artes no dispone de un servicio de inspección -se ha pedido al Ministerio sin resultados-, y los particulares no están dispuestos a contar lo que tienen, por terror -más que miedo- al Ministerio de Hacienda. Círculo vicioso que comporta el problema básico de no saber exactamente cuál es el patrimonio artístico de este país. A veces, la policía encuentra obras de arte difíciles de identificar por no estar inventariadas. La falta de ese servicio de inspección y de personal -el centro de información que dirige Pereda cuenta con 15 personas- no da al Estado más que el estrecho margen del derecho de tanteo y retracto. Éste es una prerrogativa por la que el Ministerio de Cultura tiene preferencia a la hora de comprar obras de arte por el mismo precio al que el vendedor demuestra que un cliente determinado está dispuesto a pagar. "El problema", dice Araceli Pereda, "es que ese cliente paga al contado, y nosotros, a plazos". No es extraño, pues, que el marchante eluda en lo posible tal mecanismo.Tanto la Policía Judicial como la Dirección General de Bellas Artes coinciden en la opinión de que uno de sus más dificiles obstáculos en cuanto a la defensa del patrimonio artístico se refiere es la falta de cooperación social. Sin ella, terminar con esto es una quimera.