Empresas reconvertibles

LA RESISTENCIA de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo y del sector naval pone de manifiesto las dificultades de aplicar la reconversión industrial cuando se materializa en el saneamiento de empresas individualizadas, con el riesgo de una reducción de plantillas o una drástica congelación salarial. Los problemas reales y políticos afloran entonces en su dimensión más dramática. Hasta ahora, la reconversión se había camuflado con la magia verbal de la reindustrialización por vía administrativa y la protección bajo el manto de los Presupuestos Generales del Estado.La política de reconversión industrial tuvo su primera manifestación en las reuniones maratonianas del vicepresidente Abril Martorell con Nervacero. Fue una estrategia concentrada en uno o varios casos episódicos. En un clima laboral emocionalmente cargado con el lema del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, aquella estrategia subrayaba las dificultades y limitaciones del Estado para adoptar soluciones rápidas y de carácter general sin una cooperación activa de los afectados.

Sus sucesores en los ministerios de Economía y, sobre todo, de Industria pretendieron enmendarle la plana; se condenó el desorden, quizá admirable, de negociar caso por caso. La reconversión dio el paso decisivo de acometer la solución de sectores industriales completos hasta llegar al nivel superior de la reindustrialización. Apenas habían tañido esas campanas se presentaron nuevos solicitantes pidiendo la vez en la cola de las ayudas y subvenciones. Sí 11 Estado se mostraba dispuesto a financiar y dirigir la mutación de un sector, en el que conviven empresas sanas y enfermas, desaparecían de manera automática las exigencias para readaptarse. Los sindicatos continuaron defendiendo el mantenimiento de la capacidad adquisitiva; el Gobierno convirtió las transferencias a empresas públicas en una partida cada vez más importante de los presupuestos del Estado. Era el justo castigo a su arrogancia de protagonizar la política industrial.

Sin embargo, toda esta estructura de salvaguardia no ha evitado el enfrentamiento cuando se ha anunciado el cierre inminente de la cabecera de Sagunto o la reducción de la capacidad de los astilleros de Euskalduna. De nada ha servido que el ministro de Industria justifique el saneamiento de las empresas en pérdida con el fin de que puedan valerse por sí mismas, liberando recursos dedicados a actividades prácticamente improductivas. Los sindicatos, los obreros y los técnicos, así como el resto de los ciudadanos, comprenden las exigencias de la vida económica, recordadas por el ministro Solchaga. Lo discutible no es el objetivo de adaptación de las empresas, sino el modo de hacerlo.

En cuanto al procedimiento de reconversión industrial, el Gobierno socialista ha dado muestras de un gran coraje, y de un enorme sentido del poder político, pero quizá debería considerar el camino de una menor intervención administrativa, dando mayor protagonismo a las empresas afectadas. En muchos países occidentales así se ha hecho. Eso no significa acabar con: las ayudas estatales (en los muy capitalistas Estados Unidos esta ayuda prestada por el Gobierno a la reconversión industrial se cifra en un 13% del producto interior bruto, unos 300.000 millones de dólares), significa que las reconversiones no deben estar sujetas a un proyecto administrativo. Cada empresa buscaría así su solución en un clima industrial favorable, con. contratos laborales vigentes para varios años, reconversiones de plantilla, exenciones fiscales a la inversión y créditos a medio y, largo -plazo. En definitiva, los interesados tratarían de encontrar su propio ajuste, sin que el Estado arrostrara la responsabilidad directa de las disciplinas aplicables.

En España, la intervención administrativa en la reconversión se ha acompañado de una serie de justificaciones para hacerla más digerible por parte de los protagonistas sociales. Se han creado comisiones de seguimiento, zonas de urgente reindustrialízación, proyectos de un coeficiente de inversión obligatoria para la banca e identificación por el Estado de sectores con futuro. Todo este montaje es un riesgo enorme y quizá el mejor medio de aumentar el gasto público y dejar la reconversión donde está, sin acallar tan siquiera las protestas contra la política de saneamiento proclamada por el Gobierno. En cualquier caso, todavía no se ha producido una decisión final sobre la política industrial, y todavía estamos a tiempo de evitar que su fracaso ahogue los logros conseguidos en materia de inflación, mantenimiento del déficit público y mejora del sector exterior.