Los fondos colectivos de asalariados

El proyecto de ley sobre creación de fondos colectivos de asalariados que el Gobierno socialdemócrata sueco ha presentado al Parlamento ha despertado una polémica casi sin precedentes en la historia del país. Se trata de una vieja aspiración socialdemócrata y de las confederaciones generales de trabajadores, que se discute desde los años setenta y cuya filosofía fue condensada y fundamentada en un libro aparecido en 1975, Los fondos colectivos de asalariados, cuyo autor, Rudolf Meidner, formó parte del equipo de economistas de la central obrera.

El último proyecto presentado por el Gobierno dista bastante, en su contenido y en sus alcances, del proyecto original.

Básicamente, consiste en la utilización de dinero proveniente de un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, para invertirlo en la adquisición de acciones de empresas suecas. Los beneficios imponibles a tal efecto son los que quedan una vez deducidos los efectos de la inflación, los impuestos pagados durante el año y las previsiones para inversiones. A ellas se les deduce todavía el 6% del total de los salarios pagados durante el año. Sobre la cifra restante se aplicará un impuesto equivalente al 20%, que será destinado a los fondos de asalariados. Además, contribuirán a estos fondos las cajas de previsión social.

8.000 millones de pesetas al año

Se calcula que el monto total aportado por ambos canales de financiación será del orden de 400 millones de coronas (unos 8.000 millones de pesetas) anuales para cada uno de los cinco fondos previstos, de acuerdo a una división en otras tantas regiones que se ha hecho del país a tales efectos. Se ha estimado que un año de inversiones de los fondos equivaldría a cerca del 1% del total de valores manejados en la Bolsa de Suecia. Le ley prevé que los fondos nunca podrán poseer la mayoría de capital de una empresa, pero no es rehusable por ésta la adquisición de acciones por parte de los fondos.Cada uno de los fondos será administrado por un directorio con nueve titulares y cuatro suplentes, todos ellos designados por el Gobierno, y a los que se les exige tener antecedentes de actuación en el movimiento obrero.

En los fundamentos del proyecto, tras analizar la incidencia de la crisis internacional en la economía sueca, se afirma que los tres problemas principales de ésta son: que se consume más de lo que se produce, que las inversiones son muy bajas y que la capacidad productiva ociosa es muy alta. Resolver dichos problemas es un presupuesto ineludible para poder cumplir los objetivos de plena ocupación y de seguridad social adecuada.

Frente a la doble embestida de la izquierda radical y de la derecha, el ministro de Finanzas, Kjell Olof Feldt, precisó que "los fondos no son una bagatela, pero tampoco una reforma a fondo del sistema, como algunos pretenden agitar a modo de fantasma".

Los argumentos esgrimidos por los líderes de los partidos opositores y los empresarios se centran en que los fondos constituyen un primer paso hacia una economía planificada al estilo de los países comunistas y, en definitiva, un cambio del sistema que apunta, hacia la pérdida de la libertad. Se argumenta también que los fondos aumentarán el poder de los sindicatos en forma ilimitada.

Tales argumentos, manejados con el mejor sentido de una campaña publicitaria comercial, han logrado, a juzgar por la multitudinaria demostración callejera del 4 de octubre pasado, convencer a un sector considerable de la sociedad sueca. En su momento, el primer ministro, Olof Palme, invitó a empresarios y dirigentes políticos opositores a discutir conjuntamente el proyecto, pero la invitación no fue aceptada, en un acto sin precedentes en la historia política del país. El proyecto en cuestión parecería ser así un indicio más de que el tradicional consenso que siempre se había logrado en Suecia en las cuestiones de interés nacional también ha entrado en crisis.