Sin esclarecer una presunta estafa de 1.500 millones a la Seguridad Social en Cádiz

El usuario de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz ha podido comprobar en los últimos meses cómo el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) está promoviendo una política de control y racionalización delos gastos. Pero este es tan solo uno de los aspectos de la política sanitaria provincial. Aún no se conocen con exactitud los planes de reforma sanitaria puestos en marcha y se desconoce la situación actual de la denuncia presentada en el juzgado por el INSALUD hace más de un año por presunta estafa a la Seguridad Social, a cargo de varias clínicas privadas, de unos 1.500 millones de pesetas.

En la primavera de 1982, las presuntas irregularidades de todo tipo detectadas en el sector sanitario de la provincia fueron denunciadas públicamente por el PSOE. Fue Ciriaco de Vicente quien lanzó la voz de alarma ante los altos índices de corrupción que parecían existir. Durante el verano de ese año, el Insalud presentaba en la Audiencia Provincial de Cádiz varias denuncias por estafas a la Segúridad social en los conciertos privados provinciales.A más de un año vista, nada ha trascendido a la opinión pública sobre la situación legal dé dichas denuncias, aunque todo parece indicar que, los sumarios han sido sobreseídos. Ante esta posibilidad, el actual director provincial del INSALUD, Agustín Ortega Limón, ha dejado la puerta abierta para que los servicios jurídicos del organismo vuelvan a presentar las reclamaciones judiciales, en esta ocasión actuando el Insalud como acusador privado.

Los responsables políticos no quieren dejar en el olvido este presunto fraude, muy al hilo de lo que declaraba Pablo Recio, consejero andaluz de salud y consumo en el otoño de 1982, cuando se hizo público elescándalo sanitario en la provincia. Entonces Recio manifestó (véase EL PAÍS de 22 de octubre de 1982) que el Gobierno andaluz tenía la responsabilidad política de llegar hasta el final en la investigación. "Después de un momento como este", dijo, "si todo queda en agua de borrajas, perderemos la autoridad moral necesaria para denunciar otros casos similares a este".

La adminátración socialista se propuso clarificar y racionalizar, la situación sanitaria de la provincia. Tras el escándalo de los presuntos fraudes, el timón de la Dirección Provincial del Insalud pasó a las manos de Ortega Limon que, desde el cargo ha procurado integrar a todos los sectores interesados en la reforma sanitaria provincial, principal objetivo de su actuación política. Sin embargo, han surgido algunas voces disonantes por parte de los médicos colegiados y sindicados y también de la UGT provincial.

Inquietud por los empleos

Este sindicato ha hecho suyas las reivindicaciones de los trabajadores de las clínicas privadas concertadas, que han mostrado su temor a perder sus puestos de trabajo al aplicarse la política de reducción de gastos en los conciertos con dichos centros. Un hecho ya constatado durante las últimas semanas en la clínica Frontela, de El Puerto de Santa María, y San Juan de Dios de Cádiz. Oficialmente serían unos 400 puestos de trabajo los afectados, pero esta cifra podría verse incrementada. A través de la UGT los trabajadores piden negociar la reconversión del sector privado de la sanidad provincial.Tras el escándalo, todos los indicios apuntaron al establecimiento de una postura ética por parte de las autoridades sanitarias provinciales, traducida prácticamente en una política de contención de gastos, que ha afectado a la asistencia farmacéutica, transportes, ortopedia, administración, entre otros aspectos. Y, sobre todo, a los conciertos de la Seguridad Social con las clínicas privadas, de los que se pretenden ahorrar unos 600 millones de pesetas, que serán destinados a la asistencia primaria, eje fundamental de la reforma sanitaria.

Sobre este último apartado, el Insalud ha mostrado su preocupación ante las dificultades deriva das de la escasez de presupuestos económicos para las unidades básicas de Salud. Por el momento, solo tres centros de salud urbanos están programados para la provincia, en Cádiz, Jerez de la Frontera y San Fernando. Por otra parte, los técnicos del organismo están encontrando mucho problemas de cara a reunir la información necesaria para elaborar un mapa sanitario provincial, dado que ésta se encuentra actualmente dispersa.

La situación es confusa para el usuario, mal informado, según apuntan los técnicos en la materia, y que sufre una deficiente asistencia sanitaria en los ambulatorios. En este sentido, la situación en la provincia de Cádiz puede ser trasplantada al resto del Estado.