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Reacciones a la escalada terrorista de ETA

Un crimen, pero también un suicidio ritual

En el comunicado por el que ETApm daba, el pasado día 13, un plazo máximo de 36 horas para el cumplimiento de las condiciones de que hacía depender la vida del capitán Martín Barrios, había un párrafo que no pudo dejar de llamar la atención. A propósito del interrogatorio a que sus secuestradores afirmaban haber sometido a Alberto Martín se decía que éste "refiriéndose al juicio de Berga afirmó que el Ejército no aceptará jamás la vuelta de algunos arrepentidos relacionados con este caso". Retrospectivamente, a la luz del criminal desenlace, la frase, parece confirmar la impresión según la cual quienes calificaron y ejecutaron el crimen lo hacían más en función de la situación interna de la propia organización terrorista, que de cara al objetivo político proclamado: la denuncia de las condiciones en que iba a realizarse el juicio de Berga.La mención a "algunos arrepentidos relacionados con este caso" hace referencia a tres de los procesados en el sumario de Berga, actualmente exiliados y desligados de la organización, que entraron en su día en la lista negociada entre el ministro del Interior y el diputado Juan María Bandrés, de cara a su reinserción social sobre la base de un compromiso previo de abandono de la actividad violenta.

Los tres ex miembros de ETApm en cuestión forman parte del grupo de 28 personas sobre un total de 111 nombres incluidos en las listas iniciales, que continúan a la espera de un acuerdo en base a alguna de las distintas fórmulas legales estudiadas en el marco de las conversaciones entre el ministro del Interior y el diputado vasco.

Hasta el momento, medio centenar de exiliados y 33 ex presos se han beneficiado de alguna de esas fórmulas, pasando libremente la frontera o abandonando la prisión.

Paralelamente, al menos 14 miembros de ETApm VIII Asamblea que en su día se opusieron a ser incluidos en las listas negociadas por Bandrés han recurrido a otras vías de negociación. Algunos desmentidos realizados por parte de determinados presos, que han negado aceptar la vía de la negociación, han de ser contemplados con prudencia desde que, según fuentes de toda solvencia, una de las condiciones puestas por los interesados habría sido la de una total discreción, incluyendo el sobreentendido de que la negativa pública no implicaba la interrupción de las gestiones realizadas.

Esta segunda vía, en la que el senador del PNV Joseba Azcárraga ha actuado como intermediario, ha servido ya para gestionar el regreso del exilio de algunas personas con expediente policial, pero no procesadas. Algunos casos están paralizados por la dificultad de encuadrar posibles soluciones legales a situaciones individuales en el marco de un acuerdo en el que quede claro el compromiso colectivo de abandono de las armas. Según las fuentes consultadas por este periódico, la ausencia de una organización política legal que avale fehacientemente dicho compromiso, dificulta el acuerdo.

Por otra parte, es conocido que una parte de los presos octavos dirigió recientemente a la dirección de su organización un ultimátum en el que planteaban que si aquella no daba señales de vida "como tal organización político-militar". en un determinado plazo de tiempo, ofreciendo a los presos alguna perspectiva razonable de abandonar la cárcel por una u otra vía se consideraban en libertad para intentar soluciones individuales a su situación.

Con estos antecedentes, quienes conocen desde hace años la psicología de los actuales dirigentes poli-milis albergan pocas dudas sobre los verdaderos objetivos del secuestro de Alberto Martín. Se trataría de responder, mediante una decisión sonada, al reproche de inactividad, pero a la vez, de cerrar el paso a cualquier posibilidad de búsqueda individual de soluciones a su situación por parte de los militantes encarcelados.

En ese sentido, el asesinato del capitán de farmacia habría sido en primer lugar un crimen, pero también una especie de suicidio ritual: los propios responsables de la acción se cerraban a sí mismos cualquier salida antes de tolerar que otros la encontrasen por sí mismos. La etimología última de la palabra asesinato cobra así su significado más cabal: se trataría de asociar forzosamente a otras personas, mediante lazos de sangre, al propio destino sin salida.

En esa hipótesis, la aparente incoherencia de culminar con el asesinato de Alberto Martín una operación en la que los objetivos proclamados habían sido alcanzados con creces (pues la actitud de TVE favoreció la difusión de añadidura y por otros medios de los planteamientos poli-milis sobre el juicio) resulta menos sorprendente. De ahí, también, la sublime confusión del comunicaido por el que han tratado de justificar el crimen. La increíble acusación según la cual el capitán, aparte su oficio de farinacéutico, desempeñaba "misiones reservadas", ha desaparecido de la argumentación, y ya solo queda la referencia a Alberto Martín como "figura simbólica de las fuerzas armadas españolas en su papel de guardianes del orden burgués y centralista".

El comunicado, por otra parte, lleva la fecha del 15 de octubre, como queriendo acreditar, en prueba de firmeza que la sentencia fue dictada en el momento mismo en que TVE anunciaba su respuesta a la exigencia de los secuestradores. Pero es esa una firmeza solo simbólica y únicamente explicable en quien ha decidido ya, como. Sansón ciego, hundir consigo a todos los habitantes del templo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de octubre de 1983