El Gobierno salvadoreño afirma que llevará la guerra hasta el final, ante el fracaso de las negociaciones con la izquierda

"En vista de que los insurgentes se niegan a participar en las elecciones, no queda otro recurso que la guerra hasta el fin". Esta es la reacción del Gobierno salvadoreño ante el fracaso de la reunión celebrada el jueves en Bogotá entre los tres integrantes de la comisión gubernamental de paz y los cuatro enviados de la izquierda. Las esperanzas puestas por amplios sectores del país en una solución negociada de la guerra se desvanecen por el momento. Sólo el presidente de Colombia, Belisario Betancur, anfitrión del encuentro, opina que no se han cerrado aún las puertas del diálogo.

La segunda cita en la capital colombiana ha puesto en evidencia que cada bando pretende conseguir objetivos radicalmente distintos con estas conversaciones. Para el Gobierno no hay nada que negociar, salvo la participación de la izquierda en las elecciones. Para la guerrilla, esto sería el final del camino; antes deben resolverse algunas de las causas que motivaron la guerra y, en cualquier caso, ha de constituirse un Gobierno provisional con representantes de la oposición para garantizar un proceso electoral con igualdad de oportunidades.En estas condiciones no hay ninguna base para el entendimiento. La guerra no parece haber madurado lo suficiente para poner en marcha un proceso formal de negociaciones.

La negativa del Gobierno a discutir toda cuestión ajena a los comicios cuenta con el respaldo de todos los partidos representados en la Asamblea Constituyente, desde la Democracia Cristiana hasta la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que encabeza Roberto D'Aubuisson.

Este último partido ha expresado en una nota oficial que el único diálogo que es posible entablar con la guerrilla es "que estos grupos subversivos acepten participar en las elecciones". El presidente de los demócratas cristianos y líder de su fracción parlamentaria, Julio Rey Prendes, ha declarado, por su parte, que "ni el Ejército ni la guerrilla pueden discutir cuotas de poder, porque eso debe decidirlo el pueblo en las urnas".

"Nada que negociar"

Con ocasión del Día de la Independencia Nacional, el presidente Alvaro Magaña fue muy explícito a este respecto. Dijo que era necesario "reiterar clara y definitivamente que no tenemos nada que negociar". Más adelante añadió: "Cualquier negociación para repartir el poder sería contraria al mandato de los electores, y es lo único, definitivamente lo único, que mi Gobierno no puede hacer por la paz".Tras señalar que su Gabinete se ha mostrado receptivo a las gestiones por la paz de varios países democráticos y que a eso obedecía el inicio de diálogo con la guerrilla, disipó cualquier duda sobre el objetivo de tales encuentros: "Esto no significa que se esté negociando, porque un Gobierno legítimo y constitucional jamás podrá reconocer a una fuerza ilegítima que, no pudiendo alcanzar el poder por la vía democrática, trata de hacerlo por las armas".

Magaña terminó sus palabras diciendo que responderán a la agresión militar, "que es la forma que ellos han escogido, porque nadie puede discutir nuestro derecho a la legítima defensa y nadie podrá cuestionar la justicia de nuestra causa, que defiende el tema democrático representativo".

A la vista de estas posiciones, resulta lógico que Guillermo Ungo, presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR), aliado político de la guerrilla, mostrase semanas atrás su escepticismo sobre el futuro del diálogo. Durante una larga conversación mantenida en Panamá con este corresponsal, puso en duda que el Gobierno tuviera voluntad negociadora.

'Lo toma o lo deja'

Héctor Oquelí, miembro de la comisión político- diplomática nombrada por la izquierda, ha declarado en México que mientras ellos presentaron en Bogotá propuestas por escrito, la comisión de paz se limitó a exponer que se interrumpirían las conversaciones si los insurgentes no aceptaban participar en los comicios. Este o lo toma o lo deja resulta inaceptable para la guerrilla.En el interior del país, únicamente la Iglesia, algunos sindicatos, ciertos grupos profesionales y amplios sectores populares parecen interesados en una negociación formal que trate de poner fin a la guerra, para dar paso luego a un proceso electoral que resuelva una crisis política que se arrastra desde 1932, cuando el general Maximiliano Hernández ahogó con la sangre de 30.000 campesinos un brote insurreccional encabezado por el líder comunista Farabundo Martí.

El nombre del general ha sido adoptado por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), que ha reaparecido en la escena política coincidiendo con los primeros encuentros entre representantes del Gobierno y la guerrilla.

Una vez más, la oligarquía que maneja el país desde Miami y algunos sectores del Ejército se han aliado tras esas siglas para abortar cualquier salida negociada de la guerra, ya que ello supondría una reforma de las estructuras socioeconómicas y una purga del mando militar.

Las patrullas de defensa civil, armadas por el Estado, son ya en algunas localidades el germen de un ejército paralelo manejado por la ultraderecha.