El pulso del Ejército Chileno sigue latiendo al ritmo de Pinochet

Un sector mayoritario de la cúpula militar chilena parece haber obligado al presidente, general Augusto Pinochet, a llevar a cabo una tímida apertura política que permita aliviar la tensión en Chile y reactivar la economía del país, pero nada indica que el Ejército chileno esté dispuesto a dar ese golpe blando, tan deseado por la oposición democrática moderada, que acabaría con el poder del dictador y aceleraría la restauración de la democracia, según se desprende de varias conversaciones con oficiales retirados de las fuerzas armadas y otras fuentes solventes.Los motivos de descontento en las filas del "partido de Chile", como definió Pinochet a las fuerzas armadas, son numerosos y abarcan desde la catastrófica situación de la economía chilena hasta el empleo de la tropa en tareas de mantenimiento del orden, como ocurrió durante la cuartajomada de protesta nacional con la presencia de 18.000 soldados en las calles de Santiago.

El principal reproche que formula la oficialidad al régimen es el de haber comprometido la soberanía y la independencia nacionales contrayendo una deuda externa que supera los 20.000 millones de dólares (tres billones de pesetas) -la más alta per cápita de América Latina- y que, al término de la renegociación ultimada en agosto por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se prevé que, en caso de impago sólo los edificios diplomáticos en el extranjero seguirán siendo propiedad de Chile.

"Este endeudamiento es tanto más inmoral cuanto que no sirvió para industrializar al país, sino para comprar con las divisas productos importados de Taiwan o Singapur, que, vendidos a precios inferiores a los de nuestra industria, la obligaron a cerrar", afirma el general retirado de la Fuerza Aérea y exmninistro de Trabajo de Pinochet Nicanor Díaz. "La política económica ultraliberal", prosigue, "impuesta por los llamados Chicago boys, es la principal causante del divorcio entre el pueblo y las fuerzas armadas".

No hay divisas para armas"

¿De qué sirve", se pregunta otro general retirado que prefiere permanecer en el anonimato, "que a partir de 1973 se haya aumentado el pre supuesto de Defensa para modemi zar el Ejército si ahora carecemos de divisas para poder adquirir las indispensables piezas de recambio mientras Argentina, nuestro único enemigo potencial, ha recuperado ya con creces el nivel armamentístico que tenía antes de la guerra de las Malvinas?".

El retomo de los civiles al poder en Buenos Aires, previsto para enero de 1984, y el consiguiente certificado de realización de progresos en materia de derechos humanos que le otorgara la Casa Blanca supondrán un incremento de las ventas de armas norteamericanas a Argentina que profundizará el desnivel entre los dos países, que mantienen un litigio territorial apropósito del canal de Beagle.

La participación del Ejército junto con los carabineros en la represión de las manifestaciones de agosto ha suscitado el suficiente malestar en las filas castrenses como para que Pinochet renunciase a utilizarlo nuevamente en septiembre, durante el quinto día de protesta, cuyo balance de víctimas fue bastante inferior a la anterior, que arrojó un saldo de 24 muertos.

La Fuerza Aérea no disparó

Al conocer esta cifra, Roberto Viaux, general retirado del Ejército, que goza de cierto prestigio en las filas de extrema derecha, no dudó en recordar públicamente que "la función policial no incumbe ni tiene por qué incumbir a las fuerzas armadas", mientras el comandante en jefe de la Aviación y miembro de la Junta Militar, general Fernando Matthei, señalaba orgulloso que en el sector de Santiago en el que la Fuerza Aérea fue encargada del mantenimiento del orden sus hombres "no tuvieron que hacer uso de sus armas de fuego porque no hubo barricadas ni desafio a nuestro personal".

"Si se pone a un joven de 20 años fuertemente armado y le mandan a patrullar con otros dos y le tiran piedras o insultan, él reacciona como le enseñaron y ordenaron. No debió haberse enviado a los militares a resguardar el orden interno", declaró, por su parte, a la revista de oposición Hoy el general Gustavo Leigh, que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea hasta 1978.

Más allá de estas críticas puntuales, algunos múlitares, probablemente poco numerosos, acusan a la Junta de Gobierno de haber desvirtuado los objetivos del golpe de Estado, consistentes, según el general Díaz, en "prevenir la instauración de una dictadura marxista, restablecer la plena vigencia del sistema democrático sin modificar la Constitución de 1925 -vigente en tiempos de la Unidad Popular- y volver cuanto antes a los cuarteles. En vez de eso", añade, "tenemos una dictadura de derechas que se eterniza en el poder." "Nunca pensé", afirmaba Leigh, uno de los artífices del derrocamiento de Allende, "que se iba a alcanzar un período tan extenso con un Gobierno tan absolutista y de carácter tan personal".

Esta tesis es compartida por los oficiales de la Fuerza Aérea, el cuerpo más hostil al jefe del Estado -Pinochet destituyó a Leigh en 1978-, que no perdonan a Fernando Matthei el haber sido uno de los dos generales de Aviación -sobre un total de 21 - que no presentaron su renuncia en solidaridad con su comandante en jefe revocado.

Los círculos castrenses

Frente a esta tesis, otros círculos castrenses, reagrupados en tomo al jefe del Estado, sostienen, en carnbio, que el golpe de hace una década ha cambiado definitivamente el papel de las fuerzas armadas en Chile. Aun cuando se reintegran a los cuarteles a partir de 1989 -año en que expira el mandato de Pinochet-, los ejércitos tendrán, según la Constitución, la posibilidad de expresar al Gobierno civil su sentir a través de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por la jerarquía militar.

Pinochet lo dijo claramente en un discurso pronunciado hace un año: "Quienes nos sucedan en el futuro en los mandos institucionales de las fuerzas armadas no serán meros espectadores del acontecer nacional". "En definitiva será una democracia civil, vigilada de cerca por el poder militar", comenta un diplomático acreditado en Santiago, mientras un general retirado se resiste a creer que este sistema llegue a instaurarse, porque, indica, "todas las generaciones que están actualmente en servicio en los ejércitos se formaron bajo la autoridad civil y consideran que, una vez la normalidad democrática restablecida, deben nuevamente someterse a él".

Cualquiera que sea el futuro papel de las fuerzas arrnadas en la sociedad chilena, un sector de la oficialidad decidió enjulio intentar frenar el progresivo deterioro de la situación sin recurrir sistemáticamente a la fuerza policial. Tras celebrarse la tercera jornada de protesta nacional, ILIgunos militares de muy alto rango infringieron el sagrado principio de la verticalidad del mando para pedir a Pinochet, comandante en jefe del Ejército, que propiciase una salida política a la crisis del país.

La designación, el IC, de agosto, de Sergio Onofre Jarpa, político experimentado, como ministro del Interior y jefe del gabinete del presidente Pinochet, obedece a presiones castrenses. La iniciativa partió concretamente, según una fuente fidedigna, del comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar almirante José Toribio Merino, que antes de ser hospitalizado solicitó a su consejo de almirantes su opinión sobre el momento político. En su contestación, el portavoz del consejo le hizo una sombría descripción del estado de la nación, prácticamente en quiebra, y abogó por un entendimiento con sectores políticos hasta ahora marginados. A su salida del hospital, el almirante Merino inició contactos con los otros cuerpos de las, fuerzas armadas, y a principios de agosto, un total de 12 generales -tres por cada cuerpo y otros tres por los carabineros- expresaron a Pinochet el sentir de la oficialidad sobre su gestión.

Inicialmente reacio a la petición formulada por sus generales, el jefe del Estado la aceptó 24 horas más tarde y conversó con Jarpa para proponerle la jefatura de su gabinete. Jarpa dio su acuerdo de principio, pero luego intentó en vano retrasar su nombramiento hasta después de la cuarta jornada de protesta, del 11 de agosto. Pinochet le obligó a jurar el cargo la víspera, amenazándole con recurrir a Sergio Femández, un civil extremista, para hacerse cargo del Ministerio del Interior -las fuerzas armadas obligaron en agosto al presidente chileno a rectificar su política en un sentido tímidamente aperturista-. Pero de ahí a que impongan un cambio democrático queda mucho camino que recorrer.

Franco, el único modelo

"Pinochet", afirma un general retirado, "tiene un solo modelo: Franco, y una sola ambición, mantenerse en el poder a toda costa, y para ello ha organizado un extraordinario sistema de soplonaje militar". "La vigdancia a la que está sometida la oficialidad y su disciplina prusiana hacen casi imposible que surja aquí una especie de Unión Militar Democrática como la que existió en España en la última etapa franquista", observa el agregado militar.

Para el general Nicanor Díaz, "es tanto más difícil que las fuerzas armadas manden a Pinochet a su casa cuanto que el jefe del Estado se ha rodeado de generales mediocres, carentes de personalidad, incapaces de plantarle cara", pero muy bien pagados. "Todos aquellos", prosigue, "que podían hacerle sombra o que simplemente discrepaban con su política fueron llamados a retiro". "Ahi están apartados del Ejército los generales Torres de la Cruz, Arellano, Palacios, etcétera".