Los generales Harguindeguy y Videla serán procesados por "abuso de autoridad"

El primer presidente del Gobierno militar argentino después del golpe de estado de 1976, general Jorge Rafael Videla y su ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, serán procesados por "privación ¡legítima de la libertad y abuso de autoridad" en la causa que les sigue Carlos Menem, ex gobernador peronista de la provincia de La Rioja.

De acuerdo con el Código Penal argentino, si el juez les encuentra culpables les puede corresponder una pena de uno a dos años de prisión, además de una inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cualquier tipo de función pública. Menem fue detenido por segunda vez, después del golpe de Estado el 19 de septiembre de 1980, y trasladado a Las Lomitas, al noreste del país.El general Harguindeguy fue careado con González Arzac, abogado defensor del ex gobernador quien había presentado en su momento un hábeas corpus. Harguin deguy negó haber dicho en aquella ocasión "estoy tranquilo porque tengo a la justicia controlada".

Cuando el ex ministro del Interior salía del Palacio de los Tribunales en pleno centro de Buenos Aires y aseguraba ante los periodistas que se considera "un profundo demócrata" y que se siente "en paz con mi conciencia", un hombre bajo, grueso y alterado gritaba desde lejos "pregúntenle por qué no hizo detener a LópezRega, pregúntenle qué hizo con la plata que se llevó a Suiza".

El ultra Jorge Cesarsky fue reconocido en cuanto se acercó al grupo y le dijo a Harguindeguy: "Mi general, yo quiero al Ejército y lucho por el Ejército, pero quiero saber por qué no hizo detener a López Rega". El ex ministro dirigiéndose a los periodistas contestó: "No quiero entrar en diálogo con este señor porque conozco algunas cosas de él que no quiero ventilar en este momento".

Finalmente, los dos se alejaron por caminos distintos mientras el público que pasaba a esa hora por el lugar les gritaba "ladrones, ladrones".

Por otra parte, la Junta Militar derogó ayer las actas números 6 y 9 dictadas en marzo de 1976 por las que suspendía las actividades políticas y gremiales, medida que de hecho ya había dejado de ser efectiva desde hace tiempo.

En esa misma reunión los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas resolvieron normalizar la situación legal de la viuda de Perón.

En tanto, continuaron las reuniones del equipo de Pastoral Social de la Iglesia con políticos y empresarios para dar a conocer a todos los sectores la propuesta económica de emergencia que elaboraron las dos centrales sindicales ante la gravísima situación social que padece el país.