Denuncian un fraude de más de 1.000 millones de pesetas en el Instituto Nacional de la Salud de Guipúzcoa

Cinco directivos de la residencia sanitaria de San Sebastián y entre ellos, Enrique Rubio Lapoya, anterior director provincial de INSALUD, han sido apartados de sus cargos por la dirección de este organismo, tras el descubrimiento de un gigantesco fraude cuyo montante no ha sido determinado, si bien se barajan cantidades que superan considerablemente los mil millones de pesetas. Esta cifra supone más del 40% del gasto anual de INSALUD en la provincia de Guipúzcoa.

El fraude, en el que además de Enrique Rubio aparecen involucrados Rafael Trigo, jefe de mantenimiento de la residencia donostiarra, Miguel Martín, antiguo jefe de inspección, Oquiñena, jefe de suministros, y Agustín del Olmo, jefe de personal, quedó al descubierto durante la auditoría iniciada, hace más de un año por varios inspectores dependientes de la dirección general de INSALUD.El director provincial del INSALUD, Javier Yuste, manifestó ayer a EL PAlS que no esta demostrada todavía la responsabilidad en los hechos de las personas cuyos nombres han sido facilitados a diversos medios de comunicación, aunque confirmó la veracidad de los hechos denunciados.

La noticia del fraude ha sido filtrada por un empleado de INSALUD de Guipúzcoa, que ha facilitado a diversos medios de comunicación una serie de informes que estaban en poder del director de INSALUD de Guipúzcoa, Javier Yuste. La dirección de INSALUD niega estar relacionada con la publicación de estos informes, en un momento en que la investigación no ha finalizado. El jefe de mantenimiento, Rafael Trigo, es, hasta ahora, la única persona expedientada por INSALUD, puesto que los demás supuestos implicados continúan desarrollando sus labores administrativas.

En medios cercanos a la dirección de INSALUD no se cuestiona, sin embargo, la veracidad de las denuncias de corrupción que han tenido un eco escandaloso en toda la provincia. Estas misma fuentes afirman que las investigaciones que promueve desde hace meses el director de INSALUD de Guipúzcoa, Javier Yuste, fueron paralizadas por el anterior subdirector de asuntos generales, Alberto Arambarri, quien habría in tentado ocultar un acta de irregularidades levantada por los inspectores del INSALUD en mayo del pasado año.

Las irregularidades alcanzan a prácticamente todas las áreas de la actividad administrativa, desde la residencia sanitaria de San Sebastián a los conciertos gravosos con clínicas privadas y el fraude en la compra de suministros de alimentos y de medicinas. De acuerdo con los informes, las prácticas fraudulentas en las que habían participado igualmente otras personas no citadas, tienen su origen hace años en la época en que Manuel Sanz ejerció como administrador de la residencia sanitaria de San Sebastián. Todo indica que los supuestamente implicados en estas acciones habían llegado a un acuerdo con los proveedores del que ambas partes obtenían cuantiosos beneficios.

Productos alimenticios

El aspecto más aparatoso del conjunto de las irregularidades denunciadas se encuentra quizás en la compra de productos alimenticios, cuyos precios eran, en líneas generales, el doble de su valor en los mercados. Así, la residencia sanitaria donostiarra abonaba por una cantidad determinada de cordero 860 pesetas, mientras el precio de esta misma cantidad en el mercado se sitúa -según el informe- en 4.70 pesetas. Paradójicamente, la adquisición de estos productos no traía consigo una mejora en la calidad de la comida.El informe elaborado por el servicio de suministro -presumiblemente a petición de la dirección provincial del INSALUD-, muestra que el 90% de los pedidos se realizaban a comercios de venta al público, violando la norma que obliga a realizarlos a través de concursos. El cese de los supuestamente implicados ha significado, según el informe, un ahorro mensual en los suministros superior a un millón de pesetas.

Las irregularidades son igualmente una práctica cotidiana en el área de contabilidad: "No se reservaba el fondo de maniobra, ni los pagos pendientes de aplicación; ni existe constancia de los ingresos en caja a favor de la tesorería general. Tampoco se depuraban los sueldos de cuentas, ni siquiera al finalizar el ejercicio, con lo que se mantenían partidas atrasadas que se traspasaban de un año a otro", dice el informe. El caos contable se completa con las cuentas de proveedores y aprovisionamiento, de forma que no existe constancia de la realidad de las deudas contraídas ni de las verdaderas existencias en el almacén.

Los informes facilitados a la Prensa abordan, igualmente, una larguísima relación de actitudes y conductas que habían sido llevadas a cabo por los supuestamente involucrados en el fraude, en el que se confunden el nepotismo, la corrupción y hasta el robo de objetos y aparatos propiedad de la residencia donostiarra.

Se acusa a los altos directivos de adjudicar material a los proveedores de forma directa, de convocar concursos restringidos para empresas como Sumisan y Lorea -con las que algunos de ellos mantenían relaciones, incluso laborales- y de conceder la limpieza de los uniformes de los empleados a una empresa de tintorería, Garbi, uno de cuyos propietarios es, precisamente, Agustín del Olmo, jefe de personal de la residencia.