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No habrá plan económico cuatrienal definitivo mientras no se apruebe el Consejo Económico Social en las Cortes

En el año en curso, el Gobierno no aprobará el plan cuatrienal definitivo de la economía española, ya que el organismo capacitado para elaborarlo, según la Constitución, es el Consejo Económico Social, cuya ley de creación entrará en el Congreso de los Diputados el último trimestre del año. Así pues, lo que el Ministerio de Economía y Hacienda presentará en el próximo mes de octubre, junto a los Presupuestos Generales del Estado, será un preplan aproximativo del plan cuatrienal. Tanto para la elaboración de este último como del documento inicial que se prepara en estos momentos, los agentes sociales -patronal y sindicatos, entre otros- serán consultados, pero el resultado final no será consensuado. "No habrá otros pactos de la Moncloa", declararon fuentes autorizadas del Ministerio de Economía y Hacienda.

El artículo 131 de la Constitución afirma, en su segundo punto, que "el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley". Mientras se aprueba la ley del consejo (que previsiblemente se denominará Consejo Económico Social), la Secretaría de Estado de Economía y Planificación estudia un documento -el preplan- de carácter deslizante (es decir, que servirá de apoyo fundamental para el plan cuatrienal y que será actualizado en cada ejercicio), cuyo contenido tendrá dos partes fundamentales: las proyecciones a medio plazo de la economía española, con todas las alternativas posibles derivadas de la distinta evolución del escenario internacional, y un plan de reforma de las estructuras de la economía (mercado de trabajo, financiación de la Seguridad Social, empresa pública, política agrícola, presupuestos, impuesto sobre el valor añadido, política de transformación, etcétera), que tenderá a convertirse en el camino por el que ha de circular la política económica española a medio plazo.El hecho de que este documento no sea el definitivo de la planificación española en la legislatura no significa, según las mismas fuentes, que el preplan quede devaluado, toda vez que de él se podrán desprender las líneas maestras y la estrategia en, la cual la Administración socialista pretende desenvolver al país, al margen de los aspectos coyunturales. Los objetivos fundamentales del preplan son los siguientes:

- Crecimiento del producto interior bruto un punto o 1,5 puntos por encima de la media de los países europeos del área occidental.

- Reducir al máximo el diferencial de inflación con los citados países, y en el caso óptimo, dejar dicho diferencial en cero.

- Creación de los 800.000 puestos de trabajo definidos en el programa electoral del PSOE, lo que en un esquema tradicional significa crecer por encima del 4,5% en cada uno de los ejercicios a los que se circunscribirá el plan.

- Reducción progresiva del déficit de la balanza por cuenta corriente hasta conseguir equilibrarla al final del período.

- Disminución del déficit del sector público hasta situarlo en un 4% del PIB en 1.986.

Plazos y comunicaciones

El ritmo de elaboración del preplan es el previsto: el próximo día 20 entregarán sus documentos los distintos grupos de trabajo a la Secretaría de Planificación para que los haga homogéneos y evite las incoherencias. Se calcula, a menos de una semana de la fecha prevista, que alrededor de un 70% de los documentos cumplirá el plazo. Ello hace que parezca apresurada la fecha anunciada por el presidente del Gobierno, Felipe González -segunda quincena del mes actual-, para abrir las consultas a patronal y sindicatos sobre estos documentos. El director general de Coordinación del Plan, Alfonso García Santa Cruz, escribió cartas a los distintos agentes sociales a finales de abril, en las que se decía: "En el mes de enero, nos dirigimos a usted para comunicarle el propósito del Gobierno de iniciar una etapa de planificación, para lo cual contactamos con las diversas instituciones y organizaciones económico-sociales, buscando su colaboración y asesoramiento... Teniendo en cuenta que el tiempo no perdona y que para el día 20 de mayo queremos disponer de un borrador previo del plan económico, nos interesaría que antes de la fecha, nos enviaran sus aportaciones sobre los siguientes puntos: funciones y composición del consejo previsto en el artículo 131.2 de la Constitución; la produetividad; la política de reconversión y reindustrialización; los sectores productivos españoles y los problemas de integración en la CEE; la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa; la política de fomento a la exportación; los problemas de introducción del IVA; la negociación colectiva; cualesquiera otros ternas sobre los que considere oportuno dar una opinión". Lo etéreo y genérico de las peticiones ha hecho que los portavoces de algunas de las organizaciones que han recibido estas cartas califiquen de "irrisorio el intento de negociación" y de "falta de voluntad política del Gobierno para negociar el futuro de la economía española".Preguntadas acerca de estas críticas, fuentes oficiales declararon que Ios empresarios o sindicalistas que crean que el Gobierno pretende hacer unos nuevos pactos de la Moncloa y consensuar la política económica a medio plazo se equivocan. El presidente del Gobierno y los responsables del equipo económico ya han dicho en reiteradas ocasiones que el programa socialista se cumplirá, pese a que haya personas que ya han advertido que no lo apoyan, y será el Gobierno quien imponga su ritmo de cumplimiento".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de mayo de 1983

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