El Consejo costará 300 millones de pesetas anuales

El proyecto de ley de creación del Consejo Económico Social (CES) que define la Constitución está siendo elaborado a marchas forzadas por un equipo de funcionarios de los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social y del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El informe para la preparación del proyecto de ley afirma que la financiación del consejo correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que su coste aproximado puede estimarse entre 200 y 300 millones de pesetas anuales.El grupo de trabajo se constituyó a primeros del mes de febrero, y ha sido coordinado por el director general de Coordinación del Plan. El contenido del informe ha sido discutido por el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, el secretario general de Economía y Planificación y el director general de Coordinación del Plan, siendo ya conocido por el secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Según este informe, el Consejo Económico Social ha de ser un órgano consultivo y deliberante, "cuya finalidad más inmediata sería facilitar al Gobierno la planificación. Al mismo tiempo, serviría de plataforma o foro de discusión entre las instituciones y organizaciones en él presentes de cara a la concertación tanto social como entre el Estado y las comunidades autónomas y entre el sector público y el privado". En definitiva, la naturaleza del CES, según este informe, es la siguiente: órgano colegiado de naturaleza pública e independiente del Gobierno; asesor del Gobierno y colaborador con el mismo; consultivo y deliberante; adscrito a la Presidencia del Gobierno.

Las competencias y funciones previstas son las de informar previa y preceptivamente la ley del plan; informar, a petición del Gobierno, sobre aquellos asuntos que puedan incidir o verse influenciados, directa o indirectamente, por la planificación; informar, a iniciativa propia, sobre los asuntos que el CES considere afectados por la acción planificadora, tanto desde el punto de vista económico-social como territorial; recibir y transmitir al Gobierno las precisiones de las comunidades autónomas en materia de planificación; recibir las sugerencias y colaboraciones que las comunidades autónomas, organizaciones sindicales y empresariales y otras instituciones pueden formular en materia de planificación, y establecer las pautas generales de concertación, recomendando la misma sobre problemas concretos que puedan plantearse entre las partes afectadas.

El CES se compondrá, según el informe, de un presidente; 17 miembros designados por las comunidades autónomas; 17 miembros nombrados por el Gobierno; 6 a 8, a propuesta conjunta de los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social; 9 a 11 miembros provenientes del área económica, científica y cultural y del movimiento ecologista y de consumidores; 14 miembros designados por los sindicatos; 14 miembros designados por las organizaciones empresariales; 3 miembros designados por las cooperativas de trabajo asociado, y 3 miembros designados por las cámaras (Consejo Superioir de Camaras, cámaras agrarias y cofradías de pescadores).

En el CES han de estar presentes las instituciones y fuerzas sociales referidas en el artículo 131 de la Constitución. Éstas son los sindicatos y las organizaciones empresariales, profesionales y económicas (no se incluyen los colegios profesionales). Las comunidades autónomas podrían no estar presentes en el CES, pero tampoco se prohíbe su presencia. Éste es uno de los puntos en los que existe mayor polémica. El grupo de trabajo se ha inclinado por incluirlas en el CES, ante la falta de canales y órganos que cubran suficientemente las necesidades en relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El grupo ha entendido que el Gobierno también debe estar representado.