Menor violencia institucional en El Salvador debido a una represión mucho más selectiva

Ronald Reagan ha convertido el respeto a los derechos humanos en una mera cuestión matemática: en 1981 hubo en El Salvador 12.000 asesinatos políticos; el año pasado se registraron 4.400, luego ha existido una mejoría. La certificación del presidente norteamericano choca con la opinión mayoritaria de los Gobiernos del mundo, representados en la Asamblea General de Naciones Unidas, que el pasado mes de noviembre condenó al Gobierno salvadoreño por quinta vez en los últimos tres años.

El descenso en las estadísticas de la violencia institucional no obedece a un cambio en el proyecto político-militar del Gobierno salvadoreño, sino a una mayor selectividad en la persecución de sus opositores. Matando menos consigue el mismo efecto de terror, pero en cualquier caso la máquina represiva sigue intacta, despuesta a satisfacer puntualmente las exigencias del sistema. Las leyes de excepción que subordinan los derechos individuales a la seguridad nacional son las mismas, los tribunalel siguen incapacitados de hecho para perseguir a los drimínales y los escuadrones de la muerte actúan con total impunidad, conscientes de ser una prolongación sin uniforme del máximo poder, el Ejército.En materia legal, el decreto de estado de sitio, que se renueva desde marzo de 1980, anula las libertades individuales y los derechos colectivos, sometiendo la vida civil a parámetros cuarteleros. El decreto 507 permite que cualquier hecho pueda conceptuarse como subversión o crimen contra el Estado, al tiempo que somete tales delitos a tribunales militares. El sistema judicial se ha convertido de hecho en un rehén de la teoría suprema de la seguridad nacional.

Falta de condenas

El embajador norteamericano en San Salvador, Deane Hinton, nada sospechoso de connivencia con la guerrilla, denunció en octubre la falta de un sistema judicial que condene a los responsables de tantos crímenes ocurridos en el país. Dijo que desde 1079 unos 30.00 salvadoreños han sido asesinados, sin que hayan llevado a los tribunales más de 1.500 casos de delitos contra la persona y de ellos menos de doscientos se saldaron con la condena de los acusados.Ni siquiera un caso como el de las cuatro monjas estadounidenses asesinadas en diciembre de 1980 ha sido juzgado hasta ahora, pese a que Hinton lo ha convertido más de una vez en piedra de toque para que el Gobierno salvadoreño demuestre su disposición de respetar los de4echos humanos. Se tiene información suficiente sobre los instigadores y autores materiales, pero el caso continúa en el limbo de los pasillos judiciales.

El arzobispo de San Salvador, Arturo Ribera, decía recientemente en una de sus homilías dominicales que cada día está más clara la identificación de los "hombres de civil fuertemente armados", que se citan en cada caso de desaparición o matanza. Se preguntaba a continuación: "¿por qué la autoridad tiene que despojarse de su uniforme para cumplir su misión?". La mejoría que Reagan certifica le costó a EI Salvador en 1982 más de 4.400 muertos civiles, un promedio diario de doce. Al menos doscientos cadáveres aparecieron decapitados, y 232 más torturados. Otras mil personas fueron capturadas, sin que hayan ingresado en la cárcel de Mariona más de 171.