Los propietarios de diarios incautados en la guerra aún esperan una reparación
A cinco meses de la sublevación encabezada por el general Franco, un decreto dictado en Burgos de claraba ilícita "la producción, el comercio y la circulación de periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos, o de literatura socialista, comunista, libertaria y en general disolvente". Ni los cinco diarios que publicaba la Sociedad Editora Universal, ni la revista de la misma empresa dedicada a figurines de moda), podían catalogarse en las cuatro primeras categorías. Los encargados de la incautación consideraron que se trataba de publicaciones "en general disolventes" y estaban incursos en la última.Sin embargo, la tarea de otorgar apariencia de legalidad a la operación efectuada con las armas en la mano no se agotó hasta el 24 de marzo de 1947, ocho años después de la victoria.
El Heraldo de Madrid y El Liberal habían sido incautados por vía de hecho cuando los soldados de Franco rompieron el cerco de Madrid. Muchos de sus redactores se exiliaron. Manuel Rosón, el último director del vespertino El Liberal, no quiso abandonar España, lo que le permitió conocer las cárceles de la posguerra. Hoy, Rosón, madrileño de 84 años, recuerda con un temblor aquellas escenas.
-Tenía un pasaporte en regla, válido para todo el mundo menos para Rusia, como se decía entonces. Días antes de la llegada de los fascistas visité a Julian Besteiro en los sótanos de lo que luego fue Ministerio de Hacienda. Hacía mucho frío. Había una estufa de carbón. Le comenté a don Julián que ya tenía el pasaporte preparado y él me miró a los ojos y me interrogó. "Pero Rosón, ¿ha matado usted a alguien, ha robado, ha cometido algún delito del que deba arrepentirse. Yo creo que no he hecho nada de eso, y desde luego, no pienso moverme de aquí".
El pasaporte de Rosón se consumió entre las brasas de la estufa de aquel sótano. El último artículo de fondo que salió de su pluma, redactado en la madrugada del 28 de marzo de 1939., cuando los grupos de partidarios de Franco se agrupaban ya por las calles de la villa y corte para desfilar brazo en alto, se tituló Ni una gota más de sangre. El director permaneció en las instalaciones hasta que se cerró la magra edición de dos páginas a la que obligaban las restricciones de papel.
El destino de la maquinaria y las instalaciones de El Liberal y El Heraldo de Madrid (este último con más de trescientos mil ejemplares de venta en 1936) fueron cedidas en alquiler al falangista Juan Pujol, que se apresuró a fundar un nuevo diario, con la cabecera Madrid. El precio eran 750 pesetas mensuales por el edificio de los periódicos incautados y 14.250 por la maquinaria y utensilios de los talleres, más la tercera parte de los beneficios de explotación. Con el correr de los años, Pujol consideraría oportuno devolver estos bienes al Nuevo Estado, lo que le liberaba de cualquier responsabilidad, y trasladaría el periódico a un nuevo edificio con maquinaria más moderna, adquirido en gran parte gracias al excelente rendimiento de los despojos de guerra. Estas instalaciones más recientes son las que, después de la clausura del periódico, orientado en una línea democrática por Rafael Calvo-Serer y Antonio Fontán, clausuró y dinamitó, en el más literal sentido del término, el entonces ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella.
Como especificaban con claridad los sucesivos decretos, la incautación por el Movimiento Nacional se refería a los útiles y bienes de las empresas editoras, no a las sociedades en sí mismas. En consecuencia, el Estado se, apropiaba del activo de cada empresa, pero no del pasivo. Los accionistas o propietarios tuvieron que hacer frente a las deudas contraídas, al pago de intereses financieros y a la amortización de los créditos.
El 28 de enero de 1947 el letrado Joaquín Ruiz Jimenez, vinculado sentimentalmente, a la Sociedad, Editora Universal por la participación de su padre en la empresa, presentó a FET y de las JONS un requerimiento notarial en el que reclamaba los bienes pertenecientes a la firma. La osadía de los propietarios de aquella Prensa "en general disolvente" quedó sin respuesta, aunque motivó una orden del Ministerio de Educación Nacional otorgando legalmente los bienes de El Heraldo de Madrid y El Liberal a FET y de las JONS, que ya los detentaba de hecho. Por ello, cuando Ruiz Jiménez se dirigió también al Ministerio de Educación para reclamar la devolución, sus rectores alegaron que el asunto había pasado a' otra jurisdicción y se inhibieron.
La esperanza renovada
La sociedad continuó existiendo. Un Consejo de Administración, designado en la Junta de Accionistas del 22 de mayo de 1950, reiteró las gestiones ante los sucesivos delegados nacionales de Prensa del Movimiento. Guillermo Busquets, doctor en derecho y heredero del paquete mayoritario de acciones, recuerda su peregrinaje por entre la parafernalia fascistoide de los despachos oficiales, que ocupaban Raimundo Fernández Cuesta y otros dirigentes.
-Juan Aparicio llegó a decirme: "Es usted un incordiante. A ver, le doy una revista y me deja tranquilo de una vez". Debía pensar que como catalán estaría dispuesto a cualquier negociación con resultado práctico inmediato, pero a mi me interesaba sacar los periódicos de nuevo. Estaba ilusionado con el papel que, pensaba entonces, podrían jugar en la España democrática.
El final del prolongado túnel, cuyos jalones para los responsables de Sociedad Editora Universal representaron catorce reclamaciones y acciones legales o administrativas documentadas, les resultó decepcionante.
-Yo no soy político. Me considero simplemente un profesional del derecho, liberal, eso sí, dice Busquets. Pero la respuesta más dura que he escuchado en todos estos años procedía de un diputado elegido en el nuevo régimen. "No hay que darle más vueltas", vino a decir Guillermo Medina, que por entonces era de UCD, "aquellos derechos han prescrito".
Para Busquets "son los socialistas y comunistas, por paradójico que pueda parecer, los únicos que han defendido el derecho a que se restituya la propiedad que se nos arrebató; por eso ahora estamos a la expectativa, tenemos esperanza de nuevo". Y exhibe varios ejemplares del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, con intervenciones de parlamentarios. socialistas durante el debate de la ley de privatización de los periódicos del antiguo Movimiento Nacional subrayadas a lápiz. Leopoldo Torres Boursault, que calificaba de "auténtico botín de guerra" los diarios incautados, advertía sobre la presentación de un proyecto de ley que reparase las injusticias derivadas de la guerra civil en cuanto cambiara la mayoría y añadía, dirigiéndose a los diputados de UCD: "Nadie de los futuros adquirentes de esos medios de comunicación social del Estado que ustedes van a enajenar podrá argüir después ( ... ) buena fe en la adquisición de unos bienes subastados en estas condiciones".
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