Bolivia: el régimen militar tiró la toalla

Una "humilde propuesta" para normalizar la vida política boliviana apareció publicada, a finales del pasado mes de julio, en la sección de cartas al director del diario Ultima Hora de La Paz. El anónimo comunicante, que firmaba con el seudónimo de Marcial Pedrazas, aseguraba haber encontrado la fórmula mágica para acabar con el intervencionismo militar y la cadena de golpes de estado en el país andino.Partiendo de la constatación empírica e irrefutable de que en Bolivia "todo militar que ha llegado a coronel o general se cree automáticamente presidenciable", argumentaba el lector, "deberíamos separar la Presidencia de la República de las estructuras de Poder y de Gobierno".

Este nuevo cargo de Presidente, con funciones más bien ceremoniales, sería entonces otorgado "por el lapso de treinta días cada vez, y por orden rigurosamente jerárquico, a todos los militares que hubiesen llegado al grado de coronel, o su equivalente en el caso de la Marina".

"Los otros oficiales, tanto pre-presidenciales como pos-presidenciales, se dedicarían finalmente a sus tareas tradicionales, como el patrullaje y vigilancia de nuestras fronteras... Así, satisfechas las ambiciones, se eliminaría (o controlaría) esa fiebre presidencialista en nuestras fuerzas armadas y se permitiría al país empezar una eta pa legal y de trabajo productivo".

Una nueva etapa de legimitidad democrática. se abrió en Bolivia el pasado diez de octubre, aunque por vías bien diferentes de las ima ginadas por el sarcástico lector de Ultima Hora.

Tras una desastrosa gestión, que acentuó los graves problemas económicos del país y sumió a éste en la crisis más profunda de su azarosa historia, los herederos del régimen militar impuesto a sangre y fuego por el general Luis García Meza en el golpe de estado del 17 de julio de 1980, entregaban el poder a los civiles y anunciaban su regreso a los cuarteles. Se cerraba así también un período de dieciocho años de irregularidad constitucional salpicados de golpes de estado.

"Cuando dieron el golpe de julio de 1980 hablaban de un período de veinte años de gobierno. Después, cayó García Meza y el general Torrelio habló de una etapa de tres años; más tarde llegó el general Vildoso, quien ya se conformaba con un lapso de nueve meses, hasta las elecciones que se convocarían en abril del año próximo. Tampoco pudo continuar. La presión popular, la huelga general, le obligaron a dejar el poder a los ochenta días y devolvérselo al Congreso Nacional elegido en 1980 para que éste designara al presidente y al vicepresidente de la República", comenta un diputado de Unidad Democrática y Popular (UDP), la coalición en el poder.

Compañero presidente

La gente bailó y cantó en los barrios populares de La Paz durante la noche del ocho de octubre, cuando Siles Zuazo regresó de su exilio de dos años en Perú, para hacerse cargo del poder, y recibió una multitudinaria bienvenida. Los mineros, los campesinos que se habían desplazado a La Paz para el acontecimiento, portaban pancartas en las que se leía "Compañero presidente". El espíritu del cambio estaba presente esa noche en las empinadas calles de la capital boliviana corno lo estaría dos días más tarde, durante la ceremonía de traspaso de poderes. Siles pidió cien días de plazo para aliviar la situación económica y desmantelar la corrupción, relacionada esencialmente con el tráfico de cocaína.

Pasada la euforia inicial, el presidente Hernán Siles Zuazo, de 69 años, y el vicepresidente Jaime Paz Zamora, de 43, deberán enfrentar, desde posiciones escasamente sólidas, importantes desaflos: la crisis económica, el hambre, el subdesarrollo, el tráfico de narcóticos... El país que heredan del régimen militar tiene una deuda externa de 3.850 millones de dólares y una inflación anual de casi un 800%. Las arcas estatales están vacías y en los mercados, en las pulperías (almacenes) de las minas, faltan productos de primera necesidad. La frágil democracia boliviana tiene sin duda días difíciles ante sí.

"La situación es buena en el sentido de que hemos salido de una pesadilla", dice un influyente periodista paceño. "Pero no hay que olvidar que la cúpula militar, los jefes de las fuerzas armadas nombrados por Siles, aun con ser poco sospechosos de golpismo, trabajaron con normalidad durante la dictadura, cuando aquí se mataba, se torturaba, se traficaba con cocaína desde el Gobierno..."

Simón Reyes, uno de los líderes históricos del movimiento obrero boliviano, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, se muestra optimista: "Creemos que se puede estabilizar esta democracia. Y si hay obstáculos, los combatiremos".

En un salón del recién reabierto Palacio del Congreso, Simón Reyes, que es diputado por el Partido Comunista de Bolivia y secretario de relaciones exteriores de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), recuerda que la actitud de este sindicato al convocar la huelga general política fue decisiva para la caída de la dictadura militar. "La COB no va a frenar las justas reivindicaciones de los trabajadores, pero tampoco va!a hacer peticiones fuera de la realidad", asegura.

La presión social en un país que es el segundo más pobre de América Latina, después de Haití, donde el hambre es una triste realidad cotidiana y donde ganar un sueldo de 250 dólares anuales (unas 28.000 pesetas) es algo común, cuando no afortunado, puede suponer una amenaza para el recién inagurado régimen democrático. El vicepresidente y líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, declaró a EL PAIS que su gobierno . no tiene nada que ocultar a los trabajadores" y que, por consiguiente, no teme las reivindicaciones obreras. Para Simón Reyes, los trabajadores son conscientes y no quieren un aumento de salarios que sea devorado enseguida por la subida de precios.

El Partido Comunista de Bolivia (PCB) forma parte de la coalición gubernamental UDP y tiene en el nuevo Gobierno dos carteras, las de Trabajo y Minería. De línea abiertamente prosoviética, sin demasiados electores, pero con gran implantación entre los mineros, el PCB corre el riesgo de "desgastarse" en su recién iniciada gestión gubernamental. Simón Reyes no se siente preocupado por este aspecto: 1os trabajadores conocen nuestra historia y saben que formamos parte de un frente político, saben que hemos luchado para formar Gobierno, y que ahora lo somos. También somos conscientes de que enfrentamos una tarea muy difícil, pero estamos dispuestos a luchar. ¿La amenaza de un golpe militar? Claro que existe, pero esta vez el pueblo no se defenderá sólo desde abajo. También lo defenderemos desde el poder".

Salarlo mínimo vital

En el antiguo edificio de Patiño Mines Co., hoy sede de: la empresa estatal Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), Guillermo Dalence, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, se declara optimista tras la caída de la dictadura militar: "las cosas van a mejorar y se va a resolver el problema económico del país y también el de los mineros". La reivindicación básica de los trabajadores de las minas es el salario mínimo vital con escala móvil, un sueldo que permita vivir dignamente, en condiciones humanas, a una familia media.

"No nos llamamos a engaño; somos conscientes de que este es un objetivo a largo plazo y que no podemos obtenerlo de una sola vez. Hicimos un estudio a iriediados de año en que fijábamos ese salario mínimo en unos 12.000 pesos bolivianos mensuales (7.000 pesetas aproximadamente al cambio libre), pero esta cifra se tia quedado pequeña con la inflación galopante que sufrimos. Habrá que revisarla, ajustarla al nuevo coste de la vida", añade.

La ayuda económica y el respaldo político internacional serán fundamentales ante las graves dificultades que acechan al nuevo Gobierno boliviano. Los primeros indicios fueron alentadores, cuando los presidentes de tres países vecinos, Perú, Colombia y, Ecuador, todos ellos con democracias apenas recién restauradas, asistieron a la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. La lluvia cayó implacablemente esta tarde del diez de octubre sobre la plaza de Murillo, el corazón histórico de la capital boliviana. Ello no impidió que decenas de millares de personas se congregaran allí para vitorear a S lles y Paz Zamora y para expresar, de manera inequívoca y ruidosa, su oposición al ejército. Silbidos, abucheos e insultos irreproducibles acogieron el desfile de las fuerzas que rendían honores al nuevo presidente frente al histórico Palacio Quemado, testigo de ínurnerables golpes de estado.

Estuvieron presentes unas cincuenta delegaciones extranjeras y hubo coincidencia casi generalizada en alabar a la nueva democracia boliviana. El presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, llevado quizá por su entusiasmo, habló ante el Congreso boliviano más tiempo que el propio presidente Siles Zuazo. Hizo una larga exposición histórica, en la que se le olvidó citar a España, y sus palabras no gustaron demaisiado a la delegación de Ecuador, lo que fue uno de los motivos principales para que no se firmara la anunciada declaración de La Paz, un documento ensalzador de la democracia como sistema de gobierno en América Latina que iba a ser rubricado por los países del Pacto Andino.

Las buenas palabras comenzaron con el representante de la Comunidad Económica Europea, que anunció una ayuda inicial y no precisamente generosa de ocho millones de dólares. Demasiado poco para un país que debe ya cerca de 300 millones solamente en intereses y servicios de la deuda externa. Siles Zuazo y Paz Zamora comenzarán a viajar en los próximos días