El caso Lemóniz

IBERDUERO HA paralizado las obras de la central nuclear de Lemóniz. La razón se debe a la falta de garantías para que se respeten las vidas del personal que trabaja en la realización del proyecto. Esta decisión acarrea, con carácter automático, la pérdida de los puestos de trabajo para quienes pertenecían a la plantilla de las empresas constructoras de la central. En definitiva, más paro. También la industria suministradora de bienes de equipo del País Vasco pierde un lote de contratos que, a razón de 10 a 15.000 millones de pesetas anuales, aportaba un complemento fundamental en esta situación de crisis de las inversiones.A medio plazo la renuncia a una relativa independencia energética deja desguarnecida una zona industrial que dependerá de suministros externos, probablemente caros y, en ocasiones, escasos. Si, además, ETA consigue imponer sus condiciones, la desconfianza en la fortaleza de las instituciones políticas acelerará la huída de las industrias hacia otras regiones menos conflictivas y más tranquilas.

El pasado mes de marzo, con la firma de una declaración conjunta del Gobierno Central, del Gobierno Vasco e Iberduero se daba un paso necesario para la puesta en funcionamiento de Lemóniz. La propiedad de la central correspondía a Iberduero, en tanto que una sociedad de gestión del propio Gobierno Vasco se haría cargo del funcionamiento de las instalaciones. Se decidía, así mismo, la segregación de la central nuclear del patrimonio de Iberduero, constituyéndose en una sociedad independiente.

Las dificultades políticas habían ido siendo superadas. En efecto, la comisión de encuesta nombrada por el Parlamento Vasco, en junio de 1980, presentaba a fines del pasado año ante el Pleno del Parlamento su dictamen favorable. En él se declaraba por un lado, la necesidad de la central y, por otro, el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad. Es decir, que con el dictamen de la comisión y la declaración conjunta Lemóniz quedaba legitimado por las autoridades del País Vasco. Sin embargo, el asesinato por ETA Militar de Angel Pascual Múgica desbarataba todos los planes. La actual paralización de las obras confirma que la situación es muy grave. Una sociedad anónima es impotente para responder ante el terrorismo de ETA y esto supone pasar el testigo de la responsabilidad a las instituciones políticas. En estas circunstancias sería una equivocación que el Gobierno Vasco o el Gobierno Central se permitiesen la fácil tentación de seguir ocultando su responsabilidad detrás de la fachada de Iberduero. Ninguna empresa mercantil, es decir, ninguna institución desprovista de la soberanía del Estado pueden y deben ejercitar la fuerza para conseguir sus objetivos. Iberduero no puede estar en guerra con ETA. Esta es una tarea del Estado a través del Gobierno Central y del Gobierno Vasco a quienes corresponde encontrar la solución que haga prevalecer la autoridad sobre un grupo armado dispuesto a imponer sus objetivos. Y aunque la LOAPA u otros temas merezcan circunstancialmente una atención prioritaria y dividan al Gobierno Central y al del País Vasco, la falta de una solución al caso Lemóniz no puede posponerse indefinidamente.

Por lo pronto, unas obras inmovilizadas del orden de los 225 mil millones de pesetas suponen ya un encarecimiento del coste de kilowatio en futuro y de modo inmediato significa el paro de los 1.500 trabajadores ocupados en las obras de la central nuclear. Pero además la renuncia a la energía nuclear en el País Vasco significaría una discriminación para el resto de los españoles. No es posible en este terreno establecer diferencia alguna y no pueden las autonomías ricas aspirar a colonizar a las pobres, exportando hacía los eventuales riesgos de una energía nuclear de cuyos frutos, en cambio, se beneficiarían.