_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Alexander Haig, con los dedos en la trampa

Gran parte de la opinión pública estadounidense se pregunta a sí misma: ¿Es que no somos capaces de hacer algo correcto? Si apoyamos al Gobierno argentino, somos criticados; pero si le imponemos sanciones, somos igualmente criticados. El autor propone apoyar al pueblo para que recupere la soberanía sobre su propio destino y, de paso, la de las Malvinas.

Durante la Administración Carter, la violación de los derechos humanos había sido la causa del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina; en cambio, la presente Administración ha aceptado gustosamente la explicación de que técnicamente no hay personas desaparecidas en el país para reanudar las relaciones hasta convertir a Argentina en el aliado más seguro del hemisferio.Por esta razón, la Administración Reagan fue severamente criticada por la comunidad democrática de América Latina. Con el desarrollo de la presente crisis en el Atlántico sur, las relaciones entre Argentina y Estados Unidos han vuelto a deteriorarse, sin que ello haga disminuir las críticas por parte de los demócratas de Latinoamérica. No es arriesgado opinar que el primer error de Alexander Haig fue justamente su alianza con los militares que ostentan el poder en el país del Plata.

Desde nuestro punto de vista, una clarificación debe ser hecha. Apoyar la soberanía argentina sobre las Malvinas no implica aceptar e¡ régimen militar de Galtieri o estar de acuerdo con el uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales. En la última semana de abril, los líderes de la oposición democrática del Cono Sur (incluido el autor), todos ellos conocidos por sus posiciones contrarias a la dictadura, firmaron un documento apoyando la reclamación argentina de su soberanía sobre las Malvinas. Nuestra decisión era perfectamente coherente con el pueblo argentino congregado en un acto de masas frente al balcón presidencial, que recibió al general Galtieri con gritos de "¡Malvinas, sí; dictadura, no!".

En tan sólo unas pocas semanas, la posición argentina, para quienes trazan la política exterior de Estados Unidos, ha pasado de ser un firme amigo a un régimen informal e intransigente. Pero, ¿qué credibilidad puede inspirar ahora Estados Unidos al criticar a Argentina por el hecho de ser una dictadura? En 1980 Argentina participó en la trama de un golpe de Estado en Bolivia, y recientemente ha sido empujada por Washington a intervenir en los asuntos internos de las naciones de América Central. Ahora, cuando la acción es en contra del Reino Unido, Washington la denomina una agresión. Es lógico que Haig se encuentre de pronto aislado en la Organización de Estados Americanos y que la pregunta de si en América tenemos derechos de segunda clase, sea contestada por el propio peso de las evidencias.

La mediación que protagonizó el equipo encabezado por Alexander Haig vuelve a revelar la concepción absolutamente errónea de su política hacia América Latina. Ha quedado demostrado que Haig esperaba que Argentina aceptase sus puntos de vista así, sin más. La misma incapacidad para entender a sus socios del resto de América quedó clara en el fracaso de Washington para entrever el apoyo de las otras naciones americanas a la posición argentina con respecto a la aplicación de lo previsto por el Tratado de Río. En esas circunstancias ha perdido el timón en la OEA. Sus relaciones con Argentina, a quien había elegido para jugar un papel clave en América Central, se han deteriorado quizá irreversiblemente, y por todo esto sus opciones para la aplicación del Tratado de Río en los futuros conflictos en América Central se han reducido.

Trabajo sucio

Las políticas que promueven democracias son siempre recomendables. Es evidente que con la presencia de un Gobierno legítimamente popular en Argentina hubiera hecho más difícil eludir la inmediata conclusión de las negociaciones por parte británica. Un Gobierno popular inclusive hubiera sido más seguro para Estados Unidos, hasta en el supuesto de que no hubiera ejecutado el trabajo sucio que Galtieri esperaba hacer en América Central.

Si Washington no hubiera empujado a Argentina hasta quedar envuelta en los asuntos internos de otras naciones del continente, y si la Administración Reagan no hubiera apoyado otras dictaduras militares como las de Chile y Uruguay, el secretario Haig hubiera tenido más credibilidad como mediador. Credibilidad que le hubiera permitido influir más decisivamente para frenar una escalada que iba a perjudicar la propia posición estadounidense en el contexto americano. Si hubiera entendido que anticolonialismo y amor por la libertad y la independencia tienen un significado inseparable para los pueblos de Latinoamérica, podía haber tenido más confianza en la doctrina Monroe y, por tanto, más predispuesto a defender "América contra las potencias extracontinentales". Y la conclusión más sangrante es que si Estados Unidos no se hubiera equivocado una y otra vez, las perspectivas de haber arribado a una solución pacífica podrían haber sido mucho más sólidas.

Nosotros, los latinoamericanos, amamos la paz, la democracia y la independencia. Nos sentimos agraviados cuando los británicos ocupan territorios latinoamericanos o cuando Estados Unidos interviene apoyando a regímenes represivos, o cuando generales como Galtieri gobiernan sus países mediante el uso de la fuerza, la represión y el asesinato.

No dudamos en apoyar el llamamiento argentino -no de Galtieri- para que sea internacionalmente reconocida su soberanía sobre las Malvinas. Y no dudamos en apoyar al pueblo argentino en su lucha por ganar completamente el derecho soberano a ser el dueño de su propio destino.

Juan Raúl Ferreira es presidente de Convergencia Democrática en Uruguay, y es director en Washington de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, con base en Quito.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_