Los criterios europeos, difíciles de aplicar en España

."España comparte plenamente los criterios de los organismos europeos en materia de protección del patrimonio histórico-artístico, pero en la práctica se encuentra con una grave dificultad: la escasa aplicación de recursos económicos a este cometido". Según Merino Cáceres, representante del Ministerio español de Cultura en el Comité de Monumentos y Sitios del Consejo de Europa, los problemas económicos no son sólo problema del Estado español, puesto que el propio Consejo de Europa no tiene apenas presupuesto para poner en práctica estas actividades.

Este problema de la aplicación de las recomendaciones se agudiza, si cabe, en España, dada la cantidad de monumentos que existen en este país, que, junto con Italia y Grecia, representa uno de los más ricos "almacenes" en Europa de bienes culturales. La inserción de España en la preocupación europea por la conservación del patrimonio cultural común no es muy antigua. En 1975, dos años antes de que España entrara de pleno derecho en el Consejo de Europa, comenzaron a trabajar delegados españoles en la Comisión de Cultura del Consejo de Europa. En 1977 los españoles comenzaron a ser también coprotagonistas de las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de patrimonio.

Doctrina europea

"Desde entonces", aclara Merino Cáceres, "España ha participado en la construcción de la doctrina sobre la conservación del patrimonio histórico- artístico que ha emanado del Consejo de Europa, doctrina que compartimos plenamente, aunque existan dificultades materiales para su aplicación".

"No hay que perder de vista", explica el funcionario español, "que el propio Consejo de Europa no es un instrumento de financiación como han creído algunos españoles. Sé de algunos casos de españoles que se han dirigido a este organismo en demanda de ayuda económica, como aquel cura de un pueblecito que escribió una carta al presidente del Consejo de Europa pidiendo dinero para restaurar la iglesia del pueblo, o aquel otro caso de un gobernador civil que también ha solicitado una fuerte ayuda de este organismo para hacer frente al deterioro de los monumentos de su provincia".

Según Merino Cáceres, las normativas que aparezcan ahora o estén a punto de hacerlo en España deberán también homologarse a la doctrina europea en materia de conservación del patrimonio. Parece que el Gobierno ha tenido en cuenta estas recomendaciones en el proyecto de Ley del Patrimonio Histórico-Artístico, que envió el Gobierno al Congreso de los Diputados el 14 de septiembre del año pasado y que está esperando todavía el primer trámite de ser estudiada y debatida por la ponencia. El proyecto de ley del Patrimonio no se encuentra entre las prioridades legislativas marcadas por el Gobierno, por lo que no será debatida en el pleno por lo menos hasta la próxima legislatura.

Paralelamente unas veces y otras en colaboración con el Estado, funciona en España una asociación privada, convocación europea, que se dedica a la defensa y conservación del patrimonio. Se trata de Hispania Nostra, sección española de Europa Nostra. Esta asociación, aunque de carácter privado, está estrechamente ligada a la Sección de Cultura del Consejo de Europa y colabora con este organismo en una serie de preocupaciones comunes. La filosofía o la última razón de ser de Hispania Nostra es, según su vicepresidenta, Carmen Ortueta de Salas, la necesidad de que todos los ciudadanos tomen conciencia de que el patrimonio cultural pertenece a todos los ciudadanos y a todos corresponde el conservarlo. "La protección de los monumentos y de su entorno no puede ser únicamente competencia de la UNESCO, del Consejo de Europa y de otros organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales. En Hispania Nostra queremos implicar a todos los ciudadanos en la conservación de los bienes culturales".

Para la vicepresidenta de Hispania Nostra es fundamental contar con leyes protectoras del patrimonio que permitan la acción directa del Estado, pero que también faciliten la participación de los particulares, para lo que habría que contar, entre otras, con una serie de medidas fiscales o de ayudas que no sólo favorezcan a los que más tienen, sino también "a esas personas que no pueden arreglar una casa de gran valor histórico o artístico porque carecen de medios".