El Plan de Prevención de la Subnormalidad carece de presupuesto para 1983

El Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad podría morir antes de nacer, pues al parecer no existe previsión de fondos para su aplicación durante 1983. El Consejo Nacional de Prevención de la Subnormalidad, del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, inspirador del citado plan, ha advertido a la Administración de este peligro, sugiriendo que el presupuesto del plan para 1983 se incluya dentro de los Presupuestos Generales del Estado de ese año.El plan, teóricamente iniciado en 1978, ha realizado sus primeras actuaciones en 1980 y 1981. La financiación del plan, en su momento, quedó prevista para un período de cuatros años, mediante la tasa de juego. Ese dinero -cuya cuantificación y destino ni siquiera conoce el Consejo General de Prevención de la Subnormalidad- ha sido gestado por el Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS). Las escasas actividades preventivas de la subnormalidad realizadas hasta la fecha no han consumido los presupuestos de los años 1979, 1980 y 1981, pero los fondos sobrantes no son recuperables, pues al parecer se invirtieron en otras actividades del FONAS. La financiación prevista del plan preventivo de la subnormalidad termina este año, 1982. Los presupuestos para el plan dejaron de ser canalizados por el FONAS en 1981, año en el que la Dirección General de la Salud Pública, responsable de la ejecución del plan, pudo hacer algo más. Las dificultades en la administración de los presupuestos y los constantes cambios de equipos rectores en el Ministerio de Sanidad han sido base de justificación de los retrasos.

El esperado plan no termina de arrancar, según señala el Consejo de Prevención de la Subnormalidad, órgano encargado de elaborar anualmente la planificación de las actuaciones, cuya realización o no compete decidir a la Administración. El entramado de dificultades o anomalías que marcan la lentitud de este plan presenta datos como este: a pesar de la existencia de una cláusula por la que la Administración se obliga, aunque sin carácter vinculante, a informar al Consejo General de Prevención sobre el gasto en dichas actuaciones, hasta 1981 no ha pasado ninguna información al respecto a dicho consejo, según aseguran los responsables del mismo.

Otra de las cuestiones que enrarecen la marcha del plan es la posibilidad de ruptura de su sentido unitario a nivel nacional. Al parecer, por un error de la Administración, en el paquete de transferencias sanitarias recibido por Cataluña entró su supuesta parte del Plan de Prevención de la Subnormalidad, absorbiendo un 18,78% del presupuesto nacional. Este asunto plantea ahora problemas por cuanto el plan de prevención se entiende a nivel estatal y no como objeto de transferencias a las comunidades autónomas.

El síntoma más acusado de la irregularidad del desarrollo de este plan es el hecho de que la participación en el mismo por parte del sector público de la sanidad tenga todavía un carácter voluntarista. Transcurridos tres años desde que el plan nació en el papel, aún no existe una normativa que implique obligadamente a la sanidad estatal en el mismo. El sistema de actuación se rige aun mediante conciertos voluntarios por parte de los distintos centros sanitarios interesados en colaborar en una u otra materia preventiva de las contempladas por el plan. Más aún, según datos del consejo preventivo, se da la circunstancia de que en una materia tan importante como los resultados de necropsias, para investigar causas de mortalidad o morbilidad, la respuesta de los centros hospitalarios ha sido bajísima. "¿Va a resultar que no se hacen necropsias o que se hacen mal o que no hay interés en facilitar esa información? Es sorprendente, si no indignante, un fenómeno como este?", plantea el doctor José Zamarreño, presidente del consejo preventivo.

En su opinión personal, "es un extraño lujo el que se permite un país como España, al gastarse tanto dinero en hacer que la gente malmuera y no invertir en que los seres humanos nazcan bien". "Nacer bien", apostilla en ese sentido Antonio Núñez, secretario del real patronato, "es el primer derecho del hombre. Después podemos hablar de lo demás, y, sin embargo, se olvida". "España se permite mantener una mortalidad infantil del veintiocho por mil. Sabemos que es dificil llegar a lograr el ocho por mil de Suecia", señala el doctor Zamarreño, "pero también sabemos que cualquier intento en esa dirección es rentable".