Pinochet intenta legitimar su régimen a, traves de la economía

Chile se asemeja en algunos de sus problemas económicos a Argentina, en un período de desarrollo distinto. En Chile hay poca inflación, pero el desempleo y la pobreza son más explícitos a la vista de cualquier observador. El general Pinochet, a partir de 1975, quiso legitimar al régimen nacido del cruento golpe de Estado de septiembre de 1973 a través de la economía. Durante un lustro, la economía chilena creció a un ritmo muy superior al de la mayoría de los países del mundo, pero la carroza se ha parado y en el segundo semestre de 1981 Chile habrá tenido crecimiento cero o negativo. Por otra parte, la ejemplar "ortodoxia" del modelo (sistema de propiedad privada sin ningún tipo de restricción, abdicación por parte del Estado de su función como agente económico, máximas garantías para la libre competencia sin ningún intervencionismo estatal, total libertad para el comercio internacional, etcétera) ha quedado barrida también el pasado año con la intervención estatal a ocho entidades financieras.

La economía chilena ha dado un salto en el vacío y ha pasado de tasas de crecimiento "japonesas" (1976, 3,5%; 1977, 9,9%; 1978, 8,2%; 1979, 8,3%; 1980, 6,5%) al crecimiento cero, o incluso negativo, en el segundo semestre del año que acaba de terminar. Las estimaciones oficiales afirman que el aumento del producto interior bruto (PIB) en 1981 será del 5,5%; la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por su parte, ha hablado de un 5%.Sin embargo, diversos economistas chilenos apuntan el 3,5% y estiman que es engañoso dar una cifra global sin explicar el cambio de tendencia habido en el segundo semestre del año. Ello es importante porque anuncia una recesión de la que no se conoce ni su profundidad ni su extensión en el tiempo y porque justifica la amplia división que se detecta hoy en la Junta Militar y en los civiles del equipo económico de Pinochet sobre el futuro de la política económica a aplicar.

Un experto de la CEPAL, antiguo Chicago boy y hoy desertor de sus filas, y un ex ministro del general Pinochet coinciden en el diagnóstico del parón experimentado por la economía chilena: hay factores internacionales, como los altos tipos de interés mantenidos por el presidente Reagan, que se suman al significativo descenso del precio del cobre (el principal producto exportado chileno, que aporta el 40% de los ingresos por exportaciones y el 20% de los ingresos presupuestarios); en cuanto a las razones internas hay que buscarlas en el enorme incremento del gasto privado, realizado en importaciones de bienes de consumo duradero (automóviles, televisiones, radios, frigoríficos, etcétera), que han aumentado el endeudamiento exterior (oscilante, según las fuentes, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares).

Si las exportaciones en su conjunto no aumentan más de un 12% y las importaciones crecen un 25% o un 30%, como se prevé, habrá un déficit de la balanza por cuenta corriente superior a 4.000 millones de dólares (en 1980 fue de 1.800 millones).

La industria nacional, por los suelos

Por otra parte, al igual que en Argentina, las importaciones masivas han hecho disminuir las ventas de la industria nacional, lo que unido a los altos costes financieros ha llevado a numerosas empresas a la quiebra. Estas quiebras han aumentado su ritmo en los últimos meses, incrementando los niveles de paro. Se trata de una reacción en cadena de todo el sistema productivo, al que hay que añadir la intervención por parte del Estado, hace dos meses, de ocho entidades financieras y dos de seguros para que no cundiese el pánico y fallase la confianza en el sistema entre el conjunto de los ciudadanos.

Dos ejemplos de esta crisis: en 1980, la industria creció un 7%; en 1981 se espera que ese guarismo quede reducido al 1%. Al hablar de 1982, un empresario dice: "Nos da miedo mirar hacia adelante. Nadie se atreve a pensar en l982".

El cobre y la construcción han sido los dos pilares sobre los que se ha sustentado el "milagro chileno". La baja de los precios del cobre no parece coyuntural, por cuanto se han descubierto nuevas minas en el mundo y minerales sustitutivos en su utilización, más baratos en su coste. En cuanto a la construcción, también se ha parado; se terminan los edificios empezados, pero nadie osa iniciar nuevos complejos. Y ello a pesar del enorme déficit de vivienda existente en Chile, que llevó al general Pinochet a prometer en 1980 la construcción de 900.000 viviendas, conmotivo de la celebración del referéndum constitucional. "En Santiago hay un 30% de personas que no tienen casa", nos dice un sacerdote español amenazado de expulsion por oponerse sistemáticamente a la conculcación de los derechos humanos por los militares. "Esas personas viven de allegados", continúa. "Están junto a otras personas, lo que denota un espíritu de solidaridad; por otra parte, hay 300.000 personas en Santiago que viven en campamentos, en casitas de madera de dieciocho metros cuadrados, sin agua corriente".

Paro creciente, subsidio menguante

En Chile, como en la mayoría de los países subdesarrollados, existe un paro oficial y un paro real. Las cifras oficiales contemplan un 10% de la población activa en paro, pero dan sólo el paro en el Gran Santiago, que concentra a una tercera parte de la población, unos cuatro millones, y que es precisamente donde existen más industrias, y, por tanto, menos paro. Este 10% tampoco es significativo por otras razones: porque contempla sólo a las personas del perciben el seguro de paro y a los jóvenes en busca del primer empleo. No incluye a la gran cantidad de personas que corifórman la "economía surnergida" chilena; gente que al ser despedida cobra una pequeña indemnización que utiliza como primera inversión (un camión de segunda mano, un puesto en el mercado, etcétera) para convertirse en autopatrono y vender toda clase de objetos inútiles en cualquier semáforo de las ciudades.

Una estimación más objetiva del paro estaría entre un 18% y un 20% de la población activa, según varios economistas consultados, y aumenta vertiginosamente.

En la contención de la inflación, por el contrario, han teni do los militares chilenos su más resonante éxito. El año puede haber acabado sin alcanzar los (los dígitos en el aumento de los precios (según la CEPAL, un 11,1 % de crecimiento de la inflación), lo que es más destacable teniendoen cuenta que en 1973 la tasa de inflación superaba el 500%, y todavía en 1976 era del 174%.

También, a diférencia de Argentina, en Chile existe un subsidio de paro. Sin embargo, su cuantía es una afrenta a cualquier persona, que, sin embargo, los chilenos han de aceptar. Con un sistema parecido al Fondo del Empleo Comunitario español (el que cobran los jornaleros andaluces), los chilenos tienen un Programa de Empleo Mínimo (PEM), en el que por barrer las calles, arreglar fachadas o jardines cobran 1.300 pesos, alrededor de 3.000 pesetas rriensuales. Un artículo publicado en El Mercurio hace aproximadamente año y medio (cuando la, cantidad era de 1.200 pesos) estimó justamente en esa cantidad el coste de mantenimiento mensual de un perro de tipo medio. El ingreso mínimo para una familia de 4,8 personas estaba calculado en las estadísticas en 9.267 pesos (más de 21.000 pesetas).

La intervención financiera

El eslabón bancario, en una ca dena dañada por el modelo ultrali beral a largo plazo y por la rece sión económica a corto, también sufrió sus quiebras. Reiterando la comparación con Argentina, se estima que en el sistema financiero en los grandes grupos económicos y en los sectores más especulativos están los grandes beneficiarios del modelo. Pero en el camino han caído algunas instituciones. El Es tado no tuvo más remedio que in tervenir los bancos Español-Chile, Talca, Fomento de Valparaíso y Regional de Linares, las financieras Finansur, Financiera de Cap¡ tales, Cash y Compañía General Financiera, el consorcio Lloyd de Chile y la compañía de seguros Lloyd de Chile.

Las ocho primeras entidades fueron intervenidas por haberse detectado una "administración deficiente"; las dos últimas, a conse cuencia de que algunos de los bancos y financieras intervenidos eran los principales acreedores de esta dos compañías.

La catastrófica situación de algunas de estas entidades tiene su anécdota española. El Banco de Santander se mostró interesado en adquirir los dos tercios del capital del Banco Español-Chile y des plazó a Santiago a una veintena de sus mejores funcionarios para que estimasen y evaluasen el valor del banco, encontrándose con esa "administración deficiente" que dio lugar a la intervención. Con ésta, quedaba rota a su vez la ejemplaridad del modelo chileno, en el que se ignoraban los conceptos de intervención, subvención, aval del Estado, etcétera.

Según declaraciones de Sergio de la Cuadra, presidente del Banco Central chileno, la intervención habría costado trescientos millones de dólares (alrededor de 28.000 millones de pesetas), cifra que es doblada o triplicada por distintos portavoces empresariales o bancarios, consultados por este periódico. El mismo Sergio de la Cuadra, preguntado por el futuro de las entidades intervenidas, contestó: "En el caso de las financieras, se van a liquidar; en el caso de los bancos, pueden volver a sus dueños o venderse". El hispano Banco de Santander no habría renunciado a comprar el Español-Chile, naturalmente, saneado. A finales de diciembre pasado, Emilio Botín, presidente del banco, se encontraba en Santiago de Chile para seguir de cerca la operación.

La intervención de las entidades citadas no ha tenido ningún carácter simbólico. Por una parte, su peso en el sistema financiero chileno era muy respetable: el Banco Español-Chile era el segundo banco privado chileno en depósitos, y junto con los otros tres intervenidos asimilaban el 22% de los depósitos del sector privado. En cuanto a las financieras, representaban el 49,9% de los depósitos totales.

En segundo lugar, la acción política del Gobierno ha sido contestada desde dentro del sector bancario (por ejemplo, por Javier Vial, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras -lo más parecido a la patronal bancaria española-, y uno de los más destacados agentes del liberalismo económico chileno), y desde fuera del sector.

El economista Jaime Ruiz Tagle escribía en la revista Mensaje (de los jesuitas, una de las pocas voces críticas al sistema): "La intervención reveló también lo que la disidencia había venido denunciando reiteradamente: los bancos y financieras no actúan principalmente al servicio del biencomún, ni siquiera al servicio de la clase empresarial, sino, sobre todo, al servicio de los grandes grupos económicos. Se estima que el grupo Sahli-Tassara, dueño del Banco Español, entregó a las empresas del grupo un 25% de sus colocaciones (depósitos), o sea, unos trescientos millones de dólares.

De hecho, cada grupo económico se ha parapetado tras un banco; de manera que los bancos no son considerados como un negocio en sí mismos, sino como un medio para hacer crecer a las empresas. La única explicación de por qué los grupos han preferido utilizar los bancos para adquirir empresas en vez de mantenerse sólo en el negocio bancario, que era excelente para los que podían endeudarse en dólares, es que ellos eran conscientes de la fragilidad de todo el sistema financiero. Una visión de mediano y largo plazo les ha hecho preferir apoyarse en el aparato productivo".

Las entidades financieras en dificultades no son solo las intervenidas. Sin embargo, las divisiones que ha suscitado la medida hacen prever a varios de nuestros interlocutores que no habrá más intervenciones. Sergio de la Cuadra, presidente del Banco Central, declaraba que "no hay ninguna ayuda canalizada a otras instituciones. Lo que hay es una actividad que viene desarrollando el Banco del Estado desde hace bastante tiempo, de préstamos al sistema financiero, no como ayuda, sino como una forma de colocar recursos que tiene en excedente".