Toyota acuerda pagar 1.600 millones de dólares en Estados Unidos por fraude con las emisiones de sus motores

Hino Motors, una filial de Toyota fabricante de camiones y motores, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y otros organismos de Estados Unidos para pagar 1.600 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros) por un fraude en las emisiones de dióxido de carbono y otras partículas. Se sanciona a la compañía por infracciones relacionadas con la presentación a los organismos reguladores de datos falsos y fraudulentos sobre las pruebas de emisiones y consumo de combustible de sus motores, así como por el contrabando ilícito de motores a Estados Unidos. Estas resoluciones están sujetas a la aprobación del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Míchigan.

Hino Motors ha admitido en el acuerdo que, entre 2010 y 2019, presentó e hizo que se presentaran solicitudes falsas de aprobación de certificación de motores. Los técnicos de Hino alteraron regularmente los datos de las pruebas de emisiones, realizaron pruebas de forma incorrecta y fabricaron datos sin realizar pruebas reales. Hino Motors admite además que presentó datos fraudulentos de pruebas de emisiones de dióxido de carbono, lo que dio lugar a que se calcularan valores falsos de consumo de combustible para sus motores. Los ingenieros de la compañía tampoco revelaron las funciones de software que podían afectar negativamente a los sistemas de control de emisiones de los motores.

Según el Departamento de Justicia, su conducta ilícita permitió a Hino, filial de Toyota Motor Corporation, obtener indebidamente autorizaciones para importar y vender, y hacer que se importaran y vendieran, más de 110.000 motores diésel en Estados Unidos entre 2010 y 2022. Estos motores se instalaron principalmente en camiones pesados fabricados y vendidos por Hino en todo el país.

“Hoy, Hino Motors, una subsidiaria de Toyota, acordó declararse culpable de participar en una conspiración criminal para engañar a los reguladores y consumidores que violó las leyes ambientales federales y puso en peligro la salud pública”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a través de un comunicado. “Ninguna empresa está por encima de la ley. Estoy agradecido a nuestros socios federales y estatales por su trabajo para responsabilizar a Hino por su mala conducta criminal”, añadió.

Según el fiscal de medioambiente Todd Kim, Hino conocía los requisitos que deben cumplir los motores para ser certificados para operar en los Estados Unidos, pero falsificó datos durante años para eludir las regulaciones: “Las acciones de Hino provocaron un gran exceso de contaminación atmosférica y constituyeron una violación flagrante de las leyes de nuestro país en materia de medio ambiente, protección de los consumidores e importación”, indicó.

Como parte de las resoluciones, Hino Motors ha acordado declararse culpable de participar en una conspiración criminal de varios años. El acuerdo de culpabilidad, que está sujeto a la aprobación del tribunal, le obliga a pagar una multa penal de 521,76 millones de dólares, a cumplir un periodo de cinco años durante el cual tendrá prohibido importar a Estados Unidos cualquier motor diésel que haya fabricado y a implantar un programa integral de cumplimiento y ética. También ha aceptado que se dicte contra ella una sentencia de decomiso de 1.087 millones de dólares que se destinarán a cumplir sus obligaciones de responsabilidad civil ante las demandas presentadas.

Otras disposiciones del acuerdo incluyen un programa de mitigación, valorado en 155 millones de dólares, para compensar el exceso de emisiones atmosféricas derivado de las infracciones. Financiará la sustitución de motores marinos y de locomotoras, y la instalación de sistemas tecnológicos de reducción del ralentí de locomotoras. También habrá un programa de retirada, valorado en 144,2 millones de dólares, para modificar los motores infractores de los camiones pesados de 2017-2019 para que cumplan las leyes sobre emisiones; 123,6 millones de dólares para financiar proyectos de mitigación y costes de aplicación en California, y 30,3 millones de dólares para resolver las reclamaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de California.