Un presupuesto inflacionista

EL PROBLEMA más dramático con que se encuentra la economía española es el elevado y creciente porcentaje de población en edad y con deseos de trabajar que no consigue un empleo. El paro es la consecuencia del desfase entre el crecimiento de la capacidad de producción y el de la población potencialmente activa, de tal modo que sólo un aumento sensible de la inversión es capaz de generar una absorción de la mano de obra. Pero en los últimos seis años, el equipo productivo español se ha reducido y hoy en día es, incluso, inferior al de 1974. Además de esto, la nueva maquinaria introducida ha estado en gran parte orientada a la sustitución de mano de obra y no al desarrollo de la producción. Es decir, que a pesar del alto número de trabajadores en paro las inversiones se han caracterizado por una intensidad excesiva, quizá como respuesta al mayor encarecimiento del trabajo.En cualquier caso, el mercado no favorecía la aparición de un caudal de inversiones capaz de enderezar una economía condenada a un reajuste por su gran dependencia energética y por el rápido crecimiento de mano de obra en edad laboral. Cuando los mecanismos del mercado se encasquillan es cuando se hace más necesaria la actuación correctora del Estado, cuyo principal indicador es precisamente el presupuesto. La reforma fiscal demostró la posibilidad de aumentar los ingresos del Tesoro de modo que el camino de la inversión pública no quedará totalmente bloqueado. Quizá se pudo introducir una mayor finura en la distribución de la carga impositiva, favoreciendo el ahorro y desestimulando el consumo, también se pudo reducir la incidencia de aquellos gravámenes, como las cotizaciones a la Seguridad Social, que encarecen de forma adicional los costes de trabajo, pero en conjunto, el Estado dispuso de un mecanismo de distribución de las rentas y, al mismo tiempo, de unos ingresos superiores para destinarlos allí donde resultasen más necesarios. El fallo ha sido la política de gasto público. La acción del Estado no ha corregido las imperfecciones del mercado, sino que por el contrario ha intensificado un proceso de transferencias de rentas que ha conducido a la desaparición de la inversión pública, con el peligro de condenarnos a una sociedad de crecimiento cero. El conjunto de las administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, organismos autónomos y corporaciones locales- realizará gastos en 1982 por un valor superior a los seis billones de pesetas, pero la inversión propiamente dicha, es decir, aquella susceptible de convertirse en maquinaria nueva o en obras de infraestructura, será una parte muy marginal de esta cifra. Las remuneraciones delos funcionarios representan un 35%, las transferencias vía pensiones, seguro de desempleo y subvenciones, el 55%; las compras de material y otros gastos se aproximan al 4%, y para inversión real, apenas si resta el 5% de ese total de los gastos públicos, que sin incluir las empresas de capital público, suponen ya el 30% de los gastos totales del país.

Este presupuesto, impuesto a sus autores por la negligencía ajena de no saber enfrentarse políticamente con energía a los gravísimos problemas económicos de nuestra sociedad, no va a resolver absolutamente nada. La promesa de creación de 350.000 puestos de trabajo quedará en nada y la economía tendrá que contentarse con la pequeña tajada que la depreciación de la peseta nos permita arrancar en los mercados extranjeros. Seguiremos moviendonos en tasas de crecimiento por debajo del 2,5%, es decir, acumulando más paro y sin posibilidades de un aumento real del empleo. Quizá las dificultades políticas habituales desde el pasado mes de febrero sea el motivo fundamental de que la discusión presupuestaria se nos haya escamoteado, de hecho, una vez más. El debate de última hora en el Parlamento sobre las promesas incumplidas del Gobierno respecto a la devolución del patrimonio sindical, no pasa de ser una anécdota, si se quiere amarga, en la discusión de unas cuentas que presentan un déficit ingente y cuya utilidad para reanimar la economía es irrelevante, mientras que su sola presencia nos garantiza la inflación para los años venideros. Mientras el Gobierno y el partido en el poder no sean capaces de poner orden en su propia casa y contribuir, cortando los gastos irritantemente improductivos, al aumento de la capacidad productiva mediante el crecimiento de la inversión, nuestro destino económico seguirá estando claro: inflación, paro y estancamiento.