Aprobada la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, con duras críticas de las minorías nacionalistas
El Fondo de Compensación Interterritorial, dotado con 180.000 millones de pesetas, fue aprobado anoche tras el más extenso debate de ayer en el Pleno del Congreso, que continuó la discusión de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, iniciada la semana anterior. Las minorías nacionalistas y los grupos Comunista y Andalucista se opusieron al fondo, que los centristas defendieron fundamentalmente por derivarse del pacto autonómico del Gobierno con el PSOE. Sin embargo, los socialistas, como explicó Alfonso Guerra, se abstuvieron por disconformidad con el Gobierno, por no haber llevado todavía a la Cámara una ley específica sobre el Fondo de Compensación Interterritorial.
El citado fondo. que figura en los Presupuestos Generales del Estado como sección 33, se distribuye entre las diecisiete regiones españolas, además de Ceuta y Melilla. Los importes mayores son para Andalucía, con 47.102 millones de pesetas; Galicia, con 17.618 millones: Castilla y León, con 16.872 millones, y Extremadura. con 14.690 millones de pesetas.Los grupos parlamentarios de oposición. con excepción de Coalición Democrática y los socialistas, se opusieron a la totalidad del Fondo de Compensación Interterritorial, por considerar que no cumple lo previsto en la Coristitución y en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) sobre el establecimiento del mencionado fondo a través de una ley específica. Sometidas a votación globalmente todas las enmiendas a la totalidad, fueron rechazadas con cuarenta votos favorables, 156 en contra y las 106 abstenciones del Grupo Socialista.
Alfonso Guerra explicó que la redistribución de la riqueza que realiza el Fondo de Compensación Interterritorial es fundamental, desde la perspectiva de la solidaridad que establece la Constitución. Aseguró que el único apoyo para establecer este fondo ha sido el acuerdo autonómico entre el Gobierno y el PSOE, y criticó la actitud de los miembros del Gobierno por no defender este pacto.
El presidente del Grupo Socialista recordó que mediante el fondo se prima a las regiones menos desarrolladas en un 10% más del mínimo establecido por la LOFCA. Criticó que el Gobierno no hubiera realizado con el tiempo suficiente una ley específica sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, con cuya cuantía y distribución expresó el acuerdo del Grupo Socialista, que se había abstenido por no estar de acuerdo por la pasividad gubernamental en esta materia. Añadió, sin embargo, los socialistas no habían votado en contra porque cuando firmaron los pactos autonómicos el pasado 31 de julio ,«ya sabíamos que este Gobierno no podía traer a tiempo la ley de Fondo de Compensación Interterritorial».
En otra explicación de voto, el centrista Rodríguez Alcalde quiso responder a las reticencias de Alfonso Guerra, manifestando que su grupo había votado afirmativamente «a pesar de que el líder de la oposición no ha estado presente durante el debate». Esta afirmación suscitó grandes risas en los escaños socialistas, y posteriormente Felipe González agradeció la calificación de «líder de la oposición», recordó que mediante un aparato electrónico había seguido el debate y se había presentado en el hemiciclo en el momento de la votación y respaldó las acusaciones de Guerra al Gobierno, añadiendo que no había podido referirse al líder de UCD, «porque sería difícil saber quién es».
Estas pequeñas disidencias entre los dos primeros partidos del Congreso, que durante todo el debate habían recibido juntos los ataques de las minorías, fueron cerrados por el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien manifestó que no creía que fuera necesario defender lo que tanto el Gobierno como el PSOE se habían comprometido a votar, «en respeto a la palabra dada».
Ataques al fondo
En primer lugar, intervino en el debate el diputado andalucista Miguel Angel Arredonda, quien aseguró que no existe ningún fondo de compensación interterritorial en los Presupuestos, sino sólo la agrupación regionalizada de una serie de partidas presupuestarias, sacadas previamente de los diferentes departamentos ministeriales. Dijo también que solamente las comunidades autónomas vascas y catalana aplicarán o controlarán efectivamente las partidas del fondo que se destinen a esas nacionalidades y no así los órganos preautonómicos, como la Junta de Andalucía.
Por la Minoría Catalana, Carlos Gasoliba consideró que el fondo era consecuencia del trágala de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y de los pactos del Gobierno y el PSOE. El comunista Antoni Montserrat aseguró que el fondo es ineficaz, como lo fueron en su día los planes de ayuda a Andalucía y Extremadura, y criticó también el pacto UCD-PSOE, cuando en materia autonómica es necesario contar con las demás fuerzas políticas.
Especialmente irritada fue la intervención de Josu Elorriaga por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), quien aseguró que los acuerdos firmados el 31 de julio obligan sólo a las partes, pero no al Parlamento. Dijo también que ni la Cámara ni el Gobierno ni el Senado tiene competencias para distribuir el fondo de compensación interterritorial, mientras no exista la ley que tanto la Constitución como la LOFCA exigen. Por Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés se opuso también al fondo de compensación, cuya intención, según dijo, es atenazar las autonomías.
El centrista José Luis Bravo de Laguna aseguró que el fondo se basa en criterios objetivos, aunque discutibles, y adaptados a la Constitución y a la LOFCA. Esta intervención produjo una cascada de réplicas de todos los grupos defensores de enmiendas a la totalidad, especialmente enérgica por parte del peneuvista Elorriaga, quien dio fuertes palmetazos con la mano sobre la tribuna de oradores para denunciar que UCD pretende que el fin justifica los medios, lo que llevaría, según él, a que el Parlamento sobra y bastan los pactos.
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