Cuarentena para las exportaciones

FINALMENTE HA ocurrido lo que era casi inevitable. Las autoridades de los países comunitarios, Italia y Francia primero y las de un país extracomunitario, Suiza, después,, han prohibido la importación de una serie de productos alimenticios españoles. La vieja fórmula, tan bien administrada por el anterior régimen político, de que el tiempo lo arregla todo no ha servido para nada. Franceses y suizos toman medidas excepcionales contra el aceite y las conservas españolas, y los italianos incluyen además el vino.La Administración española; sobre todo, pero también las empresas y organizaciones de exportadores, no han sabido adelantarse a los acontecimientos, explicando cómo se efectúan los controles de calidad en la exportación de los productos agrarios elaborados y, por tanto, él, carácter inocuo de esos alimentos comercializados. El esfuerzo de persuasión que debe hacerse ahora es incomparablemente mayor y la dilación puede llevar una crisis más o menos eventual a unas industrias relativamente prósperas.

Algo más del 50% de nuestras exportaciones totales se dirige a Europa pero precisamente en este mercado, así como en Estados Unidos, el crecimiento registrado en los últimos tiempos es prácticamente nulo.

Una de las razones de este estancamiento reside en la falta de una promoción eficaz e imaginativa de los productos españoles en mercados competitivos: ni se han cuidado los circuitos comerciales ni se han atendido los contactos políticos y profesionales, de los que se echa mano en circunstancias tan excepcionales como las actuales.

La ocasión ha sido, naturalmente, aprovechada políticamente por algunos países comunitarios haciéndola coincidir con unas fechas en las que se aproxima la entrada en vigor de los calendarios agrícolas, aunados al comienzo de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas. Es en estas fechas cuando habitualmente se agitan los reflejos proteccionistas de los agricultores franceses e italianos, o cuando los, lobbies de apoyo a los competidores españoles buscan mejorar sus posiciones. Estas son las duras reglas del juego y es peligroso olvidarlas.

Por supuesto, tras las maniobras políticas están las razones comerciales, y cuando se llegue a ellas los negociadores españoles podrán convencer a la comisión de Bruselas y a las autoridades nacionales de los países miembros que la prohibición carece de justificación técnica. Incluso se puede invocar con toda justicia el artículo 12 del Acuerdo Preferencial España-CEE, que prevé que las medidas excepcionales de carácter sanitario no pueden servir para encubrir discriminaciones o protecciones. artificiales frente a exportadores de otros países.

Efectivamente, el artículo 12 no ha sido respetado ni por Italia ni. por Francia; pero antes de esta infracción se ha perdido un tiempo precioso, y, como consecuencia, la imagen de los productos alimenticios españoles ha quedado gravemente dañada.

Vivimos tiempos de crisis económica y el lema de sálvese quien pueda se practica cada día con más frecuencia en los usos comerciales. Con todo, no se puede negar que no se hubieran recibido suficientes señales de alerta. Los mismos problemas económicos en el interior de la CEE impiden una unánime disposición favorable a las legítimas ambiciones exportadoras de España, y esto es bien conocido. No hay, que olvidar que frente a unas importaciones prácticamente nulas de productos agrarios de la CEE, España vende casi cerca de tres millones de toneladas de alimentos frescos y elaborados.

Cualquier Administración medianamente despierta habría podido, por tanto, percibir con claridad y prontitud las gravísimas consecuencias que podrían derivarse tras el escándalo del aceite de colza y en las circunstancias de comercio exterior que mencionamos. Atenuar esos perjuicios mediante acciones rápidas y competentes, en ámbitos técnicos y políticos; es lo que a todas luces parece que esta Administración española no ha hecho.