CEOE condiciona su continuidad en el acuerdo sobre empleo

"La CEOE no se ha retirado del Acuerdo Nacional de Empleo o de la comisión de seguimiento del mismo; sólo ha suspendido su presencia en esta última". Con estas palabras, que siguen dejando en el aire la continuidad o no de la patronal en el ANE, Carlos Ferrer, presidente de la CEOE evitó cualquier compromiso ante las insistentes solicitudes de concreción de los periodistas en la conferencia convocada ayer por la organización empresarial para dar cuenta de los temas tratados por la última junta directiva de la misma. Una conferencia de Prensa en la que lo más destacado, sin duda, fueron las críticas a la política económica y presupuestaria del Gobierno.

Carlos Ferrer, que compareció arropado por numerosos miembros de su ejecutiva (José María Cuevas, Cerón Ayuso, Rafael Termes, José Antonio Segurado y Molinas, entre otros), resaltó el apoyo unánime de la junta directiva de la CEOE a su decisión de no asistir a la comisión de seguimiento del ANE del día 30. Manifestó que el problema no eran sólo los 2.400 millones de pesetas pactados secretamente por el Gobierno con los sindicatos, sino los incumplimientos del ANE y la política económica y presupuestaria del Gobierno.El presidente de la CEOE se negó a precisar ("porque no puedo facilitarles a ustedes esta información antes de comunicársela al presidente de la comisión de seguimiento y a los miembros de la misma") cuáles eran los incumplimientos concretos del ANE que él había denunciado. Manifestó, sin embargo, que había solicitado una entrevista con el presidente de la comisión de seguimiento y que exigiría una reunión. extraordinaria de dicha comisión. A la vista de los resultados, la CEOE tomará tina postura definitiva sobre su continuidad o no en el ANE. "Nosotros, lo que no estamos dispuestos", precisó, "es a solidarizarnos con nuestra presencia en un acuerdo como el de empleo, que, merced a los actuales incumplimientos y a la política económica del Gobierno, puede resultar un gran fracaso y una gran frustración para el país y para los trabajadores. De ahí nuestra exigencia de que se corrijan esos incumplimientos y los errores en la política económica del Gobierno. Lo que se trata es de dar un toque de atención a la opinión pública".

Recurso de anticonstitucionalidad

Carlos Ferrer, tras informa de que se habían enterado del pacto secreto Gobierno- sindicatos, por el que se facilitaba a éstos 2.400 millones al día siguiente de firmar el ANE, aseguró que la CEOE se opondrá firmemente al mismo "por todos los medios'. "Este acuerdo", dijo, "significa una discriminación entre distintos sindicatos, una discriminación entre los sindicatos y los trabajadores en general (sólo el 15% de los trabajadores, según la CEOE, está afiliado), y entre sindicatos y patronales. El Gobierno asumió que no habría discriminación contra empresarios o sindicatos siempre que se destinaran fondos para realización de actividades de interés público, y ahora ha incumplido".Por otra parte, si estos 2.400 millones están relacionados con la devolución del patrimonio sindical, como se ha dicho, no tienen ninguna justificación, a juicio del presidente de la patronal. "Según dictámenes jurídicos del empresariado", añadió, "el patrimonio sindical pertenece al Estado y se puede negociar su uso" Tanto para estas negociaciones de uso como para su posible reparto habría que seguir las directrices de la OIT, que, según Ferrer, recomienda la consulta empresarios-trabajadores. En definitiva, anunció que presentarán un recurso de anticonstitucionalidad si el tema de los 2.400 millones sigue adelante, pero que ello no condicionará su presencia o no en el ANE.

El presidente de la patronal tampoco quiso comprometerse sobre la posible relación entre la actual actitud de la CEOE sobre el ANE y sobre los presupuestos, y los últimos contactos políticos de la patronal con significados dirigentes de UCD o con sus planteamientos sobre los próximos comicios electorales.

Progresamos hacia la quiebra

José Luis Cerón, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, expuso un amplio estudio de la patronal sobre el proyecto de ley de Presupuestos para 1982. Manifestó que "como la previsión del incremento del producto interior bruto en el próximo año no superará el 15% en pesetas corrientes, ello quiere decir que el aumento de los gastos presupuestarlos será superior prácticamente en doce puntos al aumento del producto nacional, y que, por tanto, dichos gastos, muchas veces incluso ineficaces y consecuencia de la baja productividad, absorberán una parte creciente de los recursos disponibles para el conjunto de los españoles"."Con el ritmo creciente de gastos", aseguró, "cada tres años prácticamente se doblará el presupuesto y sólo el aumento del gasto previsto para el próximo año (755.000 millones de pesetas) equivale prácticamente a lo que fue el presupuesto total del Estado para 1976 (785.000 millones)". Dijo que esta progresión es absolutamente inviable en un país "que no aspire a llegar rápidamente a una situación de quiebra".

Criticó también la forma en que se elaboran los presupuestos, que "parece ser más bien fruto de decisiones independientes y descoordinadas, nacidas, en muchas ocasiones, de posturas políticas sin ninguna visión global, e ignorantes de las consecuencias económicas que iban a entrañar". El presupuesto de gastos, según Cerón, se limita a recoger toda esa suma de obligaciones económicas con independencia de su viabilidad y racionalidad de conjunto, trasladándose el problema a cómo financiar dicho volumen desproporcionado de gastos. "Es indudable que este proceso es absolutamente incompatible con un planteamiento racional de cualquier política económica y de presupuesto público".

En el campo de la distribución de gastos, Cerón recordó que el Gobierno, al presentar los presupuestos de 1981, hizo un fuerte hincapié en el hecho de que los gastos de inversión iban a crecer más que los corrientes, rompiendo así la tendencia de los ultimos años. "Pues bien", añadió, "en el presupuesto de 1982 se da marcha atrás, y mientras que los gastos corrientes crecerán un 26,61%, los de inversión sólo lo harán un 24,85%". Manifestó también que la patronal considera razonable y suficiente el crecimiento de los gastos de inversión, pero que, por el contrario, considera muy negativo el enorme crecimiento de los gastos corrientes.