Del "chocolate del loro" a la gran derecha

LA DECISIÓN de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de suspender su asistencia a la comisión de seguimiento del Acuerdo Nacional sobre Empleo ha suscitado un enorme revudio y ha destapado la caja de sospechas en las fuerzas sindicales y políticas. Tal vez el principal objetivo de esta retirada de la organización patronal haya sido reafirmar sus derechos al protagonismo en la vida pública y su voluntad de interferir directamente el complicado equilibrio de fuerzas de la política española, para tratar de modificar las orientaciones generales del Gobierno y las actitudes del partido centrista ante las próximas elecciones generales.El motivo aparente para esa decisión es el desacuerdo de la CEOE con la política económica gubernamental reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales para 1982. Leopoldo Calvo Sotelo se había comprometido a presentar un presupuesto orientado a la lucha contra la inflación, pero el proyecto enviado a las Cortes Generales incluye un déficit mayor que el de 1981. La organización patronal cree que ese déficit hará muy difícil, o incluso ilusorias, las previsiones de freno a la inflación durante el año próximo, supuesto sobre el que descansa la política de rentas acordada en el ANE. Según ese razonamiento, si la inflación no queda frenada dentro de los límites ya pactados, los sindicatos terminarán por exigir revisiones superiores a la banda negociada. De otro lado, si despuntase una cierta recuperación de la actívidad económica en condiciones inflacionarias, la elevación del tipo de interés cortaría en flor todas sus posibilidades.

Junto a esta crítica global al aumento del déficit público, el portavoz de la CEOE ha denunciado un renglón, cuantitativamente poco importante, del anunciado incremento. Se trata de la asignación de ochocientos millones de pesetas a los sindicatos como adelanto a cuenta del patrimonio verticalista, tema que ya suscitó una desproporcionada escandalera después de la firma del ANE. La cifra, sin embargo, resulta casi el chocolate del loro cuando se la compara con el déficit global de 700.000 millones de pesetas para 1982. Y en el caso de que las fuentes gubernamentales tuvieran razón al afirmar que la CEOE expresa con esa denuncia su contrariedad por no haber recibido otros ochocientos millones, habría que concluir que este debate se realiza en tomo a un plato de lentejas.

A la organización patronal le preocupa probablemente que la banda salarial pactada en el ANE resulte una camisa de fuerza, incluso sin necesidad de que la inflación se dispare, para contener un desempleo que se aproxima ya a los dos millones de parados. La tentación de montar actividades económicas subterráneas o irregulares en esa situación podría ser tan grande que condujera al funcionamiento en la práctica de dos economías paralelas: la de los trabajadores con salarios indiciados y Seguridad Social, por un lado, y la de las empresas ilegales con mano de obra no registrada procedente del paro, por otro. Pero en el caso de que la CEOE se propusiera denunciar formalmente el ANE, por sus temores a los efectos negativos de una política de rentas en una situación de desempleo generalizado y de incertidumbre económica, debería decirlo claramente y explicar, a renglón seguido, las razones por las que firmó el acuerdo durante la primavera pasada.

Cabe temer que el nuevo Presupuesto desate tensiones inflacionarias, pero no sirva, en cambio, para reanimar la actividad económica a través de la inversión. En esta ocasión no es posible endosar culpas al pasado, ya que el Presupuesto para 1982 ha sido elaborado por un Gobierno presidido, desde febrero de 1981, por quien fuera vicepresidente económico desde septiembre de 1980. En el proyecto no existen indicios razonables de una estrategia de saneamiento del sector público, y se perciben graves desequilibrios entre necesidades sociales carentes de la adecuada cobertura presupuestaria y renglones secundarios sobrealimentados por el erario. En cuanto al déficit, la CEOE parece olvidar que las políticas de reindustrialización, tan deseadas y elogiadas por los sectores empresariales en crisis, contribuyen en parte nada desdeñable a su incremento. De otro lado, ya va siendo hora de que las denuncias cuantitativas del déficit público vayan acompañadas de un análisis de su estructura. Porque nuestros desequilibrios presupuestarios son tanto o más graves por sus aplicaciones a gastos corrientes o a falsos gastos de inversión como por su monto.

Queda, finalmente, el derecho a la duda sobre los objetivos puramente políticos de la decisión de la CEOE, apoyada formalmente en la crítica del déficit presupuestario, la asignación de fondos públicos a las centrales sindicales, la presión fiscal y el aumento del impuesto de tráfico de empresas. La doble denuncia de un Gobierno que no se decide a lanzar la operación electoral de la gran derecha y de una alternativa de poder socialista comprometida con un déficit presupuestario todavía mayor puede haber sido el blanco buscado por la CEOE.