Más de 500 denuncias por tráfico ilegal de carne

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Asocarne) ha presentado más de quinientas denuncias relacionadas con sacrificios clandestinos de animales y prácticas ilegales de comercialización de carne, según informa en su número de esta semana la revista Actualidad Agraria. En fuentes de la citada asociación han manifestado a EL PAIS que la Administración está investigando las denuncias presentadas, y hay que conceder a los inspectores un plazo de tiempo razonable para realizar su labor.La revista señala también que «hay que erradicar la clandestinidad del sector alimentarlo y, más en concreto, de las industrias cárnicas, ya que, aparte de constituir un fraude, es una competencia desleal para los mataderos que operan legalmente». Las quinientas denuncias abarcan desde fabricantes clandestinos de productos cárnicos, que frecuentemente venden éstos calificándolos como «chorizos o morcillas de pueblo», hasta fabricantes clandestinos de jamones curados.

Por otro lado, desde diversas instancias se ha llamado la atención de la Administración sobre los defectos de coordinación entre el distinto tipo de inspecciones que se realizan en estas industrias en las regiones autonómicas.

En la actualidad no se puede hablar de mataderos clandestinos, según las fuentes consultadas por este periódico, ya que en la mayoría de los casos las denuncias no corresponden a mataderos considerados como tales, sino sólo a sacrificios clandestinos de animales, cuya carne y despojos son posteriormente comercializados por diversos canales sin las debidas inspecciones sanitarias.

Aunque no hay cifras concretas sobre el número de animales sacrificados de forma clandestina, se presume que la mayor parte corresponde al ganado de cerda afectado por la peste porcina africana. Esta carne no afecta a la salud humana, pero contribuye a la extensión y propagación de la enfermedad.

Piden subvenciones

Con el fin de paliar la situación, varias organizaciones agrarias de ámbito nacional se han dirigido al Ministerio de Agricultura para que se subvencionen las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad, con lo que se evitaría que los ganaderos vendieran los animales a bajo precio a instalaciones clandestinas.

Hasta el momento no se ha hecho pública la relación de instalaciones que han sido objeto de denuncia por parte de Asocarne y de otras instituciones, con el fin de facilitar las labores de investigación que se están llevando a cabo. Se espera que en breve se haga pública una relación de todas ellas.La Federación Española de Industrias de la Carne (Fecic), que representa a unas trescientas empresas de este sector en Cataluña -mataderos, salas de despiece y fábricas de embutidos-, ha hecho pública una nota en la que solicita que la Administración emplee el máximo rigor en la lucha contra las prácticas ilegales, al tiempo que considera la nueva reglamentación de mataderos como «un paso atrás», porque, según se afirma en la nota, reduce las exigencias en cuanto a los mataderos municipales ubicados en poblaciones de menos de 50.000 habitantes.