Tensas negociaciones entre la Administración y el sector farmacéutico sobre los nuevos precios de los medicamentos

Las negociaciones entre la Administración central y el sector farmacéutico para la revisión de precios de los medicamentos parecen hallarse en un punto crítico como consecuencia de las diferencias entre las partes sobre los porcentajes de aumento, según fuentes solventes. Del resultado de estas negociaciones depende en gran medida la potenciación de la industria farmacéutica española o el aumento de la penetración de las multinacionales en el mercado español. En medio se encuentran la Seguridad Social, principal costeadora del consumo de medicamentos, y el ciudadano español, sometido a una inflación de productos de elevado precio y no siempre de probada eficacia.

En el pasado mes de junio, el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así como representantes de la industria y distribuidores, mantuvieron una serie de reuniones tras las que evacuaron al MTSSS una serie de consideraciones en las que mostraban los problemas del sector, derivados principalmente de los retrasos en que se ha incurrido para la revisión de precios correspondiente a este año.Informaciones obtenidas por EL PAIS precisan que, en el momento actual, las negociaciones entre la Administración central y la industria farmacéutica mantienen las siguientes posturas:

El MTSSS ofrece una subida lineal del 10%.

La Junta Superior de Precios parece dispuesta a llegar al 16% lineal.

Farmaindustria (patronal del sector industrial, con mayoría de laboratorios nacionales) pide el 22%.

Las multinacionales se conformarían con el 16%.

Los Colegios de Farmacéuticos desean que la subida sea tal que permita que los márgenes comerciales de todos los medicamentos sean del 30% (actualmente llevan ese margen en los productos de más bajo precio, que desciende en relación con el más alto precio del fármaco), así como que la subida se aplique también al material en stock; la aplicación de un redondeo de los precios a 5 y 0, aparte de otras medidas de orden contable y de facturación, que simplifiquen trabajo y costos, en el tratamiento informático de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social.

El mercado español de medicamentos está actualmente repartido en un 51% para las multinacionales y un 49% para la industria nacional. La OMS recomienda a los países el fortalecimiento de su producción nacional de fármacos. Pero la política sanitaria española ha permitido el deterioro o estancamiento de los laboratorios españoles en beneficio del auge de penetración de los extranjeros en nuestro país.

De continuar, en líneas generales, la misma política, en 1981, las multinacionales podrían acaparar el 53,06% del mercado, con un retroceso de la industria española al 46,83%. Ello fortalecería de tal modo a aquéllas que estarían en posición de presionar para llegar a obtener el 75% de la tarta en el plazo de unos cuatro años.

Plan de revisión

En el primer trimestre de 1981, la Secretaría de Estado para la Seguridad Social encargó a un grupo de expertos del Insalud la elaboración de un plan de revisión de precios de medicamentos mediante contabilidad analítica por medio de instrumentación electrónica.Este plan establecía un aumento global del 8% sobre el montante total, pero no de forma lineal para todos y cada uno de los fármacos -lo cual beneficia exclusivamente a las multinacionales-, sino atendiendo a criterios discriminatorios para conseguir un equitativo reparto y una clarificación en el sector respecto a la verdadera eficacia sanitaria de los mismos.

Dicho plan suponía incrementar el precio de aquellos fármacos -principalmente nacionales- de actual precio más bajo y cuyas características sanitarias fuesen de probada eficacia; una notable reducción a 8.000 de los casi 20.000 productos farmacéuticos actualmente a la venta -cifra esta insólita respecto a las recomendaciones de la OMS y a los usos en otros países europeos, que mantienen no más de 2.000 o 4.000 productos-, y un sistema sujeto a ordenador electrónico para las sucesivas revisiones de precios, que impidiera los actuales tráficos de influencia con los que cuentan los laboratorios fuertes para introducir en el mercado medicamentos teóricamente nuevos, a precios muy altos, cuando en realidad no aportan apenas nada respecto a otros ya existentes y que tienen el precio estancado en un bajo nivel.

Dicho plan, que iba radicalmente en beneficio de la terapéutica del enfermo, de la industria española y de la descarga de costos que sufraga la Seguridad Social, se empezó a negociar con Farmaindustria cuando el tiempo legal para efectuar la revisión de 1981 estaba a punto de terminar. La patronal lo aceptó en principio.

Los últimos cambios en el departamento ministerial paralizaron esta negociación, introdujeron en la misma otro plan de revisión de precios y se inició otra tanda de conversaciones que todavía perdura.

El paso del tiempo da fuerza a Farmaindustria y, de rechazo, a las multinacionales, para negociar, por cuanto, al haberse incumplido el plazo de revisión, aquélla puede inhibirse legalmente de abonar a la Seguridad Social el llamado descuento general sobre medicamentos, que supone un importe de diez mil millones de pesetas al año.

Es evidente que aún van a tardar en ultimarse estas negociaciones. Principalmente porque los redactores del nuevo plan -elaborado a la par que se admitió la dimisión del secretario de Estado para la Sanidad, José Barea, que habla promovido el primitivo-, no emplean los medios analíticos ni electrónicos, sino la contabilidad tradicional.

La conformidad de las multinacionales con el incremento de un 16% lineal, según las informaciones facilitadas a este periódico, explica la dureza de las exigencias del colectivo colegial farmacéutico, que no quieren verse relegados en el reparto, cuando éste beneficiaría inequívocamente a los laboratorios extranjeros. Del mismo modo, Farmaindustria eleva su petición hasta el 22%, porcentaje lejos de alcanzar, pero que permitiría situar la revisión de precios en una cota que salvase a algunos laboratonos nacionales.

Las informaciones facilitadas a este periódico señalan que, entre el 16% ofertado por la Junta Superior de Precios, y el 10% fijado por el MTSSS -quien, lógicamente, no pude atreverse a mayores, ya que es la Seguridad Social el principal consumidor y pagador de fármacos-, parece que dejaría el aumento en un 12% o un 13%.

Tal como se plantea esta revisión de precios de los medicamentos, supondría un incremento, mayoritariamente pagado por la Seguridad Social, muy superior al que se aprobó en su día en el Congreso de Diputados como presupuesto de la Seguridad para subvenir a los costes de la prestación farmacéutica.