La frustración nacional de Uruguay

Me veo en la muy curiosa situación de tener que discrepar con algo que ha salido publicado en esta misma sección de "Tribuna libre" el pasado sábado 18 de julio bajo mi propia firma. Y esto es así por dos razones: la primera, porque en una realidad política compleja, fluida y hermética como es la uruguaya de estos días, lo que podía llegar a ser un artículo especulativo y removedor hace cinco semanas, si se publicaba por esas fechas, queda hoy convertido en algo carente de todo valor por el simple imperio de los hechos; la segunda, porque es sabido que aun en los más honrados intentos de actualización de materiales que tienen lugar en las redacciones de los periódicos, el diablo mete la cola.Es un hecho oficial y públicamente difundido, nuevo y no confirmatorio de anteriores hipótesis, que el 8 de julio pasado la Comisión de Asuntos Políticos de las fuerzas armadas de Uruguay (COMASPO) mantuvo durante todo el día conversaciones con representantes de algunos sectores de los dos partidos tradicionales: el Partido Nacional (blanco) y el Partido Colorado.

Y es importante precisar que fueron sólo algunos sectores los llamados a la mesa de negociaciones de la COMASPO, puesto que, dentro del variado conjunto de fracciones en que se dividen esos partidos, fueron convocados únicamente los dirigentes que pueden considerarse representátivos de las minorías ultraconservadoras de ambos, aquellos que en su apoyo al sí en el plebiscito constitucional perdido por el régimen militar el 30 de noviembre de 1980, o en su neutralidad, fueron derrotados por la opinión democrática del país.

Sólo cabe agregar, entre los dialogantes, a dos figuras vinculadas al periodismo y a los colorados, que jugaron un importante papel en favor del no en aquella histórica oportunidad, pero que luego han conducido sus esfuerzos editoriales hacia salidas teñidas de un pragmatismo difícilmente asimilable al profundo sentido democrático de aquel pronunciamiento popular.

Los dirigentes políticos convocados por el poder militar debían realizar las consultas necesarias en el plazo,de una semana y volver el día 14, martes, con una respuesta alos planteamientos recibidos, el día 8, que pueden re sumirse así:

El plan de las FFAA

Se ofrece, únicamente a los partidos políticos tradicionales, una transición política que permita un regreso de éstos al Gobierno, tras un período (indefinido aún entre dos y cinco años), durante el cual ejercería el poder ejecutivo un nuevo presidente, cuyo nombre todavía no ha sido revelado por los militares; se encarga a esos dos partidos la redacción de un estatuto legal para su funcionamiento; se permiten reuniones de esos partidos para considerar estos temas, de hasta cuarenta personas, a puerta cerrada y bajo control policial; el actual Consejo de Estado (órgano de veintiún miembros nombrados por el régimen militar para legislar) sería ampliado hasta el número de sesenta mediante nuevas designaciones directas por parte del Gobierno, con la inclusión de una pequeña representación de cada uno de los dos partidos tradicionales, una vez que éstos se hayan reorganizado; este órgano sería investido del poder constituyente, aprobando simplemente unos ajustes a la Constitución de 1967, dentro de los cuales se deberán incluir dos o tres puntos en los que las fuerzas armadas son inflexibles y que se relacionan con la continuidad de su tutela sobre las instituciones y sobre el mismo Gobierno. A este Consejo de Estado así ampliado se le denominaría asamblea constituyente".

No hay ninguna precisión acerca de si se intentaría, una vez más, obtener el necesario refrendo popular. Pero la conclusión lógica debe ser la negativa, a la vista de la experiencia sufrida el año pasado y de la presión que aún ejerce el sector ultra de las fuerzas armadas.

Noticias aparecidas el viernes 17 en este mismo periódico dan a entender que tal esquema ha sido aceptado por los dirigentes políticos convocados, con los mismos planteamientos generales; y que ha habido un acuerdo efectivo con el poder. Sólo se ha agregado la novedad de que las autoridades darán a conocer, a finales de julio, el nombre del futuro presidente provisional. Ya ha perdido toda importancia la posibilidad de que sea o no el teniente general Gregorio Alvarez el elegido por la cúpula militar. También pasa a un plano secundario la distinción entre si será un civil o un militar el nuevo presidente, e incluso convendrá una personalidad menos acusada que la de Alvarez, pues su programa ya estaría fijado de antemano. Conjuntamente con el anuncio del nuevo presidente se decretarán miles de rehabilitaciones políticas, para que los propios partidos tradicionales puedan funcionar.

¿Cómo interpretar un esquema de apertura y unos hechos como los ahora conocidos, que dejan tan estrecho margen a la especulación?

Un diálogo inexistente

Tan solo cabe señalar la evidencia de que tras este diálogo de despachos se intenta rehacer y legalizar formalmente una alianza "cívico-militar" como la conocida de facto bajo el régimen dictatorial, con el fin de desconocer la voluntad popular expresada en los comicios de noviembre de 1980.

No es verdad que se haya abierto un diálogo con la oposición política; tampoco lo es que se vaya a convocar la elección de una Asamblea Nacional constituyente. Y no es verdad, finalmente, que el período de transición proyectado desembocaría en un régimen constitucional democrático. Simplemente se modificaría la Constitución (violada) de 1967, "previa consulta a los partidos" (tradicionales), sin osar someter esa consulta al voto popular, y se aseguraría así la continuidad esencial de la actual situación. Todo esto, claro está, con la bendición del nuevo Gobierno de los Estados Unidos de América.

No se sabe aún, concretamente, cuál ha sido la reacción y cuál será la actitud de los sectores mayoritarios y democráticos de los dos partidos tradicionales (los colorados "batllistas" y los blancos de Ferreira Aldunate), con quienes no se ha querido hablar y que presumibiemente reivindicarán para sí la legitimidad de la representación partidaria.

Pero sí está claro que con esta maniobra se intenta condenar a los infiernos a la masa de ciudadanos que piensan en socialista, democristiano, comunista o izquierdista de cualquier origen, convirtiendo así en uruguayos de segunda clase al 30% de los hijos del país. Aún más: la nueva alianza continuista no logra ocultar el vano propósito de hundir en la cárcel el líderazgo popular del presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, y desvanecer en el ostracismo el carisma liberal de Ferreira Aldunate, dos hombres que sintetizan y encarnan, junto a los líderes batllistas, la voluntad ya expresada de la soberanía popular.

Antes que ninguna apertura, una peligrosa frustración nacional se está gestando en Uruguay.