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Reportaje:

El escándalo puede ahogar el olivar

Parece que hacen falta muertos (hace unos años el caso Redondela y ahora los fallecimientos por la supuesta neumonía atípica) para que salga a la luz durante algunas semanas el descomunal fraude que acompaña en España, tradicionalmente, al aceite de oliva. Un aceite que, a pesar de sus virtudes culinarias y de lo arraigado de su uso, está cada vez más amenazado por otros aceites más modestos, los de semillas, que son más extraños a los hábitos de consumo de las familias, pero ofrecen más credibilidad en cuanto a pureza y mejores precios.La pérdida del olivar, si algún día llega a producirse como consecuencia de tanto escándalo, supondrá -en cifras de hoy- quitar el sustento a 300.000 propietarios que se reparten, en las zonas más deprimidas del país, 2.042.000 hectáreas de terrenos poco aptos para otros cultivos, además de privar a las zonas más pobres y de mayor desempleo de unos 45 millones de jornales anuales para obreros eventuales.

Más información
La cuarta parte del aceite de oliva que consumimos no procede de la aceituna

Por otra parte, los españoles, a través de la Administración, estamos subvencionando en cantidades nada despreciables el cultivo de un aceite, para que luego -a la hora de consumirlo- nos den gato por liebre, o para que, en busca del lucro, especulen con los precios los señores del oligopolio nacional.

Los envasadores son decididos partidarios de cortar de raíz las ventas a granel al público (legalmente hoy sólo pueden ser efectuadas por las cooperativas UTECO y por los minoristas autorizados). Los granelistas pretenden la vuelta al consumo masivo del aceite virgen de oliva, frente a las mezclas de refino de los envasadores (para ello quieren forzarles a que expliquen cómo lo elaboran). Las pugnas entre ambos pueden terminar en una rememoración de la fábula del conocido debate de si eran galgos o eran podencos.

En Italia, país olivarero por excelencia y con una moralidad parecida a la nuestra, se el dictó hace unos años la ley Salami, que equipara el fraude en el aceite al delito fiscal, con lo que las adulteraciones del aceite de oliva en el mercado interior prácticamente han desaparecido. España no es diferente, y a veces las experiencias ajenas nos pueden ser provechosas.

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