La subida de los productos farmacéuticos, origen del posible cese de José Barea

Viene de página primeraLa patronal farmacéutica solicitó de las autoridades sanitarias, con la antelación debida que exige la ley, la revisión de precios de los medicamentos para para 1981, y fijó como fecha tope el 7 de abril.

Las secretarías de Estado para la Sanidad y para la Seguridad Social prepararon una propuesta de revisión que fue inicialmente aceptada por Farmaindustria. La propuesta de revisión fue realizada por el servicio de Prestaciones Farmacéuticas del Insalud por sugerencia del secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea, en base a la positiva acción que este servicio, en conjunción con el de Inspección del Insalud, había experimentado al corregir unas desviaciones del gasto público en medicamentos de 12.000 millones de pesetas en 1980.

Los esquemas funcionariales que habían hecho posible tal ahorro fueron progresivamente desmantelados, tanto en la Subdirección General de Prestaciones Farmacéuticas como en la Jefatura de los Servicios de Inspección del Insalud. Lorenzo Arranz y Román Guaita, ejecutivos de los primeros pasos correctivos de las irregularidades demostradas por diversas auditorías y trabajos de información, fueron cesados. El secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea, confió no obstante en la posibilidad de que en estos servicios pudiese realizar todavía una evaluación mediante un análisis econométrico que precisara las posibles consecuencias de un determinado programa de revisión de precios de los medicamentos.

Los objetivos fundamentales de este programa eran fortalecer la industria nacional y clarificar el panorama farmacoterapéutico.

Este trabajo sirvió de base para presentar el programa a negociar con la patronal farmacéutica, y en sus puntos esenciales consideraba aceptable un aumento del 8%, que equivaldría a un gasto de 9.800 millones de la Seguridad Social para 1981. Tal subida se organizaba de la siguiente forma: eliminación del mercado de 8.700 productos superfluos, de los 17.000 expedidos por farmacias, elevar hasta 115 pesetas el precio de las especialidades que, con precio inferior y realmente no rentable, han demostrado su eficacia durante años; no incrementar el precio de los productos superiores a las novecientas pesetas ni el de los productos específicos (marcas) derivados de una lista de catorce principios activos (materias primas), las cuales pertenecen a multinacionales que exportan sus ganancias fuera de España a la sede central.

La negociación con Farmaindustria estaba a punto de ultimar los acuerdos cuando se produjeron cambios en el equipo ministerial. Como secretario de Estado para la Sanidad fue nombrado Luis Sánchez Harguindey, por el nuevo ministro, Jesús Sancho Rof; como director del Insalud, el doctor González Navarro, y como director general de Farmacia y Medicamentos, Ramón González Oti.

Es éste quien, con el apoyo del director-general de Insalud y el del secretario de Estado para la Sanidad, se muestra en desacuerdo con el programa de revisión de precios en negociación.

El nuevo director general de Farmacia y Medicamentos se opuso a este programa, según consta en las actas de la negociación, porque no se había consultado la política sanitaria en esta materia, que debería ser dictada por la Dirección General que representaba. La negociación fue interrumpida para que la citada dirección general mejorase lo apuntado.

La paralización de las negociaciones rebasó la fecha del 7 de abril. La patronal de la industria farmacéutica, al no cumplir la Administración este plazo, está legalmente capacitada para no costear el descuento general sobre medicamentos que anualmente asume y que reporta a la Seguridad Social 10.000 millones de pesetas.

Recientemente, la Dirección General de Farmacia y Medicamentos, en lugar de incorporar al programa en negociación su filosofía de política sanitaria e introducir las mejoras solicitadas, presentó otro programa que fue realizado, como tradicionalmente se venía haciendo, con mecanismos contables amanuenses. Dicha Dirección general no utilizó los sistemas informáticos de que dispone el Insalud. Ese segundo programa fue posteriormente evaluado con técnicas informáticas por el mismo equipo que realizó el primero, y arroja un reparto del porcentaje de subida -el citado 8%- que incidirá en un notable beneficio de las multinacionales.

El primer programa -orientado por el criterio de la Secretaría de Estado para la Seguridad social- evitaba este fenómeno mediante la aplicación de las subidas por ordenador electrónico de forma que se eliminen las influencias personales y subjetivas de intermediarios en el mecanismo de corrección económica de los precios de los medicamentos.

Las informaciones publicadas sobre el posible cese de Barea, en su papel de dar transparencia y corrección al gasto público de la Sanidad y la Seguridad Social, movieron ayer al director general de Farmacia y Medicamentos, Ramón González Oti, a unas manifestaciones públicas en las que asegura que «el Gobierno protegerá la industria farmacéutica española», así como que «no hay disparidad de criterios entre Sanidad y Seguridad Social ante la revisión de precios de los productos farmacéuticos». Aseguró también que «no hay una propuesta anterior oficial del Insalud, sino una oficiosa.