La mejora de la imagen del régimen militar pasa por el esclarecimiento de la suerte de los miles de desaparecidos

No puede haber normalización política en Argentina sin que se haya aclarado la suerte de los desaparecidos, dicen las comisiones de derechos humanos. El general Albano Harguindeguy, ministro del Interior durante estos cinco años, admite que el problema requiere una solución, pero, que no la tiene este Gobierno que está a punto de cesar. El presidente designado, Roberto Viola, que hereda así otro tema envenenado, declara, en fin, que de momento no habrá listas públicas, porque no hay modo de contrastar muchos de los casos denunciados.

Las comisiones de derechos humanos han comprobado documentalmente la desaparición de 6.000 personas. En todos los casos se han presentado reclamaciones de habeas corpus, después de rastrear centros policiales y penitenciarios, sin que hasta ahora haya habido respuesta. Un total de 41 ciudadanos españoles figura en estas listas.Estimaciones más globales situarían el número de desaparecidos por encima de los 10.000, según el cálculo más optimista. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sostiene que no es cuestión de mantener caliente. el odio que despierta este tema, pero que una paz duradera exige su clarificación. «No hay democracia que se pueda sustentar sobre estos miles de casos no contados; tarde o temprano saldrían a la superficie para volver a envenenar la sotuación».

Una información veraz sobre los desaparecidos puede suponer para el país, según los defensores de derechos humanos, una especie de psicoanálisis colectivo que ayude a superar esta etapa de la historia argentina. En otro caso, el rencor se almacenaría por debajo de cualquier proyecto político.

El ministro del Interior ha reconocido en su despedida, el miércoles por la tarde, que, «como en toda guerra, hubo excesos; también hubo errores. Lamentamos lo uno y lo otro. Se han investigado hechos. Algunos merecieron sanciones para los responsables; otros no pudieron ser comprobados».

El general Harguindeguy habló de una guerra no declarada, incluso de una guerra sucia; en cualquier caso, dijo, una guerra mucho menos cruenta que las que han sufrido durante este siglo los países más desarrollados, «donde hoy se elevan voces que pretenden enjuiciarnos».

Para el ministro Harguindeguy, el tema de los derechos humanos se ha convertido hoy en una «herramienta para desprestigiar al país», una vez que los grupos subversivos han sido derrotados militarmente.

Desde esta perspectiva, resulta poco menos que utópico pensar en ninguna autocrítica del proceso. De ahí que hasta los partidos más alérgicos al régimen militar y las comisiones de derechos humanos hayan centrado todo su esfuerzo simplemente en que el Gobierno publique una lista de desaparecidos.

Pero esta cuestión sigue despertando el recelo de los militares más duros. Existe el temor de que desde el exterior fuese interpretado este gesto como un tácito reconocimiento de culpa, algo que, por supuesto, está descartado. Sólo como una clarificación del tema, Harguindeguy admitió que tal vez pueda publicarse una lista de desapariciones denunciadas. «Sólo el tiempo», agregó, «puede dar por terminado este asunto».

En la opinión pública argentina se nota ya, más que el olvido, el cansancio ante este tema. Existe un deseo no disimulado de pasar esta página de su historia. El mecanismo sería esa lista que exigen los más directamente afectados.

Los presos políticos

Frente a los desaparecidos, la cuestión de los presos políticos pasa a un término muy secundario. Harguindeguy ha querido cerrar su mandato con cifras: 980 detenidos políticos quedan aún en las cárceles, seiscientos de ellos sin proceso alguno, a disposición del poder ejecutivo, en virtud de las disposiciones de sitio que otorgan al Gobierno esta discrecionalidad.

El general señaló que 574 de estos detenidos se encuentran en esta situación desde antes del golpe militar. «En lo que va. de año», dijo, «ninguna persona ha ingresado en los centros penitenciarios por causas de origen político».

Durante las dos últimas semanas ha habido, sin embargo, algunas detenciones significativas que han causado preocupación, a pesar de que en todos los casos se haya concedido luego la libertad sin cargos. Se trata de seis miembros de las comisiones de derechos humanos y 67 mujeres que forman parte del grupo de las madres de la plaza de mayo, llamado así porque cada jueves se reúnen en esta plaza, ante la casa de Gobierno, para pedir una clarificación sobre sus hijos desaparecidos.

Todas estas detenciones se acumularon en las vísperas del viaje de Viola a Washington, donde nadie ponía en duda que iba a tratarse el tema de los derechos humanos, al menos en las reuniones con los parlamentarios estadounidenses. Los militares disconformes con el nuevo presidente ponían así, en opinión de algunos analistas, una nueva dificultad en el intento de normalizar las relaciones con EE UU.