Los Presupuestos y el PUA

LA DISCUSIÓN en la Comisión de Presupuestos sobre la forma de incluir, por las buenas o por las malas, las promesas y las cifras del Plan de Urgencia para Andalucía en los Presupuestos Generales de 1981 amenaza con aturdirnos de nuevo con las voces demagógicas, temporalmente acalladas tras la inconstitucional reforma de la ley de Modalidades de Referéndum, que han tomado el tema andaluz como una finca productora de votos, escaños y fotografías en los periódicos. Ya Manuel Clavero cabalga de nuevo, esta vez como jinete de las finanzas, para lamentar, nada más y nada menos, que los recursos asignados para el desarrollo andaluz no lo sean a fondo perdido. Preciso es reconocer que el destino no se ha ensañado del todo con este país, ya que, al fin y al cabo, los mismos azares de la fortuna 4ue confiaron las carteras de Administración Territorial y de Cultura a este infatigable político podían haberle empujado también hacia el Ministerio de Hacienda o la vicepresidencia de Asuntos Económicos.La crisis no ha afectado a Andalucía en forma de una caída espectacular del empleo industrial, como ha sucedido en otras zonas, pero otros factores han empujado contra el muro del paro a un importante número de trabajadores en la región. La atonía en el sector de la construcción, las sombrías perspectivas de los astilleros navales, el cierre de la emigración hacia otras tierras (españolas o extranjeras) y el estancamiento del turismo han elevado todavía más las cifras de desocupación en Andalucía. El Plan de Urgencia se propone aumentar sustancialmente la inversión en la región, a fin de frenar esa preocupante tendencia con instrumentos más estables y seguros que el empleo comunitario, cuya administración, por otra parte, está dando lugar a irregularidades, abusos, desigualdades y manejos que agravan todavía más la molesta dimensión de beneficencia pública que el procedimiento posee.

El PUA ha fijado un techo de inversiones que, en comparación con la inversión total del país y con las inversiones públicas con cargo al presupuesto, muchos expertos consideran exagerado. Lo malo del asunto es que esa discusión sobre cifras puede quedar encajonada en un diálogo entre sordos. Así, las autoridades gubernamentales llaman la atención sobre las necesidades de inversión en otras zonas igualmente golpeadas por la crisis, e incluso defienden la tesis de que Andalucía fue en el pasado una región prioritaria a la hora del reparto de las inversiones públicas. Los políticos andaluces, por su parte, destacan los males absolutos de su tierra, contrarrestan los eventuales agravios comparativos de otras zonas respecto al PUA con los suyos propios en otros aspectos y niegan que en el pasado su región haya salido beneficiada en el reparto de inversiones públicas.

Por el lado de las inversiones privadas es evidente el riesgo de repetir experiencias del pasado, tales como los polígonos de preferente localización industrial y los polos de desarrollo. El Ministerio de Trabajo ha creado una serie de programas regionales en zonas de alto nivel de paro, con subvenciones de 300.000 pesetas para cada nuevo contrato de trabajo de duración ilimitada. Estos planes se han saldado con un fracaso, sin más excepción que confirma la regla- que el aprovechamiento por la General Motors de esa oferta para la contratación de los mil trabajadores que, en cualquier caso, hubiera enrolado en su nueva fábrica de Cádiz.

También es de temer que los apresuramientos y las pujas al alza en la subasta de la demagogia conduzcan a soluciones equivocadas y costosas a medio plazo en el terreno de la política agraria. Los cultivos sociales pueden implicar una subvención permanente y un obstáculo infranqueable para la introducción de mejoras productivas. Cuando se afirma que el tabaco o el algodón pueden suavizar el desempleo es necesario añadir que una hectárea de tabaco implica una subvención por jornal de ochocientas pesetas diarias y que la eliminación de la mecanización en la recogida del algodón cuesta cinco pesetas por kilo. La decisión de primar temporalmente el desarrollo de cultivos no competitivos no debe ignorar que los aparatos ortopédicos son más fáciles de aplicar en política agraria que de desmontar. En esa misma nostalgia por la autarquía se inscribe la feliz coincidencia a la que llegaron en el Pleno de la cuestión de confianza el ministro de Agricultura y el portavoz del Grupo Parla mentario Andalucista al afirmar que Andalucía era una especie de Edén para los cultivos intensivos en manos de obra.

La economía andaluza se halla en un pesado estancamiento. El turismo ha perdido dinamismo -en el verano pasado, con la inestimable ayuda de ETA Político-militar- y los empresarios audaces e imaginativos son escasos. Resulta irremediable así que los desempleados vuelvan la mirada hacia el Estado como suministrador de fondos de subsistencia o como socio capitalista -resignado a perder dinero- en la explotación de cultivos no competitivos. Incluso es comprensible que el espejismo, de la industrialización acelerada, doblemente ilusorio en una época de crisis como la presente, despierte el entusiasmo de los parados y de los trabajadores más pobres en Andalucía. Pero lo que no parece ni irremediable, ni comprensible el que los líderes políticos, sabedores de los problemas y dificultades de esas ayudas y proyectos, se apresuren a incorporar las cifras máximas del PUA al altarcillo de falsos milagros, digno del Palmar de Troya, en el que está ya entronizada la vía del artículo 151.