El informe del Banco de España

ANTES DE que se produzca la diáspora del verano, y en medio de las preocupaciones económicas que zarandean al cuerpo social, el gobernador del Banco de España ha presentado el informe anual elaborado por el servicio de estudios de la institución. La ampliación de las cuotas de ahorro e inversión, el incremento del ritmo de las exportaciones, la eficaz asignación de los recursos a través del esfuerzo inversor y la adaptación de los precios relativos de los factores de producción a su situación relativa de escasez constítuyen los desafíos con que se enfrent,a nuestra economía.Este tipo de reto, en definitiva, es el mismo que se han planteado otros países consumidores e importadores de petróleo desde 1974. En el caso español, sin embargo, el ajuste se retrasó excesivamente a causa de la unilateral atención que nuestros g'obernantes prestaron a los problemas políticos de la transición. Tal vez la propia gravedad de la situación económica fuera un motivo adicional para frenar o aplazar la adopción de una política económica enérgica y realista de ajuste. No sólo los avestruces responden a las sítuaciones de peligro simulando ignorarlas. Muchos de los sectores más dinámicos del pasado (vivienda, construcción naval, siderurgia, vehículos pesados, electrodomésticos e incluso automóviles) quedaron seriamente tocados por la crisis, en un momento en que las expectativas de crecimiento y mejoras materiales eran consideradas por los ciudadanos recién llegados a la democracia como algo incuestionable. Pero el deseo de atender al mismo tiempo a todos los damnificados por la crisis y de satisfacer plenamente las expectativas de quienes aspiraban a mejorarsu nivel de vida era, a la larga, inviable.

El Estado ha acudido con sus presupuestos en ayuda de las empresas en crisis, privadas y públicas; ha incrementado las dotaciones al seguro de desempleo; ha acometido un ambicioso programa de transferencias mediante la a ctualización y ampliación de las pensiones, y, finalmente, no ha escatimado la generosidad en el pago a sus propios servidores. El resultado ha sido un rapidísimo incremento de los gastos corrientes, que en el período 1975-1979 crecieron en un 179%, mientras el valor de la producción total de bienes y servicios sólo crecía en un 120%. De esta forma, los gastos corrientes han pasado a representar en 1979 un 27% del valor de la producción total, frente a un 21 % en 1975.

La contrapartida ha sido un menor crecimiento de los recursos de inversión pública, que en el período mencionado sólo lo hicieron en un 64%. Precisamente uno de los puntos en que el informe del Banco de España pone mayor énfasis es destacar la necesidad de relanzar la inversión pública. Claro que el problema que se plantea es el de saber si las autoridades son capaces de poner en marcha la maquinaria del Estado para gestionar esa administración económica de los recursos que, manteniendo a raya la inflación, sea capaz de incentivar el ahorro y la inversión, aumentar el potencial exportador del país en una época de costes crecientes de las importaciones y, sobre todo. generar puestos de trabajo y reducir las altísimas cifras de paro actuales,

En esta ocasión, el Informe del Banco de España, además de proceder a un análisis por separado de los diversos apartados que integran el cuadro de nuestra economía, dedica un capítulo específico a los problemas fundamentales que delimitan la crisis actual. De un lado, España no ha realizado desde 1974 el ajuste energético a que estaba obligado un país como el nuestro, con una mayor dependencia del petróleo importado que sus competidores industriales. De otro, las rentas procedentes del trabajo han crecido a la misma velocidad que los precios, de forma tal que los incrementos del petróleo han repercutido en gran medida sobre el excedente de las empresas. La consecuencia inevitable ha sido una caída continuada de la inversión y una reducción paralela de los puestos de traba o. En definitiva, se ha pasado de una economía con una alta tasa de, inversión a una economía de transferencias con tendencia a ser sostenida casi exclusivamente por los gastos de consumo. El resultado es un déficit creciente del sector público, que, al no poder ser financiado -como ya ocurre en 1980- por el ahorro del sector privado, ha de recurrir cada vez más al ahorro externo para financiar las compras en el extranjero no cubiertas por nuestras ventas por exportaciones o servicios turísticos.

En este trasfondo de una economía vueltá de espaldas a la inversión se adivina un diagnóstico pesimista sobre el futuro inmediato. Aunque el informe cierra sus páginas sin pronunciarse de modo explícito sobre la orientación de la estrategia económica aconsejable, no es difícil entrever tres recomendaciones: una política liberalizadora, firme y consecuente, a fin de evitar que las intervenciones aumenten aún los costes de funcionamiento; unas miras estabilizadoras encaminadas a mantener tensas las riendas monetarias e impedir que se desborde la inflación, y, finalmente, un llamamiento a una reducción drástica de los gastos corrientes del sector público y su inmediato y vigoroso relevo por una inversión pública que pueda servir de ariete para romper la atonía de la inversión privada.