Expertos antiguerrilleros europeos y americanos, dispuestos para intevenir en Bogotá

Enviados especiales procedentes de Panamá, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, expertos en lucha antiguerrillera, llegaron ayer en Bogotá, ante la situación creada por la ocupación de la embajada dominicana por guerrilleros del movimiento M-19, que ayer liberaron a cinco mujeres, entre éstas, la embajadora costarricense, que mantenían como rehenes.

Estos equipos especializados podrían intervenir en un ataque a la embajada para rescatar a los embajadores detenidos, en caso de que fracasen las negociaciones.Judith Barak, esposa del embajador israelí en Colombia, dijo ayer, al ser liberada por el M-19, «que cualquier acción del ejército contra los captores de la embajada dominicana en Bogotá podría ser muy peligrosa».

La señora Barak dijo que los guerrilleros cuentan con muchas armas y granadas, y que se ponen muy tensos cada vez que se efectúa un disparo o perciben que se los podría atacar.

Entre las exigencias de los secuestradores figura el pago de cincuenta millones de dólares, la liberación de unos 472 detenidos políticos, la publicación de un manifiesto en el que el Gobierno colombiano reconozca la práctica de tortura, así como la existencia de presos políticos en Colombia y la facilitación de un avión para salir del país.

El Gobierno colombiano continuó ayer, viernes, sus reuniones a alto nivel, a fin de encontrar una solución óptima al tema, aunque sigue considerando que las exigencias de los guerrilleros son exageradas y se muestran en cierta forma optimistas por la promesa de la guerrilla a la opinión mundial de que garantizarán la vida e integridad a los rehenes.

En la mañana de ayer se descartó una noticia circulante la noche del jueves en Bogotá y que aseguraba que al frente del comando guerrillero se encontraba el famoso terrorista internacional Carlos Ilich Ramírez, conocido como El Chacal.

Al parecer, el comandante uno, jefe del grupo guerrillero, es el activista Carlos Jaime Batteman, de 38 años, muy conocido por el Ejército y la policía colombianos.

Por lo que respecta a la política interna colombiana, el dirigente más importante del PartidoConservador, Alvaro Gómez Hurtado, declaró ayer que el asalto y toma de rehenes en la embajada dominicana es «un acto de guerra al que no puede responderse con una actitud burguesa y negligente».

En duro ataque al Gobierno del liberal Turbay Ayala, el senador y ex candidato a la presidencia Gómez Hurtado expresó que debe responderse con firmeza e inteligencia a estas provocaciones.

A su vez, el ministro de Defensa general Camacho Leyva, quien según algunos observadores, se muestra partidario de actuar con dureza para resolver el tema, se negó a efectuar declaraciones a la prensa cuando se dirigía ayer a una entrevista con el primer mandatario colombiano, para tratar del asunto de los rehenes apresados en la representación diplomática dominicana.

Los guerrilleros que ocupan la embajada acentúan sus reivindicaciones sobre la liberación de los presos políticos colombianos que actualmente comparecen ante las autoridades militares en juicios castrenses.

A la cifra de 219 presuntos guerrilleros y simpatizantes del M-19 que se sientan en el banquillo en el complejo militar de La Picota y los otros cien juzgados en rebeldía, hay que añadir los supuestos 253 miembros de otras cuatro organizaciones guerrilleras más que comparecen en distintas ciudades del país, Bogotá, Medellín y Neiva, ante los denominados Consejos Verbales de Guerra.

Ante los consejos se encuentran ahora 178 supuestos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 42 sospechosos de pertenecer al Ejército Popular de Liberación, veintitrés del Ejército Nacional de Liberación. y otros diez del Movimiento de Autodefensa Obrera (MAO), juzgados en las tres ciudades mencionadas.

Estos tribunales, que funcionan de un modo veloz, acostumbran a imponer penas de entre veinticinco y treinta años a los reos de actividades guerrilleras, condenas que únicamente se cumplen en el penal de la isla Gorgona, al norte del país, en el Caribe, uno de los más duros del continente.

El procedimiento judicial militar fue impuesto en el país un mes después de la llegada al poder del presidente Julio César Turbay, en el verano de 1978 .