Guatemala: muertes sin rostro

Diputado de UCD por Palencia y ex presidente del Congreso

Amnesty International acaba de hacer público el memorando presentado al Gobierno del general Lucas García, como resultado de la visita que realizó a la república de Centroamérica, del 10 al 15 de agosto pasado, una misión informativa sobre la violación de los derechos humanos en aquellas entrañables tierras de la antigua Capitanía General de Guatemala.

Al formar parte de esta misión, en compañía de Dan Gallin, secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, y Tracy Ullveit-Moe, representante del Secretariado Internacional de Al, pude vivir una de esas experiencias inolvidables, que dejan huella profunda y duradera.

Ciertamente no llevábamos prevención alguna hacia nadie, ni pretendíamos en tiempo tan breve dogmatizar sobre la situación política o social de una compleja comunidad de seis millones de habitantes, en la que el 60% hablan español y sienten nuestra cultura, y el 40% se entienden en sus distintos dialectos, costumbres y creencias pomo descendientes de los antiguos mayas; nuestro objetivo estaba directamente relacionado con las constantes denuncias que reflejan una situación alarmante entre Idesapariciones» y probables ejecuciones extrajudiciales. Las cifras son escalofriantes. Desde 1966 a 1976, 20.000 fallecidos en «extraflas» circunstancias; a partir del 29 de mayo de 1978, AI ha podido contrastar en una variada fuente informativa -incluyendo la prensa guatemalteca e internacional- que los secuestros, desapariciones y asesinatos políticos han costado la vida a más de 2.000 personas en los últimos dieciocho meses, y esa situación continúa sin que el Gobierno pueda controlarla.

La misión de AI pudo discutir con el vicepresidente de la república, señor Villagran Kramer; con el ministro del Interior, Donaldo Alvarez Ruiz, y con el ministro de Trabajo, Carlos Alarcón Monsanto. Por mi parte, visité al presidente del Congreso de Guatemala, con el que mantuve una amistosa conversación.

También pudimos entrevistarnos -en algún caso en situaciones un tanto rocambolescas- con representantes de los sectores amenazados, tales como sindicalistas, campesinos, políticos y empresarios. Especial significado tuvieron los contactos con las autoridades académicas de la Universidad de San Carlos, que resisten complacidos la acusación de marxistas, y alguna comunidad religiosa del interior, regida por sacerdotes españoles, con los que compartimos la emoción del recuerdo de esta España transitiva, recibiendo el aliento de quienes siguen atenta mente nuestro proceso democráti co y hacen de su fe cristiana la razón de su vida. El elogio a nues tros líderes democráticos Adolfo Suárez y Felipe González, recogido de labios de un redivido padre Casas, en la parroquia de Chichi castenango, que cadajueves y do mingo recibe una extraña mezcla de niños para cristianar, junto a quienes practican en la misma iglesia sus invocaciones y ritos de antiguas religiones, llega a lo hondo y aprieta el corazón cuando conoces que tienen su vida amenaza da por esos modernos inquisidores que se titulan Frente Unido Anticomunista.

Es difícil trasladar a estas frías letras impresas la sensación de solidaridad del frente sindicalista, cuyos líderes aparecen incluidos en las listas del autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA), «enjuiciados y sentenciados a muerte». Desde la publicación de estas listas, algunas de las personas incluidas han aparecido asesinadas y los cuerpos de las víctimas son a menudo encontrados lejos del lugar del rapto y mutilados para hacer imposible la identificación.

El ministro de Trabajo nos pudo infórmar de su intención de pre,sentar un nuevo Código Laboral; pero ya en el código vigente se conceden, teóricamente, muchos .de los derechos, que en la práctica no se respetan. A pesar de las medidas constitucionales que protegen la libertad de asociación y que declaran que el sistema de trabajo del país debe de estar oganizado de acuerdo con la justicia social, el hecho de ser hoy líder sindical o miembro activo de un sindicato en Guatemala significa poner en riesgo la propia vida. En el período durante el cual el presente Gobierno ha ocupado el poder, doce sindicalistas han sido asesinados y nueve secuestrados. Al comentar con el ministro Alarcón Monsanto la especial situación de la empresa Coca-Cola guatemalteca, dirigida por un ciudadano norteamericano que ha implantado el sistema del terror como medio de lucha contra las reivindicaciones sindicales, reconoció que si se producía un nuevo atentado sindical en aquella planta no tendría el Gobierno más remedio que expulsar del país como persona no grata a quien dirigía en Guatemala esta multinacional.

El artículo 1 de la Constitución reconoce que Guatemala es una nación libre, soberana e independiente, establecida con el fin de garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, seguridad y justicia, y que su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo; pero de hecho han sido numerosas y persistentes las denuncias de que los hábitos democráticos han sido ignorados en los últimos procesos electorales y que, se ha obstaculizado el camino de los grupos de oposición que intentaron comparecer en las elecciones de 1978.

El líder demócratacristiano René de León Schlotter sobrevivió a un intento de asesinato, en el que murió su chófer, el 12 de octubre de 1978; el 25 de enero de 1979 murió asesinado el líder socialdemócrata Alberto Fuentes Mohr, cuando salía del Congreso, y horas antes de que su partido político presentara la petición de registro legal; el 22 de mayo de 1979 el líder del Frente Unido de la. Revolución (FUR), Manuel Colom Argueta, moría asesinado en plena vía pública cuando su grupo político obtenía el reconocimiento jurídico.

Pero lo grave de la situación no son tanto los asesinatos en sí como la pasividad o impotencia del Gobiemo, que ha sido denunciada -entiéndale bien- por el propio vicepresidente de la República en sendas cartas dirigidas al procurador general y reconocida por el voto unánime de los parlamentarios -incluida la representación guatemalteca-, reunidos en la 66.ª Conferencia de la Unión Interparíamentaria, celebrada en Caracas del 13 al 21 de septiembre.

Nadie podrá acusar a la organización Amnesty International de parcialidad, después de los testimonios constantes de objetividad y neutralismo. Bien reciente está la protesta dirigida contra la represión de los disidentes en la URSS, que ha provocado las iras de Moscú, calificando a Amnesty International como agente de la CIA; o el mensaje dirigido a ETA político-militar, contra el secuestro de Javier Rupérez.

Por eso, Amnesty International no pretende que estas violaciones constantes de los derechos humanos en Guatemala procedan de un sólo sector, pero sí ha querido recomendar al Gobierno, ante esta aterradora situación, como asunto urgente:

1. Que haga todo lo posible, dentro de su alcance, para asegurar que la tensión que da como resultado conflictos y violencia sea aliviada y asegurar que los organismos administrativos que tienen a su cargo el reconocimiento de los partidos políticos, la adjudicación de las disputas laborales y las decisiones que conciernen a la adjudicación de la propiedad de la tierra actúen de acuerdo con los artículos 111, 113, 114, 126 y 151 de la Constitución guatemalteca.

2. Actuar de acuerdo a la sugerencia hecha por el vicepresidente Villagrán Kramer, en el sentido de que las autoridades no simplemente rechacen las acusaciones de abusos de derechos humanos, sino que se hagan cargo de investigarlas completa y honestamente. En el memorándum y anexo que lo acompaña se citan algunos de tales abusos que deberían ser exhaustiva y públicamente examinados, si es que el presente Gobierno tiene la intención de restaurar la fe de sus propios ciudadanos y de la opinión pública internacional en su capacidad para hacer cumplir la ley de manera justa y cabal.

3. Que las decisiones tomadas por el Gobierno para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, de acuerdo con las garantías constitucionales y los compromisos internacionales, sean dadas a conocer ampliamente.

4. Que se invite a la Organización de los Estados Americanos a visitar el país, con el fin de investigar las recientes acusaciones de que las autoridades no desean -o no son capaces- de poner fin a la presente situación de violencia incontrolada.

No se trata de inmiscuirse en asuntos de política interna, porque en la defensa de los derechos humanos no deben existir fronteras y la solidaridad internacional debe ser un principio vigente por encima de las conveniencias partidistas o nacionalistas.

Se trata de hacer un llamamiento a todos los hombres de buena Voluntad para que se evite esta situación dramática de Guatemala, en que la muerte y la violencia no tienen rostro.